El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cinco meses de prisión para un ganadero de Castro de Rei (Lugo) que infectó con brucelosis a todas las vacas de su explotación pecuaria. Con este fraude, el vecino pretendía cobrar de forma legal las indemnizaciones establecidas para casos en los que se detectase esta bacteria. La infracción obligó a sacrificar las 144 cabezas de ganado de su granja.

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia que rechaza el recurso del ganadero contra la resolución de la Audiencia Provincial de Lugo, que le condenó por un delito de estafa en grado de tentativa. El fallo determina que el brote de la enfermedad fue provocado por el acusado, que inyectó cepas vivas de brucelosis en dos vacunas cuyo uso está prohibido desde 1988. Los servicios de inspección de la Xunta de Galicia detectaron la plaga durante la campaña de saneamiento de 2012, año en que tuvieron lugar los hechos.

El objetivo del hombre no era otro que acceder al paquete de indemnizaciones que contempla la ley como consecuencia del sacrificio obligatorio de reses, en el marco de los programas de lucha, control y erradicación de enfermedades. La infección afectaba a 70 terneros, pero dada su magnitud, el productor y los técnicos de la Consellería de Medio Rural acordaron sacrificar todos los animales e iniciar los trámites protocolarios para cobrar las ayudas, que oscilaban entre los 132.000 y los 150.000 euros.

No obstante, se inició una investigación paralela para controlar el supuesto brote y definir sus causas, pues se trataba de una bacteria que llevaba dos años sin presencia en el conjunto de la geografía gallega. Los primeros resultados hicieron saltar las alarmas y consideraron que "no se trataba de una infección natural", por lo que las muestras se enviaron a otros dos laboratorios bovinos para certificar las sospechas.

Los informes concluyeron que las cepas de brucelosis halladas en las vacas correspondían con las dos vacunas contraindicadas en España. Además de la pena de cárcel, el Tribunal Supremo le impone una indemnización de 22.475 euros en aras de sufragar los costes de la investigación y una multa de 900 euros.