Hace ya tiempo que la precariedad aprendió a montar en bicicleta con una enorme mochila fosforita a la espalda. Los esclavos del siglo XXI no tienen cadenas, sino un soporte para colocar el móvil en el manillar y una batería externa. No hay jefes, no hay negreros, sólo una interfaz ágil e intuitiva que lanza migajas a trabajadores sin derechos y la ficción de un servicio barato a los consumidores. No hay látigos en la era de las App, aquí el que castiga es un algoritmo. No hay plantaciones de azúcar, el campo en toda la ciudad. En el nuevo mundo todo tiene otro nombre, casi siempre un anglicismo. Por eso ya no hay repartidores, ahora los llamamos riders.

Cuando Pujan Koirala llegó a España hace medio año se dio cuenta de que no era nadie. No tenía papeles. Este nepalí de 22 o 23 años (no está clara ni su edad) fue arrollado por un camión de la basura en Barcelona mientras entregaba un pedido. Según un repartidor pakistaní cercano a su entorno —al que llamaremos Rahim, ya que prefiere mantener el anonimato— el fallecido llevaba poco más de una semana repartiendo para Glovo y era el único empleo al que podía acceder sin permiso de trabajo. La clandestinidad empuja hacia la ilegalidad, hacia un trabajo del mismo tipo que el camión que arrolló al repartidor.

Las protestas tras su muerte se han sucedido en varias ciudades de España, ya que Puja no podía ser autónomo, no podía registrarse en la plataforma y nunca constó como trabajador vinculado a la empresa, tal y como explicó al día siguiente la propia compañía, después de que decenas de riders quemaran sus mochilas a modo de protesta contra la precariedad de su empleo, también el de Pujan. Los repartidores de Glovo exigen de nuevo sus derechos y recuerdan que este trágico episodio ya se había escrito hace varios años, cuando las plataformas multinacionales de reparto aterrizaron en la desregulada España. Glovo, Deliveroo, Ubereats, Stuart y las que están por llegar, porque el negocio es enorme, tanto como la ciudad. Los pedidos de comida a domicilio a través de Internet en España generaron en 2018 un gasto de 600 millones de euros y se prevé que crezca un 50% el año que viene, según un estudio de la consultora NPD.

“La muerte de Pujan no es casualidad, sabíamos que el escenario era propio para una situación tan lamentable y lo llevamos denunciando públicamente hace mucho tiempo”, ha asegurado la plataforma Riders X Derechos, que nació en 2017 para explicarle al país que estas empresas se lucran no sólo a costa del pedaleo de unos exhaustos repartidores, sino también de su bolsillo, ya que todos son autónomos y pagan su Seguridad Social, su IVA cada tres meses y su IRPF. Son, en opinión de esta plataforma y de los sindicatos, “falsos autónomos”, ya que en la práctica sólo trabajan para esta empresa y, según ellos, hay una relación laboral clara que debería obligarles a ser contratados como trabajadores por cuenta ajena. La Inspección de Trabajo ya ha puesto el foco en este nuevo mercado laboral, y empresas como Deliveroo están pendientes del juicio de este viernes, en el que 500 repartidores podrían pasar a ser empleados.

Lo sabe bien Oriol Alfambra, miembro del colectivo de repartidores de Deliveroo que puso en marcha Riders X Derechos. Aquella rebelión de repartidores le costó el despido. O mejor dicho, el cese de su colaboración con la empresa. Él y unos cuantos más de los purgados por la plataforma decidieron poner en marcha su propia cooperativa de reparto, con contratos legales y condiciones y salarios decentes. Se llama Mensakas y “no va mal. Avanzamos poco a poco. Ya somos 30 repartidores”, afirma. “Glovo y Deliveroo se diferencian muy poco, sólo en algunos matices. El problema es el mismo. No se reconoce una relación laboral evidente, no hay prevención de riesgos laborales ni formación para los trabajadores ni reciben el material necesario”, describe a Público. ¿Alguien ha visto a algún rider con un casco a juego con la mochila?

"Además se trabaja con una enorme presión para cumplir con los tiempos de entrega que se nos exige”, critica el exrepartidor. ¿Quién lo exige? Ese es otro de los detalles de este nuevo mundo al revés en el que quien se explota es el propio trabajador. “Glovo da sus órdenes a través de la aplicación. Puedes cumplirlas o no”, aclara Alfambra. Tú eliges, que para eso eres autónomo. “Pero si no cumples con la métrica de la aplicación, te penaliza, caes en el ranking de repartidores y no se te asignan horas de trabajo”, explica.

En ese ranking también influye notablemente otro factor, la valoración de quien hace el pedido, a quien le cuesta muy poco —apenas un movimiento de pulgar— poner una baja puntuación por unos minutos de retraso en la hora de entrega estimada que ha calculado una máquina inventada por la empresa. “Se añade un factor de riesgo. Todos los riders hemos hecho temeridades para cumplir con los tiempos, no bajar en el ranking y poder llegar a fin de mes”, resume. Según este extrabajador, “con la muerte de Pujan sólo estamos viendo la punta del iceberg ahora. Accidentes de repartidores hay muchos, casi todos los días, pero este ha sido el primero en España en el que ha habido un muerto”.

Pero debajo de lo que aparece en la superficie se esconde otro gran problema que ya se ha denunciado tanto por los trabajadores como por diferentes medios de comunicación sin que la empresa haya tomado cartas en el asunto: este tipo de plataformas tejen un telón perfecto tras el que se oculta el empleo clandestino de migrantes irregulares, una nueva forma de extender la manta con bolsos falsos de Prada en la Gran Vía de Madrid, sólo que en este caso no hay policías que les persigan. Al igual que Koraima, muchos riders trabajan con la cuenta de otro repartidor registrado. Es imposible saber las cifras, aunque UGT los estima en varios miles.

Subalquilar cuentas de Glovo

"Hay repartidores con cuenta que prefieren subarrendarla a alguien que no pueda tenerla y quiera trabajar”, explica un repartidor de Bilbao que prefiere no desvelar su nombre. Según él, es tan sencillo como acceder a la aplicación con la misma clave, “Glovo no se entera de quién está repartiendo”, apostilla. No es difícil encontrar a quienes las demandan en anuncios clasificados en páginas de internet, aunque también funciona el boca a boca. “Es muy habitual. Yo aquí conozco a unos cuantos que las alquilan. La mayoría de los que trabajan así es porque no tienen otra alternativa, son casi todos extranjeros que no tienen papeles, aunque también hay españoles que tienen ya un trabajo mal pagado y prefieren hacer unas horas extra en negro. Pagan una cuota fija al mes al dueño real de la cuenta o un porcentaje de las ganancias de sus repartos. Suele ser entre el 20% y el 30%”, explica. Pero también se hace de forma solidaria o por una relación simbiótica en la que la misma cuenta nunca deja de repartir y mantiene alta la puntuación en el ranking del reparto de trabajo.

“La mayoría son de origen venezolano. Hay muchos que están llegando a España y buscan gente que les preste una cuenta para poder trabajar en algo”, sostiene Rahim, el repartidor pakistaní que daba algunos detalles del fallecido. Él sí tiene permiso de trabajo y lleva más de un año y medio como repartidor de Glovo. “Es una mierda, tienes que trabajar mucho para ganar más de mil euros. Siempre muy rápido. Yo trabajo siete horas cada día, todos lo días, y puedo llegar a los 1.400 euros al mes, pero hay que restar mucho dinero después”, relata.

Glovo mira hacia otro lado, denuncian los sindicatos

“Glovo sabe que esto se produce, pero no le importa. Lo consiente porque le va bien, porque los paquetes llegan igual. Se lucran con situaciones de extrema vulnerabilidad de gente que no tiene permiso de trabajo, de gente que se agarra a un clavo ardiendo para ganar tres o cuatro euros por envío”, lamenta Alfambra. Lo mismo opinan desde UGT, que este viernes ha denunciado a la plataforma ante la Fiscalía por vulnerar los derechos de los trabajadores recogidos en el código penal. Según la denuncia, “Glovo oculta que a través de su aplicación informática conoce en todo momento desde qué teléfono se realiza la aceptación de la orden de reparto, que no era coincidente con el correspondiente a la persona que inicialmente tenía asignada la referida cuenta de reparto”, dice en referencia al trágico accidente.

La compañía explicó en un comunicado que el fallecido no estaba registrado, por lo que debía de estar trabajando con la cuenta de otra persona. “Además de ser una práctica ilegal, dificulta que se pueda entregar el material didáctico en seguridad vial ofrecido normalmente a los riders, así como que no se puedan beneficiar del seguro contratado por Glovo", añadía la compañía, que después de las protestas se comprometió a asumir “todos los gastos equivalentes a los que hubiera cubierto el seguro privado de los repartidores”. En la misma nota, la plataforma alegaba que "para poder evitar que esta situación irregular pueda suceder”, había puesto “a disposición de los usuarios y establecimientos de la plataforma mecanismos para denunciar estos casos, tras lo cual se procede a una inmediata y permanente cancelación de la cuenta en cuestión”. No parece suficiente para los raders ni para los sindicatos, que consideran que en el mundo de las direcciones IP, las rutas de acceso y la tecnología 4.0 “no tiene que ser muy difícil averiguar si el que está trabajando es el trabajador adecuado”.

Un accidente laboral que no estará en las estadísticas

También tildan de desafortunado el primer comunicado de la compañía, que hablaba de un “accidente de tráfico”. Efectivamente, “esta muerte no va a contar en las estadísticas de siniestralidad laboral porque ni siquiera estaba dado de alta como autónomo ni era parte de la empresa”, apunta Gonzalo Fuentes, responsable Turismo y Hostelería de CCOO. Según este sindicalista, “la precariedad en este sector se puede reducir desde ya” si las plataformas se atienen a la ley.

Fuentes recuerda que, el pasado 29 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicaba la ampliación del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), que contempla la introducción en el ámbito funcional del ALEH de los repartidores y repartidoras de comida a domicilio, “a pie o en cualquier tipo de vehículo que no precise autorización administrativa establecida por la normativa de transporte, como prestación de servicio propio del establecimiento o por encargo de otra empresa, incluidas las plataformas digitales o a través de las mismas”.

Es decir, que estos repartidores deberían estar sujetos al convenio colectivo de la hostelería, algo que no encaja precisamente bien con ser autónomo. La teoría sindical defiende que estas empresas deben “tener en cuenta factores de seguridad vial, paralización de actividad por condiciones climatológicas adversas, mantenimiento de vehículos, cascos y que la ropa de trabajo (cazadoras, guantes, pantalones, calzado) sean considerados Equipo de Protección Individual (EPI)". A Rahim sólo le dieron una batería, un soporte para llevar el móvil en la bicicleta y la mochila corporativa. “Tienes que pagar 65 euros. Y luego pagas dos euros al mes por el seguro, por si te pasa alguna cosa trabajando. De formación hay algunas horas en las que te explican cómo funciona la aplicación, pero nada más”, sostiene.

Sólo después de la muerte de Pujan, la plataforma se ha mostrado dispuesta a sentarse a conversar con algunos sindicatos, confirman desde Riders X Derechos, que denuncia que “con esta muerte, estamos delante de la perversión más absoluta del modelo de explotación que supone el falso autónomo. Morir trabajando sin ser trabajador”.