Puede resultar contradictorio pero en 2008, al mismo tiempo que comenzaba la crisis económica que desencadenó una oleada de desahucios sin precedentes en España, el Estado español firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-DESC), cuyo artículo 11 especifica que “los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda”. También añadía que “los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.

No sorprende que este tratado internacional haya corrido la misma suerte que la propia Constitución Española, que en su artículo 47 establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

En España, el PI-DESC entró en vigor en 2013, cuando los desahucios por impago de hipoteca eran la tónica general en el país. Hoy, en plena supuesta recuperación económica, ha empezado a causar estrago otra burbuja del mercado inmobiliario, la del alquiler, que según datos del Poder Judicial, dejó más de 7.500 desahucios en el último trimestre. Los desahucios se siguen produciendo y, cada día, cientos de personas se quedan sin casa, muchas de ellas sin ninguna alternativa habitacional proporcionada por los poderes públicos, tal y como obliga este pacto.

El cumplimiento del tratado es vigilado por el Comité DESC de la ONU, con sede en Ginebra y, aunque es una instancia muy desconocida, los movimientos por el derecho a la vivienda de España han conseguido consagrarlo como una vía de último recurso para evitar casos de desahucio que pueden tener consecuencias fatales.

Este miércoles, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, colectivos Stop Desahucios y Amnistía Internacional han presentado un manual para que cualquier persona amenazada de desahucio pueda recurrir a las Naciones Unidas para intentar evitar que se vulnere uno de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución. La guía “defendiendo el hogar” pretende ser un documento "sencillo, accesible y gratuito" en el que los abogados que han utilizado esta vía con éxito explican los pasos para que la ONU suspenda un desalojo. Al menos 80 casos de desalojo han sido llevados ante el Comité DESC este año y, desde enero a noviembre, 50 de ellos han sido paralizados por mandato de la ONU, han explicado los convocantes, que recuerdan que, según el artículo 5 de este protocolo facultativo, el comité DESC puede adoptar la suspensión de una medida estatal si con ello evita un daño grave e irreparable en alguno de los derechos denunciados.

Según recuerda la guía, las víctimas de un desahucio —con determinadas particularidades como riesgo de exclusión social, carencia de alternativa habitacional o con hijos menores víctimas del desahucio, entre otras— pueden solicitar que el comité exija medidas cautelares, es decir, una orden de suspensión del desalojo mientras no se provea de una alternativa habitacional digna durante el tiempo que el comité estudia y decide sobre el caso.

Ése es el caso de Richard Rodríguez y su familia, que desde que fueron desahuciados en 2015, han vivido varios procesos de desalojo tras ocupar un piso propiedad de una entidad financiera. Los abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Alejandra Jacinto y Javier Rubio —que han participado en la elaboración de esta guía— llevaron su caso ante el comité DESC después de agotar todas las instancias judiciales españolas. No sólo lograron la paralización del desahucio, sino abrir una nueva vía para hacer valer el derecho a la vivienda en España. "Para nosotros fue un salvavidas, parcheó nuestra situación”, explicaba el afectado durante la presentación del manual, aunque recuerda que su tranquilidad es sólo momentánea, a la espera de una resolución final.

No todos los casos acaban como el de Ricardo. Este viernes, Josefa Santiago, de 65 años, se enfrentará al cuarto intento de desahucio de una de las viviendas del ya emblemático bloque del número 11 de la calle Argumosa de Madrid. Pepi, como la conoce todo el mundo, cuenta con dos escritos del comité DESC que piden evitar el desahucio si no se le proporciona una vivienda pública y social, dada su situación económica. Sin embargo, sólo ha conseguido aplazamientos cortos gracias a la presión popular.

Y es que las resoluciones del comité DESC son vinculantes pero, eso no es garantía de que un juez paralice el desalojo, reconocen los autores del manual. “El problema es que la orden de Naciones Unidas no se dirige directamente al juzgado, sino al Ministerio de Exteriores, representante de España ante las Naciones Unidas. España aún no ha incorporado de manera efectiva estas decisiones, hay un vacío procedimental”, explican los abogados en el documento, por lo que recomiendan no suspender las habituales protestas ciudadanas a la puerta de la vivienda hasta que el juzgado lo paralice.

Pese a ser vinculante, el pacto no estipula los medios concretos que pueden utilizarse para que éste se aplique en el ordenamiento jurídico de un país. Tampoco hay disposiciones que obliguen a su incorporación general a la legislación nacional o se les dé un valor jurídico, explican fuentes jurídicas. De ahí que los autores de esta guía critiquen que la Abogacía del Estado haya insistido en que las resoluciones esgrimidas no son vinculantes.