La educación superior privada pisa el acelerador. Mira por el retrovisor como la pública se queda atrás. En los últimos 25 años, se han levantado 26 universidades privadas y ninguna pública en España, según el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Hoy, el mapa universitario español se reparte casi a partes iguales: 46 centros privados frente a 50 públicos. Pero las cifras no cuentan toda la historia. Detrás del acelerón de lo privado se esconde una tendencia que se intensifica desde los años 2000. Mientras, la universidad pública, lastrada por la falta de recursos y una asfixia económica crónica, lucha por no quedarse atrás.

"Estamos muy preocupados porque en un futuro vamos a volver a esa España en la que se podrá estudiar o no en función de si tu familia te lo puede pagar", advirtió este martes Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. La inquietud es tal que el Gobierno aprobó ese mismo día, casi sobre la bocina, el Proyecto de Real Decreto que modifica la norma impulsada en 2021 por Manuel Castells. El texto actualiza las condiciones para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como la acreditación institucional de estos en todo el país.

¿La razón de este giro normativo? Poner coto a la expansión de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bautizó como "universidades chiringuito". Centros que, según su diagnóstico, operan como "academias" impulsadas por algunos gobiernos autonómicos "con el propósito de debilitar a las universidades públicas". O, dicho con otras palabras, el objetivo del ministerio es "reforzar los mecanismos de control y supervisión del sistema universitario español, garantizando que todas las instituciones mantengan altos estándares de calidad en docencia, investigación y solvencia económica".

De acuerdo con el departamento de Morant, los nuevos requisitos buscan blindar la calidad del sistema universitario español y proteger al alumnado frente a posibles crisis institucionales. Entre sus objetivos centrales figuran garantizar la solvencia económica y académica de todas las universidades —públicas y privadas—, evitar la creación de centros sin estándares adecuados y prevenir que un eventual colapso deje a estudiantes en el limbo.

¿Cómo tratará de lograrlo? A través de varias vías. La autorización de una universidad, tanto nueva como existente, requerirá un informe de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas, que pasa de ser orientativo a tener carácter vinculante. Sus evaluadores serán seleccionados por sorteo entre el profesorado acreditado. Las nuevas universidades también deberán alcanzar un mínimo de 4.500 estudiantes durante sus primeros seis años de actividad y ofrecer alojamiento, propio o concertado, para al menos el 10% del alumnado. En el caso de los centros no presenciales con proyección nacional o internacional, se exigirá además la aprobación de las Cortes Generales y la evaluación de la ANECA.

El organismo de Morant recalca que las instituciones ya operativas dispondrán de un periodo transitorio para adaptarse: tres años en la mayoría de los casos y cinco para las de creación más reciente. Desde el ministerio recuerdan que "no se trata de cerrar universidades, sino de actualizar los estándares de calidad y dar tiempos razonables de adaptación, manteniendo las competencias autonómicas en los casos previstos —como cuando la financiación es parcial o existe una lengua cooficial—".

¿El nuevo decreto detendrá la avalancha de lo privado?

El mapa universitario no para de ensancharse. Los centros privados crecen, crecen y vuelven a crecer. Así lo ilustra el gráfico que acompaña este texto. En 1998 se fundó la última universidad pública española, la Politécnica de Cartagena. Desde entonces, el contador público se ha detenido en seco, mientras el privado no ha dejado de sumar nuevas incorporaciones. Las más recientes, la Universidad Europea de Andalucía y la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, ambas en Málaga. 

¿Bastará la modificación del decreto para contener la expansión del sector privado o aún queda algún engranaje por ajustar? Enrique Javier Díez, catedrático de la Universidad de León, analiza con escepticismo la iniciativa. "Este proyecto de Real Decreto es un lavado de cara que no resuelve el problema; solo coloca un parche que puede acabar reventando por las costuras", opina en una conversación con Público. A su juicio, la norma se limita a establecer una serie de requisitos destinados a proteger un modelo universitario que, en teoría, debería apostar por la docencia y la investigación, garantizando altos estándares de calidad y solvencia económica. "Pero el problema viene de antes", puntualiza.

Enrique Javier Díez, catedrático: "La Educación Superior no puede concebirse como un negocio, ni ideológico, ni económico"

Para Díez, el problema de fondo es que "la Educación Superior no puede concebirse como un negocio, ni ideológico —universidades impulsadas por instituciones religiosas o movimientos ideológicos— ni económico —centros creados por empresas o fondos de capital riesgo". "La Educación Superior, al igual que la educación en general, es un derecho humano. Su organización no puede partir de una lógica mercantil ni buscar un beneficio económico o ideológico", infiere. Agrega que otra cosa distinta es que la ciencia, la investigación y los descubrimientos derivados de esa educación puedan generar beneficios para la sociedad. "Pero esos objetivos solo se alcanzan manteniendo y reforzando un modelo social no mercantil de universidad pública, de titularidad y gestión pública". 

"Lo cierto es que no existe voluntad política para enfrentar de una vez por todas el gran problema de la Educación Superior: no puede convertirse en un negocio privado donde la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento se rijan por criterios mercantiles, es decir, por la lógica esencial del capitalismo", insiste el experto. Y deja caer: "Esto es precisamente lo que estamos fomentando con la expansión de las universidades-negocio privadas, que se han transformado en un nicho de altísima rentabilidad para compañías y fondos buitre. Pero, sobre todo, están alterando la finalidad y el sentido esencial de la Educación Superior". "Lo más grave es que, al hacerlo, normalizan la apropiación del conocimiento y del saber al servicio del capital, un capitalismo que mercantiliza todo lo que toca", sentencia.