El Gobierno de Ayuso deniega becas comedor a familias monomarentales

Ha comenzado octubre y la situación de las becas comedor sigue siendo caótica en la Comunidad de Madrid. A tan solo un día de que termine el período de subsanación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido a las familias documentación jurídica imposible de conseguir en un margen tan estrecho de tiempo. Muchas, de hecho, ya dan por perdida la ayuda y saben que sus hijos no se podrán quedar a comer en sus colegios porque no pueden pagarlo.

El colmo de la situación ha llegado cuando decenas de madres que han tenido a sus hijos en solitario han empezado a recibir mensajes donde la Administración les exige, a través de un SMS, una sentencia de divorcio o el certificado de defunción de su supuesta pareja para completar la solicitud. En definitiva, algún papel que incluya a "los dos progenitores".

Sin embargo, hay casos en los que nunca ha habido padre, ni la madre está divorciada, ni es viuda, simplemente se trata de una familia monomarental. Y, ahora, a pocas horas de que termine el plazo, ya no saben qué tipo de documentos pueden presentar para que la Consejería de Educación las reconozcan como tal. 

Desde la oposición, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha criticado con dureza la mala gestión de Ayuso: "Es una vergüenza que en pleno siglo XXI se deniegue una beca arguyendo que falta el nombre del padre. Llevamos años exigiendo que se reconozca la existencia de familias monomarentales y, con esto, se evidencia que teníamos razón. Hay dos opciones: o son unos negligentes o unos carcas, o ambas cosas".

En la misma línea ha hablado María Pastor, portavoz de Educación de la formación: "Cuando la gestión de las becas de comedores parecía que no podía ser peor, Ayuso demuestra que, además de incompetente, su Gobierno es cruel. Negar las becas a madres solteras demuestra que Ayuso se ha quedado en el siglo pasado. Y, esta vez, quienes van a pagar este maltrato son los niños y niñas, que no podrán ir al comedor este curso", lamenta.

Por su parte, Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE-Madrid pone el foco en la empresa subcontratada a la que Ayuso asignó la gestión de estas becas de copago. "Es una situación penosa, más en el contexto que está Madrid, con un 14% de personas en situación de pobreza. Estamos hablando de 200.000 menores que necesitarían que se les subvencionara al 100%", asevera.

La FAPA pide ampliar el plazo 

La Federación de de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco (FAPA) Giner de los Ríos ha denunciado la situación que están viviendo muchas familias madrileñas "por el simple hecho de haber solicitado una beca de comedor y haber caído en manos de la improvisación, la ineptitud y el abandono de la Consejería". Ya entrados en octubre, reprochan, una buena parte de los hogares más vulnerables de la región "están desesperados y abandonados".

"La privatización del servicio de tramitación, además de demostrar de nuevo que desde lo público se gestiona siempre mejor que desde lo privado, ha sido un total fiasco, resultado de una mezcla de contratos a la baja y de la contratación de personal no formado", expresa con dureza la FAPA en un comunicado. 

A fin de garantizar los derechos de los niños y niñas, la FAPA ha emitido al Gobierno de Ayuso una petición oficial para que se amplíe el plazo de subsanaciones "todo el tiempo que sea necesario y que se ingrese a los centros educativos, con carácter de urgencia, la dotación económica necesaria para poder afrontar todos los recibos de comedor que se comprometió a asumir". Asimismo, ha enviado una solicitud de reunión al Defensor del Pueblo.

Como la Consejería todavía no ha pagado el comedor a quienes han solicitado la beca, tal y como aseguró que haría, han surgido diferentes escenarios: a un lado, están aquellas "familias que les han girado el recibo a 5,50 euros, siendo solicitantes de beca". Por otra parte, "hay centros que intentan asumir los pagos con sus fondos propios", "familias que han pedido el dinero y han terminado pagando", escuelas que "han girado el recibo a 3 euros" o, directamente, "madres y padres que no han llevado a sus hijos al comedor", explica Carmen Morillas, presidenta de la FAPA. 

"También hemos tenido casos totalmente inhumanos de centros que no han dejado utilizar el comedor porque saben que las familias no pueden pagarlo", lamenta Morillas.