Tras cinco años de la pandemia que paralizó al mundo, la cifra 7.291 continúa resonando y evocando deseos de justicia en nuestro país. Las asociaciones 7.291 Verdad y Justicia y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias han planificado una concentración para homenajear a los fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la pandemia por los llamados protocolos de la vergüenza., además de un acto para exigir justicia, verdad y reparación. A este evento dirigido a toda la ciudadanía también se unirán asociaciones de víctimas de la DANA de València del pasado 29 de octubre.

Cuándo es la concentración

La acción reivindicativa se tratará de un homenaje y tendrá lugar el domingo 1 de junio, en la Plaza Juan Goytisolo, próxima al Museo Reina Sofía, y comenzará sobre las 12.00 horas.

El acto se centra en exigir respuestas sobre las muertes de los fallecidos, siendo 7.291 en el caso de las residencias y los protocolos de la vergüenza de Isabel Díaz Ayuso y 228 por la ineficiente gestión de Carlos Mazón en la DANA de València.

Cortes de tráfico notificados

Al estar previsto el acto sobre las 12.00 horas, las incidencias previstas comenzarán aproximadamente sobre las 11.30 horas y finalizarán cerca de las 14.00 horas.

Los cortes de tráfico se producirán alrededor de la Plaza Daoíz y Velarde, la avenida Ciudad de Barcelona, Puente de Pedro Bosh, Seco, Plaza de las Californias, Luis Peidró y Huerto Urbano de Adelfas, según informa el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar circular con vehículo privado por las zonas afectadas por estas incidencias o cortes.

Quiénes están imputados por las muertes en las residencias

Los imputados actualmente son ex altos cargos de Ayuso, que debían haber declarado ante el juez el pasado lunes 26 de mayo, pero sus abogados solicitaron la suspensión de las declaraciones alegando que no habían recibido el adecuado traslado de las actuaciones.

Antes de la suspensión de las declaraciones, los tres debían acudir en calidad de investigados por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

El primero es Carlos Mur de Víu, quien en ese entonces era el director general de Coordinación Sociosanitaria y fue el firmante de los conocidos protocolos de la vergüenza, que limitaban las derivaciones hospitalarias de los residentes. El segundo imputado es Francisco Javier Martínez Peromingo, que fue el sucesor del primero y el coordinador del protocolo técnico que detallaba la actuación de los otros protocolos.

Por último, Antonio Burgueño, asesor sanitario de Ayuso en la primera ola de la pandemia y clave para la elaboración del Plan de Choque para gestionar la pandemia. Burgueño no tenía un cargo público formal como tal, pero impulsó medidas que provocaron esta actuación en las residencias.

De forma más reciente, a raíz en la segunda causa judicial que parte de las querellas de dos familiares de víctimas, también está imputado Pablo Busca, entonces director del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), responsable del servicio de ambulancias. 

Qué se está investigando

Desde que ocurrieron los hechos en la primera ola de la pandemia covid-19, las familias de las víctimas exigen que se reconozcan como tal y como solo "fallecidos". Actualmente se investigan los llamados protocolos de la vergüenza, que fueron un conjunto de documentos e instrucciones que hicieron restringir el traslado de personas mayores que vivían en residencias a hospitales.

Mur firmó cuatro versiones de este protocolo, que establecía concretamente que solo se permitían los traslados a centros hospitalarios las personas mayores de residencias que cumplieran con las condiciones de poder caminar de forma autónoma y que no tuvieran deterioro cognitivo severo. En caso de no cumplir con ello, no podrían ser trasladados.

Como resultado, 8.205 residentes murieron en Madrid, siendo 7.291 la cifra de los dos primeros meses de la pandemia.