La fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín, ha criticado este miércoles que el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', incluya en su redacción los delitos sexuales cometidos contra menores ya que, a su juicio, "rompe" con la perspectiva de género de la norma. 

Martín ha comparecido ante la Comisión del Senado que hace seguimiento del Pacto de Estado contra esta lacra, en donde ha hecho balance de las medidas implementadas en este acuerdo en materia judicial. 

La fiscal de Violencia sobre la Mujer se ha referido al último informe del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa para destacar las recomendaciones que realiza a España por sus exigencias sobre las garantías procesales que, según señalan, pivotan en torno a la declaración de la victimas. 

Un cambio en esta materia, ha señalado la compareciente, pasa por poner en marcha uno de los puntos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es el relacionado con la dispensa de declarar. Martín ha pedido "cierta celeridad" a la hora de afrontar esta reforma. 

Medidas sobre los menores 

Otro de los cambios que exige GREVIO es la ampliación del concepto de violencia machista en la legislación española y, en este sentido, la fiscal cree que hubiera sido más eficaz con una reforma del artículo uno de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, en lugar de las leyes especializadas que se están realizando, como la de trata o la de libertad sexual. 

A su juicio, esto puede acarrear "problemas jurídicos" porque hay cuestiones que se van "solapando" y "repitiendo", tanto en la norma sobre esta lacra, como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) o el Estatuto de la Víctima, donde, ha explicado, ya se "compendian todos los derechos procesales de la víctima". "Volver a repetir es una confusión", ha insistido.  

En este sentido, se ha sorprendido también de la inclusión de los delitos sexuales contra menores en la ley conocida como 'solo sí es sí'. Martín ha celebrado los avances de esta norma, pero cree que incluir a los niños "rompe la perspectiva de género". A su juicio, "hay que proteger a los menores" de estos delitos, pero se puede incluir en la norma sobre violencia en la Infancia, que también prepara el Gobierno. 

Precisamente, en relación a las medidas del Pacto sobre menores, la fiscal lamenta que en algunas de ellas que son de "simple intendencia", como adecuar las dependencias para las exploraciones, se "ha avanzado poco" porque "no hay dinero" y "con la pandemia cualquier inversión en otra vía ha quedado aparcada".

Divorcios sin denuncias de violencia 

También se ha referido a la custodia compartida, una medida en la que, a su juicio, es "fundamental" priorizar en el interés superior del niño. Sin embargo, ha apuntado, hay dificultades para que esto prime.

En este sentido, ha hablado de las "cifras negras", es decir el 75% de mujeres que, según las estadísticas, no denuncian, aunque muchas de ellas sí deciden poner fin a su matrimonio a través de un procedimiento. Aunque la experiencia determine que la violencia se agudiza en casos de divorcio, los jueces no tienen motivo para denegar la custodia compartida, según la normativa actual.

Tampoco sería viable en estos casos la mediación o los puntos de encuentro porque, oficialmente, no hay violencia si no hay denuncia. "No hay un protocolo a nivel nacional que regule los puntos de encuentro y la especialización de las personas que trabajan allí", ha indicado Martín, antes de apuntar que, como tal, puntos de encuentros especializados en violencia de género sólo hay en Murcia, Cartagena y Sevilla.

El hecho de que un juez de violencia de género no pueda suspender las medidas civiles que ya están dictadas por un juez de familia tras una sentencia de divorcio es también otro "error a corregir" en esta materia, según ha señalado Martín.

Un protocolo de colaboración 

Por otra parte, la fiscal ha puesto el foco en la formación de los trabajadores implicados en todo el proceso y, al respecto, ha señalado la necesidad de que los servicios sociosanitarios transmitan a la fiscalía los casos de mujeres que recurren a su ayuda. Y en este aspecto, ha explicado, se está trabajando con la Delegación de Gobierno en un protocolo que mejore la comunicación entre estos dos sectores.

La compareciente ha alertado de que, falta de formación, lleva a una "idea confusa de que la confidencialidad exime de denunciar" y recuerda que si los casos no entran en el sistema Viogen, la justicia no puede amparar y proteger a estas mujeres.

La ampliación de los juzgados especializados, mejoras en los sistemas de protección, reformas penales para regular la ciberdeluncuencia, son otras de las medidas incluidas en el Pacto que la responsable de sala delegada sobre violencia contra la mujer ha llamado a cumplir lo antes posible.

La FEMP pide revisar el reparto de fondos 

En la misma sesión, también ha comparecido la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), María Eugenia Rufino, quien, en su caso, ha llamado a realizar una revisión global en relación al reparto y la cuantía de los fondos que, según se recoge en el Pacto de Estado, corresponderían a los ayuntamientos.

Rufino ha defendido las aportaciones "directas y finalistas" a los municipios y ha rechazado las modificaciones realizadas por el Ejecutivo que priorizan en los municipios adheridos al sistema ATEMPRO o permiten que las diputaciones o entidades provinciales y forales ejecuten sus programas cuando se trata de ayuntamientos pequeños. 

"Tenemos serias dudas sobre la legalidad" de esta fórmula, ha indicado. A su juicio, "una cosa es que los fondos se distribuyan a través de una entidad y otra que el dinero se destine a financiar sus propios programas", ha denunciado.