La delegación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de València ha denunciado a siete personas por acceder de forma indebida a los datos del sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista (Viogen) para consultar el archivo de Rocío Carrasco. De este modo el Ministerio Público judicializa las diligencias de investigación penal abiertas en abril.

El Ministerio del Interior detectó estos accesos a partir del 22 de marzo, cuando se emitió la primera parte del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco relataba episodios de malos tratos por parte de su exmarido Antonio David. Cuatro días más tarde, se descubrió que los funcionarios no estaban relacionados con el caso de Carrasco.

El Ministerio Público ha formulado una denuncia por un posible delito de descubrimiento de secretos del artículo 197.2 del Código Penal, según ha avanzado la Agencia Efe. Estas denuncias se han trasladado a juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca.

Cabe destacar que también el pasado mes de junio la Fiscalía de Alacant no apreció delito en el acceso indebido de una funcionaria al expediente de violencia de género de Carrasco y determinó que "no hubo prejuicio" para ella  dado que "se trataba de datos que la propia interesada estaba dando a conocer por televisión".

Las consultas fueron detectadas por Interior

Las consultas del expediente de Carrasco por parte de empleados públicos ajenos al mismo fueron detectados por el área de violencia de género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que bloqueó dichos accesos, restringidos a un determinado grupo de funcionarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de la Administración de Justicia.

Cada expediente incluido en el sistema Viogen contiene la identificación de las víctimas y sus agresores, las denuncias que se han presentado al respecto, las fechas de las mismas, las resoluciones judiciales que se hayan adoptado, informes periciales y el seguimiento del caso por parte de la Policía. Además, las consultas de este tipo de datos dejan rastro informático, ya que cualquier persona que los abra debe poner su clave personal y dejar constancia del motivo por el que los consulta.