La aprobación definitiva en el Congreso de leyes tan importantes como la nueva legislación sobre el aborto y la ley para la igualdad efectiva de las personas trans, además de avanzar en derechos y recoger el testigo de una larga lucha del colectivo feminista y LGTBI, será un oasis en el desierto para el Gobierno, pero, sobre todo, para el Ministerio de Igualdad.

El departamento dirigido por Irene Montero, así como la propia número dos de Podemos, están en el epicentro de la campaña política y mediática acentuada a raíz de los efectos indeseados de la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, tras la rebaja de penas a agresores sexuales.

A este delicada situación se ha unido la tensión disparada en la última semana con el partido mayoritario del Gobierno, el PSOE, al impulsar una reforma en el Congreso que, a tenor de los apoyos predispuestos por el momento, se acerca más a la derecha que a la izquierda.

A la espera de que la propuesta del Ministerio de Justicia sea llevada al pleno por los socialistas, donde el hemiciclo decidirá sobre su admisión a trámite, los juristas destacan que la nueva distinción entre agresión con violencia e intimidación vuelve a poner el foco en la víctima.

A pesar de que la propuesta del PSOE no toca la definición del consentimiento ni rescata el antiguo delito de abuso, la creación de dos subtipos delictivos podría poner en cuestión el consentimiento como eje central de la ley. Y aquí es donde radica la principal discrepancia con el Ministerio de Igualdad y que, por ende, podría alejar al resto de socios parlamentarios de un acuerdo.

En este sentido, grupos como ERC y EH Bildu respaldan a Irene Montero y, ante las posibles intenciones del PSOE de mirar a la derecha para llevar a cabo su reforma (la quiere impulsar de forma urgente, aunque los de Pedro Sánchez reconocen que no frenará nuevas bajadas de penas), reclaman una propuesta pactada con Igualdad.

Por otro lado, atrás quedó el cruce de reproches entre PSOE y Unidas Podemos de la semana pasada agudizado por sus discrepancias en torno a la ley de bienestar animal, modificada sustancialmente durante su tramitación en el Congreso por la enmienda de los socialistas para excluir a los perros de caza y que casi se lleva por delante la propia norma de Ione Belarra.

Dos leyes estrella de Igualdad

Con la cuestión del solo sí es sí de fondo aún pendiente de resolver, el Gobierno afronta esta semana en el Congreso una suerte de luna de miel parlamentaria con la aprobación definitiva de cuatro proyectos legislativos procedentes del Senado: la ley del empleo, la ley trans, la ley del aborto, y la ley de protección de denunciantes de corrupción (con fuertes carencias denunciadas por los expertos). 

En el marco de estas legislaciones, destacan las relativas al Ministerio de Igualdad. Se trata de dos leyes estrella del departamento de Irene Montero que llegan en un momento político y social muy importante, pero también coinciden en un momento crucial para la ministra, aunque desde su equipo rehúsan enfocar estos logros desde una cuestión personalista.

"Esta semana será muy importante, pero no para el Ministerio de Igualdad. Lo será para las personas trans y el colectivo LGTBI, porque llevan décadas esperando esta ley que les va hacer la vida un poco mas fácil", pero también para la lucha de las mujeres, "al incorporar nuevos derechos, como es toda la parte de salud menstrual, y recuperar derechos, como la interrupción para las menores de 16 y 17 años", resumen fuentes cercanas a la ministra. Y es que el contexto que envuelve ambas leyes las refuerza aún más.

El Constitucional apuntala la reforma del aborto

En el caso de la reforma de la ley del aborto, el Tribunal Constitucional, renovado recientemente con una mayoría progresista, puso fin el jueves pasado a casi trece años de espera. El tribunal de garantías tumbó el recurso del PP y avaló la norma todavía vigente aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Esta decisión apuntala la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, y de la interrupción voluntaria del embarazo impulsada por Igualdad, que devuelve a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento paterno, entre otros muchos avances.

Asimismo, durante su tramitación en el Senado, los grupos (a propuesta del PSOE) han blindado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo frente a protocolos antiabortistas, como el planteado por Vox en Castilla y León. El partido ultra propuso, con la connivencia inicial del PP, obligar a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo a escuchar el latido fetal o ver una ecografía 4D, en contra de la evidencia científica y de la propia ley orgánica.

La ley trans, la otra batalla que enfrentó a los socios

La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llega al Congreso este jueves para poner punto y final a su enrevesado recorrido. En las discrepancias para reconocer la autodeterminación de género se encontraron los primeros escollos de la ley entre PSOE y Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.

Una vez ganada la batalla, encarnada por Irene Montero y la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo (esta es contraria a la libre determinación del sexo en el Registro Civil bajo el mantra del presunto borrado de las mujeres), la disputa pasó al Congreso. Finalmente, el PSOE fue derrotado en su intento de torpedear este derecho en menores de entre 14 y 16 años.

La ley trans incorporó en el Senado un par de correcciones técnicas en relación a sustituir el término "procedimientos" por "procesos" en la ley, y a la posibilidad de que los funcionarios solicitaran una excedencia por "violencia intragénero". Este término fue excluido del texto en la Cámara Baja, aunque quedaba un artículo que lo contemplaba y por ello ya ha sido eliminado, según recoge Europa Press. Tras estos cambios, vuelve al Congreso con la intención de poner fin a su largo camino legislativo. Eso sí, saldrá del hemiciclo con la autodeterminación de género debajo del brazo.