La fiebre inmatriculadora de la Iglesia católica en España pasó de largo por cientos de templos en ruina o avanzado estado de abandono. La mayor parte de ellos no tienen propietario conocido, son de titularidad pública, pertenecen a un privado o simplemente constituyen un puñado de piedras desordenadas en el medio rural.

Esa es la foto que se desprende de un examen pormenorizado de la lista roja elaborada por la organización cultural Hispania Nostra, el único inventario que radiografía el estado de conservación del patrimonio histórico español.

El catálogo de Hispania Nostra cifra en 1.375 los bienes en clara situación de deterioro en España. Y 453 de ellos son de carácter religioso. Quiere decirse que uno de cada tres monumentos bajo amenaza de ruina son de raíz católica. Se trata del grupo mayor de bienes en peligro, seguido de los edificios de carácter civil (28%), militar (22%) e industrial (12%). La lista roja de Hispania Nostra es una muestra pequeña del inmenso patrimonio arquitectónico español que se encuentra en peligro pero da una idea representativa del tipo de bienes en situación de deterior.

Si cotejamos ese medio millar de edificios de naturaleza religiosa con el listado de inmatriculaciones publicado por el Gobierno en febrero de 2021, se verifica que en la mayoría de los casos la Iglesia católica desistió de inscribirlos a su nombre a través del privilegio que le permitía autocertificar la propiedad sin aportar títulos probatorios. No es una regla exacta, sin embargo. Algunos de ellos sí fueron registrados a nombre de los obispos.

Es difícil identificar la razón que se esconde detrás del desdén de los prelados por los templos en ruina. Las organizaciones patrimonialistas están convencidas de que la jerarquía católica, tras la reforma de Aznar de 1998, se lanzó a registrar los edificios de culto que estuvieran bien conservados y no exigieran una inversión cuantiosa para mantenerlos. La Iglesia no inmatricula ruinas, sostienen los miembros de Recuperando, la coordinadora que agrupa a una treintena de asociaciones ciudadanas de toda España.

La inscripción de edificios históricos en situación de abandono comporta además obligaciones legales de conservación y mantenimiento. La coordinadora Recuperando ha denunciado decenas de casos de bienes inmatriculados por la jerarquía eclesiástica justo después de que el Estado hubiera ejecutado inversiones cuantiosas. El obispado tenía a su disposición hasta el año 2015 un procedimiento registral sumamente fácil para atribuirse monumentos y edificios históricos de enorme valor cultural. Y así lo hicieron en miles de ejemplos.

La no inmatriculación eclesiástica de templos en ruina, además, pone en entredicho el argumento empleado por los obispos para reivindicar la titularidad de bienes religiosos. Si cualquier edificio de naturaleza católica es propiedad de la Iglesia por el mero hecho de serlo, ¿por qué razón no inmatricula monumentos religiosos en estado de deterioro? No hay una respuesta clara. En miles de notas registrales, los prelados aducen como prueba de dominio la posesión desde "tiempo inmemorial", un criterio discutible que no aplican paradójicamente en el caso de los templos ruinosos.

Edificios religiosos abandonados

La lista roja de Hispania Nostra está plagada de edificios religiosos abandonados que no han sido inmatriculados por la Iglesia. Es el caso, por ejemplo, de la Ermita de la Virgen de los Llanos, ubicada en Hontoba (Guadalajara), que presenta un estado deplorable, ahogada por los escombros y rodeada de maleza. El templo, sin embargo, se atribuye a la "propiedad pública" en la ficha realizada por la asociación conservacionista.

Otro tanto ocurre con la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, situada en Lantarón (Álava), cuyas cubiertas se encuentran hundidas y exhibe múltiples desperfectos en el conjunto del edificio. En este caso, se trata de un templo privado. Los casos de bienes católicos abandonados son incontables, como por ejemplo, la Iglesia de San Sebastián (Pesquera de Ebro, Burgos), la Ermita de Santo Toribio (Oña, Burgos), el Priorato de la Quinta (Valbuena de Pisuerga), el Convento de San Miguel Arcángel (Barrio de Ladruñán, Teruel), la Iglesia de Santa María de Rute (Ventas Blancas, La Rioja), la Torre de El Bayo (Biota, Zaragoza), el Convento de Correxais (Vilamartin de Valdeorras, Orense), la Ermita de San Salvador (Tamarón, Burgos), el Convento de Santa Coloma (Hontoria de Cerrato, Palencia) y cientos de monumentos religiosos en grave estado de decrepitud.

"El propietario tiene el deber de conservación, mantenimiento y custodia", observa José Castillo, catedrático de Historia del Arte por la Universidad de Granada. "Es el primer responsable y así lo marca la legislación vigente". Muchos de esos templos semiderruidos son rescatados por campañas ciudadanas a través de organizaciones patrimonialistas, como es el caso de Hispania Nostra, lo que viene a demostrar, en opinión del experto granadino, que todo ese legado de carácter religioso no únicamente tiene un valor litúrgico sino cultural, que se mantiene incluso después de haber perdido su función originaria.

A la Iglesia católica "nunca se le responsabiliza"

Lo que parece claro es que a la Iglesia católica "nunca se le responsabiliza en casos de abandono del patrimonio", a juicio de Castillo, y siempre se reclama que actúe la ciudadanía o la administración pública. Y ese es un hecho, agrega el profesor, que demuestra la "excepcionalidad con que se trata en España el patrimonio eclesiástico". En todo caso, si se constata que la Iglesia no inmatricula templos abandonados se pone de manifiesto que su interés no es estrictamente religioso sino el de "apropiarse de todos aquellos bienes que tienen un aprovechamiento turístico, cultural o de cualquier otro tipo".

José Castillo defiende la dimensión cultural del patrimonio religioso, más allá de la mera funcionalidad litúrgica, y es partidario de que la legislación refuerce la protección de sus valores artísticos e históricos, hoy supeditados al culto y a la arbitrariedad de los obispos en la gestión de todo este inabarcable tesoro arquitectónico.

Antonio Gómez Movellán, expresidente de Europa Laica, sigue atento desde hace años a la cuestión del patrimonio religioso y las inscripciones episcopales. "La Iglesia seguro que no ha tenido interés en inmatricular edificios en ruina", sostiene. Y otros muchos de carácter religioso están siendo vendidos de forma discrecional por las diócesis y las órdenes católicas de toda España. De hecho, la Conferencia Episcopal anota cada año en su memoria un capítulo de ingresos patrimoniales que ronda los 180 millones. "Le hemos preguntado muchas veces y, al parecer, corresponden a compraventa de inmuebles y rendimientos dinerarios".

Gómez Movellán defiende que todo ese inmenso patrimonio histórico de raíz religiosa es público. "Ya en el siglo XIX todos los decretos gubernamentales consideraban ese tipo de bienes de dominio público. No solo los gobiernos liberales democráticos sino también los de signo conservador", argumenta. En su opinión, ese fue el sentido de la desamortización. "Eran bienes nacionales", recalca. Y esa fue la misión de las comisiones provinciales de monumentos, que eran instrumentos públicos de gestión de todo el legado cultural construido a lo largo de los siglos por el esfuerzo común.

"Todo cambió a partir del Concordato de 1953 firmado por Franco", señala. Y en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 ya se abre la puerta a la titularidad y posesión de los bienes religiosos por la Iglesia católica. "Ahí vino el problema. Y es una vergüenza", asegura el expresidente de Europa Laica. Las comunidades autónomas, tras el desarrollo estatutario, consolidaron esa tendencia que, a juicio de Movellán, han alterado por completo el estatus jurídico del tesoro arquitectónico español. "Mucha gente cree que, por el mero hecho de ser bienes religiosos, ya son edificios de la Iglesia. Y eso no es así". Lo que Gómez Movellán propone es la creación de un consorcio público que articule y gestione todo ese ingente patrimonio histórico.