El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, a instancias de Pacma, contra varios preceptos de la modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada por las Cortes autonómicas con el fin de facilitar la actividad cinegética.

Además, el Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El recurso del Defensor del Pueblo se basa en que la modificación se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que paralizaron de forma cautelar la caza en esta comunidad.

El Defensor del Pueblo, en su recurso de inconstitucionalidad, considera que algunos preceptos de la Ley aprobada por las Cortes vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse directamente por Ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y días hábiles de caza en esta comunidad.

Además, permite el ejercicio de la caza directamente por ley, con lo que se impide el acudir a los tribunales ordinarios.

Para el Defensor del Pueblo, la ley incluye medidas que no cuentan con los estudios científicos y técnicos que avalen la declaración de especies cinegéticas, con lo que se vulnera la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad al no garantizar la adecuada conservación de las especies silvestres.

Desde el Partido Animalista valoran el recurso como "muy positivo" y explican que la decisión del Defensor del Pueblo "demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza".