La medida pasó desapercibida entre la maraña de noticias relacionadas con el coronavirus. El enunciado casi técnico tampoco ayudaba a imaginar su alcance y consecuencias: la Comunidad de Madrid suspende los contratos con las escuelas infantiles de gestión indirecta. Es decir, todas esos centros de educación de 0 a 3 años que desarrollan su actividad con dinero público tras ganar un difícil concurso dejan de repente de tener ingresos. En principio, durante 15 días, mientras se mantenga la suspensión de las clases, pero nadie en estos momentos sabe la duración real de la medida, que puede prorrogarse si la situación lo requiere.

Son más de 300 centros y entre 6.000 y 7.000 trabajadores y trabajadoras afectados, según cálculos del sector. Como resumía una de ellas en una red social: "Las educadoras infantiles no estamos de vacaciones; estamos en el paro como mínimo hasta el día 26 de marzo, con posibilidad de prorrogarse hasta después de Semana Santa. No lo hemos elegido nosotras, no nos han dado otra opción porque somos el último escalón de la educación y esto siempre nos repercute por algún lado".

¿Podría haber sido de otra manera? Desde la Consejería de Educación y Juventud de la CAM se argumenta que no, que la suspensión de los contratos, "temporalmente, no de manera indefinida", ha sido decidida de acuerdo con la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, "de obligado cumplimiento", al referirse a "servicios prestados en los centros educativos y que dependen de la presencia de los alumnos en los centros". De hecho, añaden para defender su postura, también han sido cerradas las otras 70 escuelas infantiles de gestión directa –que no están, como las afectadas, en manos de terceros, sino que la administración contrata y paga directamente salarios y gastos diversos– con que cuenta la Comunidad. Pero claro, sus trabajadores y trabajadoras, funcionarios o personal público de la Administración, no han visto alteradas sus condiciones laborales.

Blanca Azanza, portavoz de AMEIGI (Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta), reconoce que la ley prevé esa suspensión cuando no se realiza el servicio; el problema es, precisamente, que se haya decidido cerrar. "Pedimos el mismo trato dispensado al resto de niveles educativos, a los que se les ha permitido continuar trabajando en los centros escolares o empezar a teletrabajar". Las labores que desde las escuelas infantiles se pueden continuar desarrollando sin alumnos, añade Azanza, son "suficientes y equiparables" a las de los otros niveles; incluso habría que añadir entrevistas trimestrales con las familias que, precisamente, corresponde hacer en estas fechas. "Es cuestión de voluntad mantener o no esos contratos". En su opinión, la decisión demuestra que la educación infantil se encuentra aún "infravalorada" y es considerada "de segunda categoría", hasta el punto de que su personal laboral "va a acabar pagando las consecuencias del coronavirus".

La "indignación" es total entre las afectadas. Azanza califica de "injusto" e "irracional" este intento de "ahorrarse dinero a costa de los trabajadores", un dinero, además, que ya estaba presupuestado. Y la Plataforma de Madrid por la Defensa de la Etapa de Educación Infantil 0-6 años considera "inhumana" una decisión "que aprovecha una circunstancia trágica para sacar un rédito económico espurio". Por eso, pide a la Comunidad de Madrid "un reajuste" de la medida, a la vez que se dirige a las empresas afectadas para "que no actúen de manera beligerante con el personal laboral".

Porque esa es la consecuencia directa de la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: las gestoras de esas escuelas infantiles que de repente se ven sin ingresos planean acometer unos ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) de forma inmediata para despedir a sus trabajadores mientras dure la medida. Con todo lo que ello implica: algunos no tendrán derecho a paro, por no cumplir los plazos mínimos de cotización, y los que sí lo tengan verán reducidos sus ingresos mientras van menguando también los días con derecho a prestación acumulados.

Una gran parte de las escuelas afectadas están gestionadas por grandes empresas multiservicios –Clece o Grupo 5 entre otras– que se vieron favorecidas cuando, en 2008, la Comunidad de Madrid gobernada por el PP modificó los pliegos de condiciones que definían los requisitos para optar a una escuela infantil, abriendo a este tipo de compañías la oferta, antes reservada a cooperativas de enseñantes, y concediendo un papel protagonista a la propuesta económica; es decir, la opción más barata, normalmente a costa de los salarios, suele llevarse desde entonces la concesión. Sus trabajadores y trabajadoras están ahora en el alambre. Pero hay también cooperativas que pudieron aguantar el envite y para las que la suspensión del contrato es doblemente lesiva: con una economía mucho más frágil, sustentada muchas veces a base de líneas de crédito, los obligados despidos que decidan no les librarán de otro tipo de gastos –contratos de energía o mantenimiento, por ejemplo– que tendrán que acometer sin ingresos.

Pendientes del Ayuntamiento

Este tipo de pequeñas cooperativas sí son más numerosas, frente a las grandes empresas, en las escuelas infantiles de gestión indirecta dependientes no de la Comunidad, sino del Ayuntamiento de Madrid. El anterior equipo municipal liderado por Manuela Carmena cambió los pliegos de condiciones para la concesión de licencias priorizando la propuesta educativa frente a la económica, lo que permitió el acceso al concurso en mejores condiciones de estos colectivos. Por eso, las aproximadamente 70 escuelas infantiles municipales que hay en Madrid asisten con temor a la evolución de los acontecimientos. Cuando la Comunidad de Madrid hizo pública su decisión, el pasado miércoles, día 11, corrió el rumor en el sector de que el Ayuntamiento actuaría de la misma forma y suspendería los contratos. De momento, no ha ocurrido, y las escuelas y asociaciones representativas multiplican sus contactos para evitarlo. Este viernes continuaban expectantes por lo que pudiera pasar.

Su día a día no es fácil. Según fuentes del sector, una vez ganado el concurso por una determinada cantidad de dinero, la administración paga cada mes –previa presentación de facturas–, pero con dos o tres meses de retraso. Ahora, la mayoría habrá cobrado lo correspondiente al mes de diciembre, lo que implica que, en estos momentos de crisis, aún no cuentan con la devolución de los gastos de enero y febrero y ya saben que no cobrarán al menos la mitad de marzo. "Este tipo de cooperativas pequeñas no cuentan con fondos para afrontar la situación", insiste Blanca Azanza, que califica las consecuencia de la decisión de "auténtico desastre".

La suspensión de los contratos decretada por la Comunidad de Madrid no afecta solo a las escuelas infantiles. La orden, firmada por el consejero Enrique Ossorio, también paraliza los contratos por la prestación del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no universitarios de la región; de los intérpretes del lenguaje de signos y traductores de idiomas que realizan su actividad en centros docentes públicos, y de los servicios de transporte regular.