El Gobierno ha aprobado este martes un plan de choque para tratar de poner fin a la escalada de precios del mercado energético. Pedro Sánchez anunciaba este lunes en TVE que el Consejo de Ministros estaba trabajando en un paquete de medidas que detraigan "los beneficios extraordinarios de las empresas" y los redirijan hacia los consumidores. Daba a conocer, de esta forma, algunas medidas fiscales como la bajada del impuesto especial sobre la luz del 5,1% al 0,5% o la prórroga hasta final de año la suspensión de la tasa de generación, que estaba en un 7%. Pero no queda todo ahí. La vicepresidenta de Transición Ecológica ha informado de una serie de medidas adicionales para atajar esta situación sin precedentes en la que el precio de la luz y el gas han alcanzado máximos históricos. Según ha explicado la vicepresidenta Teresa Ribera, el plan aprobado permitirá que las facturas "de un consumidor medio" rebajen un 22% su coste final. 

Así, la coalición de Gobierno ha acordado limitar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Se hará a través de una minoración temporal sobre el exceso de retribución que las empresas están obteniendo al aplicar sobrecostes a la generación de electricidad limpia que no deberían incluirse. Hasta la fecha se estaban repercutiendo los precios del gas –muy elevados por los mercados internacionales– a centrales no emisoras como las nucleares o las hidroeléctricas. Se estima que esta medida servirá para que los ciudadanos españoles recuperen, hasta abril de 2022, un beneficio de 2.600 millones de euros.

Según explican fuentes del ministerio dirigido por Teresa Ribera, estas medidas fiscales serán temporales, al menos hasta marzo de 2022, cuando se prevé que los precios de luz y gas se estabilicen. Además se reducirá de manera temporal los cargos de la factura y para ello se utilizará el presupuesto recaudado a través de los derechos de emisiones de CO2. Hasta la fecha, de la recaudación solamente se podrían utilizar 1.100 millones para cubrir esos gastos, pero con la nueva reforma se ampliará el límite hasta los 2.000 millones.

Topes al precio de gas

El rally de precios marcado por los mercados internacionales del gas también será atajado en este paquete de medidas. Durante el semestre venidero se pondrá un tope a la subida de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) para familias y pymes, de modo que este no podrá subir más de un 4,6 % en los próximos dos trimestres. Según fuentes del Ministerio, si no hubiera intervención, las previsiones situaban la subida en un 28%, por lo que los consumidores podrán notar en sus facturas esta decisión. Se calcula que, en total, los cargos aplicables a la factura descenderán un 96% respecto a la actualidad.

El precio del mercado mayorista de gas, debido a la elevada cotización de los mercados de CO2 de la UE, ha incrementado un 80% en los últimos meses, alcanzando unos niveles sin precedentes, con un impacto claro en los hogares. Según explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, la llegada del frio ha apremiado al Gobierno a aprobar estos límites de precios que se sustenta, en cualquier caso, en la legislación comunitaria de Europa.

Suministro Mínimo Vital

El Consejo de Ministros también ha desplegado políticas concretas para proteger a la población más vulnerable y tratar de atajar los problemas de pobreza energética. De esta forma, el Gobierno ha aprobado la creación de un Suministro Mínimo Vital (SMV) de 3,5 Kw. En ese sentido, se amplía la prohibición de corte de suministro durante seis meses adicionales, que se suman a los cuatro meses ya existentes y que afectará a aquellas personas que se beneficien del Bono Social Eléctrico. Esta medida se ha aprobado con vocación de permanencia, por lo que trascenderá a la crisis de precios que dura ya seis meses.

Además, el Ejecutivo ha anunciado otras medidas estructurales que vienen a reformar el mercado. Se subastarán contratos de compra de energía, pero los grupos empresariales dominantes (Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy) solo podrán ofertar la electricidad de forma proporcional a su cuota, limitando la burbuja. Además, esta misma norma prevé una reforma en la tarifa regulada (PVPV), la más predominante y la que más consumidores tienen contratada, para que la incorporación del precio de estas subastas a la factura solo pueda tener una ponderación máxima del 10%. 

Agua embalsada

El plan de choque también ha tenido en cuenta los polémicos vaciados de embalses que presuntamente han efectuado las grandes compañías energéticas para tratar de maximizar sus beneficios. De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica, en el marco de sus competencias, ha anunciado que se modificará la Ley de Aguas para "evitar súbitos desembalses".

De ese modo, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas deberán fijar un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales que puedan ser vaciados en todos los embalses mayores a los 50 hectómetros cúbicos. Además los organismos de cuenca deberán establecer un volumen mínimo de reseras por cada mes del año. Con este cambio en la Ley se pretende "limitar impactos sobre el medio ambiente, la flora la fauna y la calidad de las aguas", detallan fuentes ministeriales.