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Derechos humanos Organizaciones españolas e internacionales exigen la prohibición global del alquiler de vientres

Denuncian que algunas agencias de Naciones Unidas están intentando influir en países para legalizar esta práctica y exigen a los jefes de Estado que reconsideren su aportación a estos organismos. Además, piden al Gobierno español que prohíba tanto la publicidad sobre "la mal conocida como subrogación altruista", así como las agencias de intermediación.

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Más de 300 organizaciones españolas y otras de diversos países del mundo exigen este martes la prohibición global del alquiler de vientres. En nuestro país, las organizaciones agrupadas bajo la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) han pedido con sendas cartas a los ministros de Asuntos Exteriores (José Borrel), a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad (Carmen Calvo) y a la ministra de Sanidad (María Luisa Carcedo) que "tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales". 

Específicamente exigen la ilegalización y clausura de las empresas de intermediación que se dedican a promover esta práctica en distintos países, así como de la publicidad de "esta industria"  que supone una grave "violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores", que es la "manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva" y que reporta "millonarios beneficios a agencias de intermediación y las clínicas" que la practican.

Las organizaciones denuncian, además, que algunas agencias de las Naciones Unidas están intentando influir sobre Gobiernos y Estados para la legalización del alquiler de vientres. Por ello, exhortan a los Gobiernos miembros a reconsiderar sus aportaciones económicas a las agencias y fondos que pretendan la legalización del alquiler de vientres y citan específicamente al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y al Alto Comisionado de para los Derechos Humanos (OHCHR), que recientemente acaba de nombrar a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como máxima responsable.

"Lo que nos consta", afirma Alicia Miyares, portavoz de la RECAV en declaraciones a Público, "es que algunas agencias de las Naciones Unidas están recibiendo presiones para considerar de forma benévola la práctica del alquiler de vientres y que existe la idea errónea de que hay un camino de en medio para regular este tipo de práctica mal conocida como subrogación altruista. Lo que queremos reivindicar es que no existe esta práctica altruista desde el momento que es necesario firmar contratos que revocan derechos fundamentales".

"Tenemos información de que algunos de estos organismos de la ONU están considerando la posibilidad de articular un convenio internacional sobre le embarazo y que hay polémica dentro de algunas agencias sobre este tema. Lo que pretende esta acción global es arrojar luz sobre el hecho de que no existe ningún camino de en medio para regular esta práctica. Sabemos que hay personas que están intentando trasladar una imagen benévola de la gestación subrogada en el seno de algunas organizaciones y creemos clave que exista una presión sobre ellas", afirma Miyares.

"Esto no puede salir adelante bajo ninguna circunstancia y hacemos el llamamiento a que no se financien aberraciones como la de un convenio sobre el embarazo", añade.

Entre las organizaciones con las que se está trabajando para fortalecer una acción internacional contra los vientres de alquiler, están presentes organizaciones suecas, francesas, italianas, algunas asiáticas y de América Latina y la RECAV espera que en breve su numero se incremente. "La coalición internacional está formada. Lo que intentamos es que se sumen cada vez más voces", concluye Miyares. 

Una práctica regulada y prohibida

Las organizaciones recuerdan que en España la gestación subrogada está perfectamente regulada y prohibida en la ley sobre reproducción asistida de 2006. Para Miyares llama mucho la atención que, a pesar de esta prohibición explícita, en nuestro país "se permita la publicidad, la presencia de agencias de intermediación que promueven esta práctica como una salida viable para aquellas parejas que no pueden tener hijos".

Por ello piden a las autoridades españolas volver al escenario anterior a 2011, en que la inscripción de este tipo de nacimientos estaba prohibido en nuestro país. Desde ese año, una directiva del ministerio de Justicia, permite a las parejas que viajan obtienen hijos por esta práctica en países que permiten esta práctica, inscribirlos en el registro civil, como forma de proteger el bien superior de menor. 

Las organizaciones agrupadas en la RECAV advierten en su comunicado que el "deseo de ser padre o madre de niños o niñas que posean el material genético propio no es un derecho humano" y que el alquiler de vientres "contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus Artículos 3 y 6), la Convención de Naciones Unidas contra la Esclavitud (Art. 1), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 7, 9 y 35), el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2 a y 3), y el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Art. 3 a)".

"La subrogación 'altruista' no existe", advierten las organizaciones en sus misivas al Gobierno. "El alquiler de vientres es una práctica mezquina y egoísta que conforma sistemas de criadas reproductivas y que opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas que las redes de tráfico y trata de seres humanos". Su legalización "abre las puertas a la explotación reproductiva de mujeres por parte de las élites de estos países, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos y de la explotación de niños y niñas", concluyen.

Ucrania vuelve a encender las alarmas

El debate sobre los vientres de alquiler volvió a surgir con fuerza en nuestro país a finales del pasado mes de agosto, cuando saltó la noticia de que unas 30 familias se encontraron "bloqueadas" en Kiev sin poder completar el proceso de inscripción en el consulado español de sus hijos nacidos por gestación subrogada. 

Si bien esta práctica está prohibida en nuestro país por la ley de reproducción asistida de 2006, que afirma, incluso que  "se declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación subrogada por el que una mujer se ofrece a gestar el hijo de otra, ya sea con o sin transacción económica", un resquicio legal permite inscribir a los hijos nacidos por este método en los embajadas y consulados españoles en países en los que esta práctica está permitida.

En un comunicado emitido por el ministerio de Exteriores a finales de agosto, los motivos que explican este "parón" en el registro de menores nacidos en aquel país por vientres de alquiler está relacionado con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades de Ucrania sobre posibles "malas prácticas" médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores". Por estos motivos, aseguran a Público fuentes del ministerio de Exteriores, se está revisando con lupa expediente por expediente y se trabaja en coordinación con las autoridades de aquel país.

“El tratamiento de este tipo de expedientes requiere de un especial cuidado por parte de la Sección Consular de la Embajada de España en Kiev al haber sido informada en los últimos meses de posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores. La Embajada de España en Kiev debe adoptar todas las precauciones necesarias para proteger el interés superior de los menores", afirma el comunicado, que desaconseja de formal rotunda "iniciar cualquier proceso de gestación subrogada en este contexto".

Según afirman fuentes del ministerio de Exteriores, desde el pasado día 10 de septiembre se ha comenzado a mirar los expedientes de las parejas, a razón de 10 o 15 por semana, por lo que esperan que dentro de dos o tres semanas se hayan finalizado los trámites. Hasta el momento se han registrado a 14 menores nacidos con esta técnica que deberán esperar al menos otros 20 días hasta recibir un pasaporte español. 

Desde Exteriores advierten de que desde 2016 la embajada de española en aquel país está desaconsejando la práctica de la gestación por subrogación. Ucrania se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferidos de las parejas que buscan hijos mediante vientres de alquiler, a haberse restringido de forma drástica el acceso a este tipo de prácticas en Tailandia, Camboya o India, por escándalos de explotación o malas prácticas. 

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