Poco se conoce hasta el momento sobre los planes del Partido Socialista para enmendar la conocida como ley trans. Pero su anuncio este jueves de introducir cambios en el proyecto de norma que se está debatiendo en el Congreso, lejos de aquietar las aguas ha vuelto a levantar una nueva tormenta.

El escueto anuncio emitido por el PSOE afirmaba varias cosas: que las enmiendas de su grupo no tocarán "la parte de la autodeterminación de género"; que el texto les genera "dudas sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género", por lo que plantean modificar el artículo 65 del proyecto de ley; y que los socialistas están dispuestos a "dar seguridad jurídica a la ley", con mejoras y haciéndola más robusta para que PP y Vox no la tumben en el Tribunal Constitucional. 

Tanto lo que dice como lo que deja de decir el anuncio del Grupo Socialista ha vuelto a provocar un tsunami de manifestaciones. Por un lado, la promotora de la norma, la ministra de Igualdad,  Irene Montero, ha afirmado que la ley debe estar aprobada a final de año y que no permitirá ningún retroceso en derechos sobre lo ya pactado en el seno del Gobierno. Por otro, las organizaciones LGTBI que han apoyado y negociado el texto de la ley se muestran inquietas y afirman que mientras los cambios sean de terminología, sin traspasar ninguna línea roja (casi toda la ley se considera así), no tendrán problemas; pero no hacen más valoraciones hasta no conocer en detalle las enmiendas que acaben presentando los socialistas.

Pero las que sí han puesto el grito en el cielo ha sido un amplio y poderoso grupo de feministas socialistas agrupadas en Femes (Asociación Española de Feministas Socialistas), que han tachado el anuncio del partido de "cobardía", "huída hacia adelante" y "burla a la inteligencia".

En un comunicado hecho público en su página web horas después de conocerse la "filtración" del PSOE, Femes han criticado como "inaceptable" que el Partido Socialista plantee una "serie de enmiendas cosméticas" sin "tocar la autodeterminación del sexo, es decir, "el núcleo central de discusión de esta ley" y consideran "ruin utilizar la violencia de genero para distraer y evitar abordar los auténticos problemas que tiene". Afirman que es una "burla al feminismo" pensar que "la modificación del artículo relativo a la violencia de género silenciará tal malestar". 

Desde el Partido Socialista guardan silencio. Ninguno de sus cargos habla sobre las enmiendas. Fuentes oficiales se han limitado a afirmar que no explicarán las enmiendas hasta que estén redactadas y presentadas y que no pueden adelantar cuándo ocurrirá esto.

El pasado martes el PSOE, junto con el Partido Popular, forzaban un nuevo retraso en la tramitación de la ley. Las enmiendas tenían plazo de cierre el miércoles 19 de octubre, pero un día antes, ambos partidos consiguieron extenderlo una semana más. Se trata de la quinta ampliación del plazo de una ley que se está tramitando por la vía de urgencia. Nadie garantiza, sin embargo, que ésta vaya a ser la última ampliación que sufra. 

Reforma del artículo 65

Aparentemente, una de las concesiones que el PSOE ha planteado hacer a parte del movimiento feminista que critica la norma es la modificación del artículo 65 del proyecto, cuyo enunciado se refiere a las "medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar y frente a la violencia intragénero". El punto más controvertido de ese artículo es el número 3, que afirma que cuando las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar o violencia intragénero, "esta tendrá los derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".

La norma que se negocia equipara en distintos puntos de su articulado la violencia de género y la violencia intragénero, definida en la ley como la que se ejerce en "sus diferentes formas, como física, psicológica, económica o sexual, entre otras, que se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo y/o género y que constituye una manifestación de poder cuya finalidad es dominar y controlar a la víctima. exista violencia en  sentencia condenatoria".

Para diversas juristas y feministas consultadas por Público, equiparar la violencia hacia la mujer en el ámbito de la pareja con la violencia intragénero supone abrir la ley de protección contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito de la pareja a otras casuísticas y que la norma pierda el objetivo para el que fue elaborada. Es decir, que la violencia entre dos hombres podría ser equiparada en la ley a la que ejerce un hombre maltratador sobre su pareja mujer, preceptos que están definidos en el Convenio de Estambul. "Es como lo que dice Vox, de alguna manera, que niega la violencia de género, afirmando que toda violencia es igual y que la violencia no tiene género", afirma una de las expertas consultadas que prefiere mantener su anonimato.

Si bien esta equiparación de la violencia de género y la violencia intragénero contemplada por la ley trans es un punto de fricción, diversas de las consultadas afirman que no se trata del tema fundamental en este proyecto: el meollo tiene que ver con la autodeterminación del sexo registral. Esto es, el cambio de sexo en el registro sin ningún otro requisito que la voluntad de la persona, que es lo que provoca la inseguridad jurídica que el PSOE asegura querer desterrar del proyecto de ley. Además, critican que este cambio del sexo en el registro tal y como está contemplado en la norma no tiene por qué tener permanencia en el tiempo y que la ley, en su texto actual, permite múltiples cambios. Esto, afirman diversas consultadas, tendrá un impacto en distintos ámbitos, como el de la recolección de datos segregados por sexo al que obliga la ley de Igualdad entre hombres y mujeres de 2007 o al asunto de las competiciones deportivas. 

Seguridad jurídica de la norma

El Partido Socialista afirma que modificará la ley para garantizar su seguridad jurídica. Sin embargo no ha dado pistas sobre cómo y con qué cambios se conseguirá este objetivo.

Desde el inicio de su tramitación, diversas feministas ligadas al Partido Socialista, han denunciado que el texto propuesto genera dicha inseguridad. Entre ellas, la exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo. Entonces ligaba dicha seguridad jurídica al hecho de la libre determinación del sexo registral, sin ningún requisito adicional, más que la voluntad de la persona. 

Para algunas juristas, como la socialista Altamira Gonzalo, la única forma de mejorar la seguridad jurídica de la norma es que se modifique la autodeterminación de género con algún tipo de requisito, porque tal como está ahora en la ley es el paradigma de la inseguridad. La norma, afirma, tampoco establece número de veces en los que este cambio puede realizarse. Tan solo afirma que se puede revertir en el plazo de seis meses desde haber cambiado el sexo registral. 

Entre las principales críticas que se hacen desde distintos ámbitos del feminismo figura el hecho de que la ley se esté tramitando por el método de urgencia, lo que, denuncian, priva al Congreso y a la ciudadanía de un debate necesario para una ley que, sin ser orgánica, cambia muchas leyes que sí lo son. "Si el PSOE está teniendo contestación es porque tiene motivos para ganarse esa contestación. Todas las leyes importantes se han debatido. La ley integral contra la violencia de género, la del solo sí es sí... Por lo menos se ha dado participación a la sociedad. En esta debe hacerse igual", añade Altamira Gonzalo. 

Por el lado de los colectivos LGTBI también existe contestación. Este sábado, la Federación Plataforma Trans han organizado una manifestación por el centro de Madrid para pedir la aprobación de la norma tal como salió del Consejo de Ministros y que se haga a la mayor brevedad.