Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han realizado una operación en el Altiplano Granadino contra la explotación laboral en la que han sido detenidas tres personas.

Los arrestados son un empresario agrícola, el encargado principal de la finca y un segundo encargado de origen argentino en situación irregular. Todos ellos están acusados por, presuntamente, contratar durante seis años a extranjeros sin autorización de residencia ni trabajo. Según lo relatado por las autoridades, estas personas realizaban jornadas laborales de 12 horas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de un ciudadano extranjero que llevaba trabajando de modo continuado desde 2018 hasta 2023 junto a otras personas también de nacionalidad no española. Trabajaban para un empresario agrícola español durante las campañas de recolección de hortalizas, comprendidas entre los meses de abril y diciembre.

El empresario proporcionaba identidades falsas

El empresario se habría aprovechado de la situación administrativa de todos ellos hasta el punto de entregarles una anotación en papel con los datos de otros extranjeros que sí disponían de residencia legal y que en algún momento habían trabajado para él. Según la Policía, el dueño de la finca proporcionaba estas identidades para poder reconocer a los jornaleros ante una eventual actuación policial o de la Inspección de Trabajo.

Las primeras gestiones realizadas por los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada permitieron localizar la explotación, ubicada en una localidad de la comarca del Altiplano Granadino y conformada por diversos invernaderos de gran tamaño en los que se cultivan hortalizas.

Allí se constató que trabajaban como jornaleros en torno a 70 personas, en su práctica totalidad extranjeros de distintos orígenes –lituanos, rumanos, iberoamericanos, marroquíes, senegaleses y españoles– quienes realizaban jornadas de 12 horas aproximadamente.

Sin alta en la Seguridad Social

Según la información obtenida, los empleados estarían trabajando de manera ilegal al encontrarse también en situación irregular en el territorio español. Tampoco estaban registrados ni dados de alta en la Seguridad Social, sin la oportuna autorización de residencia y trabajo y por tanto desamparados, lo que vulnera sus derechos más esenciales.

Posteriormente, se llevó a cabo una actuación conjunta de la Policía Nacional con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que demostró la complicidad del empresario y de dos encargados.

Respecto a los segundos se trata del encargado principal de la explotación y de otro empleado, responsable de la maquinaria, de nacionalidad Argentina y en situación irregular. Este último impidió el acceso a los funcionarios públicos y huyó de la finca junto con 12 extranjeros más que se encontraban trabajando en uno de los invernaderos.

Desde hace años

Tras constatar la huida de los 13 jornaleros, el encargado principal facilitó el acceso y se llevó a cabo la actividad inspectora. Fue entonces cuando se localizó y procedió a la identificación de varios trabajadores sin autorización de residencia y que trabajaban allí desde hacía varios años.

Una vez concluida la investigación, se identificó también al encargado fugado y se procedió a su detención. De igual modo fueron detenidos tanto el empresario como el principal encargado de la explotación agrícola por su presunta participación en los delitos contra los derechos de los trabajadores investigados, cuyo resultado ya se ha comunicado a la autoridad judicial en Baza.