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Fin de curso Las discrepancias entre Administraciones abocan a un final de curso desigual a más de 6 millones de alumnos

Cinco comunidades autónomas gobernadas por las derechas rechazan el acuerdo de la Conferencia Sectorial alcanzado por mayoría. Esto acentuará las desigualdades en educación a nivel territorial ya que estas regiones descartan seguir una promoción general para los alumnos pese a la situación tan excepcional provocada por el coronavirus.

Colegio público Las Gaunas en Logroño. EFE/Raquel Manzanares
Colegio público Las Gaunas en Logroño. EFE/Raquel Manzanares

beatriz asuar

El consenso anunciado por el Ministerio de Educación sobre el final de curso no ha durado ni 24 horas. La mayoría de comunidades autónomas gobernadas por las derechas han anunciado ya sus discrepancias. Los ejecutivos autonómicos de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Euskadi rechazan el acuerdo al que se llegó este miércoles en la Conferencia Sectorial

Fuentes del Ministerio de Educación indican a Público que la orden se publicará igual porque hay mayoría, pero que no se aplicará en las comunidades autónomas que no se adhieran el acuerdo. ¿Cómo puede acabar esto? Con más flexibilización en algunos sitios que otros. Con alumnos que pasen de curso pese a suspender asignaturas en algunas regiones y con otros que repitan curso pese a tener incluso mejor rendimiento académico. Lo mismo ocurre con los títulos que se darán a final de cada ciclo educativo. El objetivo del acuerdo de la Sectorial es adaptar el curso para evitar repeticiones derivadas de las condiciones de la emergencia, pero el rechazo de estas regiones rompe con este acuerdo.

El Ministerio detalla que en la Conferencia Sectorial todas las comunidades autónomas compartieron que el acuerdo seguía "la filosofía adecuada para un momento excepcional". "Varias comunidades han expresado discrepancias en su aplicación (Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía). El resto de comunidades, excepto el País Vasco que se opone por una cuestión de competencias, se adhieren a este acuerdo que, según la normativa de la Conferencia Sectorial, tiene carácter vinculante", indican. 

Es decir, las comunidades que suscriben el texto, que hasta ahora son 11 de las 17, seguirán los criterios establecidos en el acuerdo. Las regiones que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante y, si no lo hacen, seguirán los criterios generales marcados por las normativas autonómicas y la actual ley educativa, la Lomce impulsada por el PP durante la legislatura de Mariano Rajoy.

La resolución que se publicará en una orden ministerial dicta que el pase de curso será generalizado y que las repeticiones deben ser las mínimas y deben estar justificadas. Una decisión que algunos medios de comunicación y gobiernos autonómicos han bautizado de aprobado general, aunque es diferente a esta medida que sí se ha implantado en otros países como Italia.

En este país todos los estudiantes serán aprobados con independencia de su nota en los primeros meses del curso escolar. No tendrán exámenes y serán calificados por su rendimiento en el año, también durante los últimos meses en los que han recibido educación a distancia.

Sin embargo, aquí sí se harán evaluaciones aunque el tercer trimestre esté enfocado a reforzar los conocimientos aprendidos durante el curso. El documento del ministerio establece que los alumnos promocionarán y podrán titularse con carácter general, reservando la repetición para casos excepcionales, independientemente del número de materias suspendidas, que tendrían que ser recuperadas en el curso siguiente. Además, la decisión de un alumno pase o no de curso cae sobre el claustro escolar que, como apunta el Ministerio, es "el que conoce la situación del alumno".

Pero los diferentes consejeros de educación del PP aseguran que la falta de concreción ha llevado a que sus comunidades autónomas rechacen el acuerdo. La Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León han mostrado su disconformidad respecto a la promoción general y la obtención de la titulación en los ciclos educativos pese a tener asignaturas suspensas. Todas se refieren al acuerdo como "aprobado general", aunque no sea así. Galicia también ha mostrado su discrepancia, aunque aplicará las instrucciones por "lealtad institucional".

Mientras que el Gobierno del PNV ha rechazado el acuerdo pero porque alegan que invade competencias. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, valoró tras la Conferencia Sectorial el "documento con criterios y orientaciones" que entregó el Ministerio, aunque señaló que en función de las competencias que Euskadi tiene en materia educativa su Departamento trabaja para definir cómo será el fin de curso en el País Vasco.

Cultura del esfuerzo frente a la adaptación del curso

La 'cultura del esfuerzo' promovida por la derecha tendría unas consecuencias claras en los alumnos que tienen menos recursos. Según los últimos datos del INE, uno de cada diez hogares españoles no tenían acceso a internet en 2018, mientras que dos de cada diez no tenían ordenadores en casa. Además, con el teletrabajo las familias tienen que compartir los ordenadores lo que puede dejar aún a más alumnos sin este recurso. No es lo mismo hacer los deberes desde una habitación sin ruido y con un ordenador que siguiendo las indicaciones por un móvil en un cuarto compartido.

El Ministerio y los gobiernos autonómicos intentan resolver la falta de recursos, pero son muchos los alumnos que no tienen acceso a las herramientas que requiere la educación online y la afectación fue muy clara durante el primer mes de confinamiento: la ministra Isabel Celaá reconoció a finales de marzo que hasta un 10% del alumnado no se había conectado ni participado en las clases a distancia.

"No hay solución justa. Lo menos injusto es que aprueben más alumnos a que suspendan otros por no tener recursos"

El Ministerio, además, muestra su preocupación porque no se quede nadie atrás y que la situación no se cebe con los alumnos que tienen menos recursos. Según explican, el marco de su actuación es adaptar la Lomce a estas situaciones excepcionales porque lo contrario sería hacer como si no ocurriera nada. Sin embargo, recuerdan que no pueden dictar otras normas porque no pueden invadir las competencias en educación que están en manos de las comunidades autónomas aunque esté decretado el estado de alarma. 

La inquietud ha vuelto así a la comunidad educativa tras el visto bueno a los anuncios de este miércoles. Los alumnos afectados por la falta de consenso entre las Administraciones son hasta 6.169.690 alumnos que constan como matriculados en los datos del Ministerio de Educación. Desde primaria hasta la ESO, Bachillerato o Formación Profesional.

"No me preocupa lo que pase en nuestro centro, pero sí a nivel general. Nosotros estamos trabajando mucho en detectar a los alumnos desconectados por la falta de recursos. Tenemos en cuenta siempre las situaciones socioeconómicas, pero sin unos criterios que flexibilicen la promoción puede ser que esta situación no ocurra en todos los centros", explica un jefe de estudio de un instituto del sur de la Comunidad de Madrid. 

Este jefe de estudio y otros profesores explican a este medio que desde que empezó el confinamiento están más preocupados por las situaciones que viven muchos de sus alumnos que por los contenidos. Los expertos alertan de las consecuencias negativas en los niños y en los adolescentes. Un estudio del grupo de investigación Opik de la Universidad del País Vasco muestra que las condiciones de las viviendas donde están desarrollando el confinamiento son peores en los niños y las niñas de hogares con mayor dificultad económica para llegar a fin de mes.

Por datos que arrojan estudios como este, un profesor de formación profesional comenta: "No hay solución justa ante esta situación. Tengo alumnos que se quejan de que la flexibilización le puede repercutir a ellos a la hora de buscar trabajo si las notas se igualan aunque ellos se esfuercen más, pero yo les digo que es menos injusto que aprueben más alumnos a que suspendan otros por no tener recursos". 





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