Dos leyes claves del paquete normativo del Ministerio de Igualdad para esta legislatura llegan este jueves de vuelta al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Se trata de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y la que modifica la ley de Derechos Sexuales y reproductivos y de interrupción voluntaria del embarazo. Y lo harán en medio del desacuerdo abierto entre los socios del Gobierno de coalición en relación a la modificación de la ley del solo sí es sí; es previsible que ésta disputa y la constante rebaja de penas a violadores sobrevuele todo el debate, como ya ocurrió en el Senado.

Los grupos de la oposición aprovecharán la alarma social y los "efectos indeseados" de la norma para atacar y oponerse a las nuevas leyes y para cargar otra vez contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

Se espera que ambas normas salgan adelante con los votos a favor de los dos partidos que forman el Gobierno y con el apoyo de los grupos de la investidura, tal como ocurrió en la primera votación de las leyes en el Congreso y el pasado 8 de febrero en el Senado. Allí ambas normas sufrieron cambios leves que no afectan a su fondo; esas enmiendas tienen que ser ahora ratificadas en la Cámara baja para entrar en vigor. 

La conocida como ley trans vuelve al Congreso con mínimos ajustes técnicos, pero mantiene sus principales fundamentos. Entre ellos, la autodeterminación del sexo con la simple voluntad de las personas desde los 16 años ante un funcionario del Registro Civil, sin la necesidad de informes médicos o psicológicos que acrediten una disforia de género como ahora. También mantiene la necesidad de que los menores entre 14 y 16 soliciten judicialmente el cambio de sexo registral, y que hasta los 12 solo puedan cambiar el nombre en los documentos, pero no el sexo. Partidos que sustentan al Gobierno intentaron en el Senado extender estos derechos a toda la infancia trans e introducir en la norma los derechos de las personas no binarias (tal como pedían las organizaciones de derechos LGTBI), pero finalmente fueron rechazadas. 

La ley también amplía derechos a las personas LGB, al introducir artículos que permitirán a las parejas formadas por mujeres realizar la filiación de sus hijos sin la obligación de estar casadas, estipula la obligación del Servicio Nacional de Salud a realizar procedimientos de fertilidad a mujeres solas o en parejas (una posibilidad que había negado el Partido Popular), y contiene medidas contra la LGTBIfobia en el ámbito educativo, laboral y sanitario. 

La ley ha tenido serias críticas por una parte del feminismo, que aduce que la norma tendrá efecto sobre las estadísticas separadas por género y que han criticado la posibilidad de que los menores accedan a técnicas hormonales a temprana edad. De hecho, la exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, votó en contra de la ley en primera vuelta en el Congreso rompiendo la disciplina de su partido y se espera que repita su negativa a aprobarla este jueves, puesto que la ley no ha tenido modificaciones de calado en su paso por el Senado.

Aborto con más derechos y garantías

La modificación de la ley del aborto será la otra norma que debatirá y votará el Congreso este jueves. La norma realiza cambios de calado con respecto a la actualmente vigente. Entre ellos, devuelve a las menores de 16 y 17 años la capacidad de someterse a un aborto sin el consentimiento parental, algo que el Partido Popular eliminó en su reforma de 2015. También elimina trámites que se consideran una forma de infantilizar a las mujeres y de entorpecer su acceso a la interrupción del embarazo, como es la obligación de recibir un sobre con información antes de abortar y de tener que esperar tres días a partir de ese momento para poder abortar. Un período considerado de reflexión, al que las organizaciones feministas y expertas en salud reproductiva se han opuesto siempre. 

Pero la norma propone más cambios. Entre ellos, la obligación de que las comunidades autónomas elaboren un registro de médicos objetores del aborto, para así poder planificar las plantillas hospitalarias y garantizar que haya médicos que realicen esta práctica. Desde que se aprobó la ley vigente, en 2010, más del 80% de las interrupciones se han realizado en cínicas privadas concertadas, principalmente por la negativa de los médicos a realizarla en la sanidad pública. Uno de los objetivos de la reforma de la ley es garantizar que los abortos se puedan realizar en el hospital público más cercano a las mujeres, acabando con la necesidad de desplazamientos a otras provincias o comunidades, lo que es otra forma de discriminación. La nueva ley impedirá, también, que un sanitario objetor en la pública pueda realizar interrupciones de embarazos en clínicas privadas.

La norma contiene toda una serie de derechos en salud reproductiva, como una incapacidad temporal a partir de la semana 39 de embarazo y tras su interrupción, sea o no voluntaria; una baja por menstruación incapacitantes; la obligación de disponer de anticonceptivos en los centros de salud y de artículos de higiene femenina en los colegios, para la población más desfavorecida. 

La mayoría de estas medidas son vistas con recelo por los partidos de la derecha parlamentaria, que consideran que se trata de una ley innecesaria y sin consenso social. Recientemente Alberto Núñez Feijóo se abrió a reconocer que la interrupción del embarazo es un "derecho que tiene la mujer", abriendo una brecha en su partido por la derecha. Sin embargo, se manifiesta en contra de algunos postulados que contiene la nueva norma, como el permiso de las menores a abortar sin consentimiento parental, la necesidad de listas de objetores o la eliminación de la información y los tres días de reflexión, entre otros. Tanto el Partido Popular, como Ciudadanos y Vox votaron en contra de esta norma tanto en el Congreso como en el Senado, y su voto no será distinto este jueves. 

Evitar lo de Castilla y León

El único gran cambio que sufrió la ley del aborto en el Senado fue la inclusión de una enmienda del PSOE para prohibir que las administraciones puedan imponer cualquier tipo de iniciativa que bloquee o interfiera en la voluntad de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo. La medida, apoyada incluso por el Partido Popular, pretende evitar que se pueda repetir una iniciativa como la propuesta del Gobierno de Castilla y León de imponer prácticas como el latido fetal o la necesidad de una ecografía 4D antes de abortar, en el que gobierna con Vox.

La aprobación de la reforma de la ley del aborto se produce en pleno debate en el Tribunal Constitucional de las enmiendas presentadas por el Partido Popular hace ahora 13 años y cuando esta institución ha rechazado de plano la ponencia elaborada por Enrique Arnaldo, magistrado de derechas vinculado con el PP.