El 21 de julio del año 2001 la empresa gallega de energía Unión Fenosa decidió abrir las compuertas de la central hidroeléctrica del río Anchicayá, en la región colombiana de Valle del Cauca. La idea era deshacerse de los más de 500.000 metros cúbicos de lodos tóxicos que se habían ido acumulando en el embalse durante medio siglo, y que nadie dragaba desde hacía lustros. La consecuencia fue un ecocidio que mató a varias personas, acabó con los ecosistemas de la zona y también con el modo de vida de los 6.000 habitantes de las riberas del río y las selvas que las rodean.

Apenas un año antes, un grupo paramilitar había asesinado a tiros a diez personas y amenazado a los testigos con continuar con las matanzas si no abandonaban sus hogares junto al cauce. Más de 2.000 personas huyeron de la zona, en un éxodo que para muchos de ellos aún no ha terminado más de 20 años después. "Estamos seguros de que fue Unión Fenosa la que promovió esos asesinatos para forzar la huida de la población", asegura un miembro del Consejo Comunitario Mayor del Río, el órgano rector y de representación de las comunidades que lo pueblan. Pide guardar su anonimato por miedo a que se cumplan las amenazas de muerte que ha recibido.

Desde los tiempos de la invasión española, en el Anchicayá se habían ido asentando colonias de esclavos y esclavas de origen africano, que buscaban una vida de hombres y mujeres libres en un entorno natural agreste y de difícil acceso. Ellos y sus descendientes fueron creando sus propias comunidades, manteniendo desde entonces sus formas tradicionales de vida, su cultura y sus valores. Entre ellos el aprovechamiento respetuoso de los recursos que les ofrecía el río que les había proporcionado refugio y sustento durante siglos.

El vertido de Unión Fenosa acabó con todo aquello. Los lodos putrefactos asfixiaron la fauna y la vegetación acuática, se depositaron en el lecho del río impidiendo la navegación y el transporte, destrozaron los cultivos aledaños y modificaron los regímenes de mareas que lo renovaban diariamente desde el Pacífico. Más de dos décadas después, ni el cauce ni su entorno han sido recuperados, nadie ha indemnizado a las víctimas y, lo que es peor, la presa vuelve a estar repleta de lodos y amenaza con una nueva catástrofe, ya que se calcula que los fondos del embalse acumulan otros cuatro millones de metros cúbicos de veneno. 

La situación se ha agravado con las últimas lluvias. El pasado viernes, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de desastre natural por precipitaciones extremas en todo el país, con inundaciones que amenazan la vieja estructura de la presa. "Hace apenas dos días el río estaba totalmente fuera de control y el embalse, que ya tiene 65 años, se encontraba colmatado por completo", relata Juan Santoyo, portavoz de Human Conet, una ONG franco-colombiana comprometida con la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y por los derechos humanos.

Desplazamientos masivos de población

Santoyo relata cómo la catástrofe del Anchicayá ha obligado a miles de familias de la comunidad negra a desplazarse abandonando sus hogares, tanto por los efectos del envenenamiento del río como por la presión de las mafias y los grupos armados que operan en la zona, y que intentan ahora sacar partido del proceso judicial abierto desde hace más de veinte años. Muchas de esas familias han denunciado amenazas, represalias como la quema de viviendas y bienes, e incluso asesinatos y secuestros.

El último ocurrió el pasado 12 de junio, cuando Omar Delgado, miembro del Consejo Comunitario Mayor del Anchicayá, fue capturado por un grupo guerrillero disidente de las FARC. Afortunadamente, pudo ser rescatado por el Ejército dos días después. "Aquí tenemos que dormir con un ojo abierto, han pasado 21 años de lucha y seguimos estando perseguidos", sostiene la citada fuente anónima.

El relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia, el francés Michel Forst, recogió en diciembre de 2018 en su informe de fin de misión los testimonios de activistas que dijeron haber sido amenazadas "por empresas internacionales y nacionales, en particular de los sectores minero e hidroeléctrico". "Adicionalmente, escuché alegatos de connivencia entre empresas y políticos, a veces de muy alto nivel", aseguraba en su relato.

Tras la catástrofe del 2001, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia ordenó a Unión Fenosa ejecutar un plan de recuperación del río Anchicayá; otro para construir lagos artificiales para la cría de pescado al objeto de garantizar la producción de alimentos para las comunidades, y otro de asistencia técnica agropecuaria para recuperar los cultivos dañados. Ninguno de ellos se ejecutó.

En el año 2002, meses después del vertido, las comunidades locales plantearon una demanda común contra Unión Fenosa ante la Justicia colombiana, que en 2009 estableció para ellas una indemnización de 169.000 millones de pesos colombianos, unos 34,10 millones de euros que serían hoy 42 millones de actualizando la anterior cantidad al incremento del precio del dinero. También declaró culpable por omisión al Estado colombiano. Sin embargo, Naturgy -por entonces Gas Natural Fenosa-, que había adquirido Unión Fenosa unos meses antes, decidió deshacerse de EPSA, su filial colombiana propietaria de la presa y por tanto responsable de las indemnizaciones.

El acuerdo de compra incluía que Naturgy dejara una provisión de fondos para pagar las indemnizaciones personales a los afectados, pero no para cubrir los daños ambientales ni la recuperación del río, que podrían ser mucho más elevadas. La compradora, la firma Celsia, propiedad de la multinacional colombiana de la construcción Argos, también se negó a pagar tanto los daños personales como los ecológicos, y tampoco afrontó la limpieza del río y su entorno. Al contrario, inició un nuevo procedimiento judicial.

El conflicto se encuentra enquistado. La Corte Constitucional, ante un recurso de Celsia-Argos, dio por probado que el vertido había causado daños pero ordenó una nueva y difícilmente viable valoración de los mismos once años después, así como reclamó nuevas pruebas para validar el listado de afectados. Esto ha renovado las presiones sobre los activistas, los miembros de la comunidad negra, sus líderes y sus familias.

Mafiosos locales, narcotraficantes, guerrillas y grupos paramilitares quieren beneficiarse de las posibles indemnizaciones, y amenazan a los portavoces comunales, a los defensores de los derechos humanos y a los representantes legales. Exigen bajo amenazas que les incluyan entre los afectados y reclaman mordidas sobre las cantidades que éstos podrían cobrar algún día, pero que aún no han cobrado ni saben con certeza si llegarán a cobrar.

Uno de quienes ha tenido que huir es el abogado Germán Ospina, apoderado legal de siete de las trece comunidades afectadas, artífice de la estrategia jurídica que logró sus primeros triunfos en los tribunales y quien desde hace unos meses busca asilo político en España con su familia tras haber recibido amenazas de muerte.

Ospina, que acaba de preparar un escrito para pedir al Estado colombiano que declare al río Anchicayá como sujeto propio de derechos, asegura que la catástrofe ha arruinado las vidas de miles de personas. "Son comunidades pobres y vulnerables que no tenían más sustento que el río. Hay familias que se alimentan hoy con sólo cien gramos de pescado por persona al día y muchos niños padecen desnutrición. Además el departamento de Valle del Cauca es uno de los más conflictivos de Colombia, y a muchos de esos jóvenes no les quedan más salidas de futuro que unirse a un grupo armado, a una banda de delincuentes o de narcotraficantes, o emigrar a Buenaventura [la gran ciudad más cercana] para prostituirse".

"Lo que las comunidades quieren es que se las escuche, recuperar su dignidad, que Naturgy sea consciente de la situación en las que las dejó el vertido de Unión Fenosa, que reconozca que nunca reparó el daño ambiental, que no repobló el río y que no cumplió con ninguna de las medidas ordenadas", dice el abogado, quien confía en las expectativas que se abren con el nuevo Ejecutivo colombiano: "Petro dijo en su discurso de investidura que iba a basar su acción de gobierno en tres ejes: justicia social, justicia ambiental y paz. Anchicayá es el ejemplo perfecto de la necesidad de esas tres cosas".

Unión Fenosa, la empresa del banquero franquista Pedro Barrié de la Maza

Unión Fenosa era la empresa del banquero franquista Pedro Barrié de la Maza, quien a través del Banco Pastor había financiado el golpe de Estado que acabó con la Segunda República española. Franco le recompensó entregándole la empresa Electra Popular Coruñesa, propiedad del empresario republicano José Miñones, competidor directo de Barrié, quien ya poseía entonces una fábrica de gas y electricidad en A Coruña. El banquero se hizo con la empresa de Miñones después de que éste fuera fusilado por los fascistas en diciembre de 1936.

Con el apoyo de la dictadura, Barrié convirtió la firma en una multinacional que se hizo con la propiedad y la gestión de infraestructuras energéticas en América Latina, entre ellas la presa del Anchicayá. Tras su muerte en 1971, y aunque la empresa siempre estuvo bajo mando gallego, pasaría por manos de varios accionistas. En 2008, cuando fue vendida a Gas Natural poco antes de la sentencia que recogía la indemnización para las comunidades del Anchicayá, su socio mayoritario era el grupo ACS de Florentino Pérez.

Tras la compra de Unión Fenosa, Gas Natural pasó a denominarse Gas Natural Fenosa, que fue reconvertida a partir de 2018 en Naturgy, un acrónimo que parece sustentar la idea de que la compañía se dedica a la producción de energía de forma respetuosa con la naturaleza. Una imagen que no se corresponde en absoluto con lo que representa la catástrofe de Anchicayá y los sufrimientos que ha causado a miles de personas. Tampoco cuadra con la propaganda del Grupo Argos, que se jacta de ser "la empresa más sostenible del mundo en la industria de materiales de construcción".

"Queremos que se reconozca lo que sucedió, porque la mentira representa una nueva revictimización en la memoria colectiva de las comunidades", explica el portavoz de Human Conet. "La comunidad indígena no es ingenua, pero un reconocimiento público de Naturgy no sólo serviría de reparación moral, sino que ayudaría a presionar a Celsia-Argos: Yo causé la catástrofe y todos los daños y el dolor que se derivaron de ella, y yo le vendí a usted mi presa. ¿Cómo lo resolvemos ahora?", añade Ospina. "Naturgy demostraría así que está comprometida con la protección de la naturaleza y la defensa de los derechos humanos, y que su cambio de nombre no ha sido sólo una operación de maquillaje", concluye.

"Nosotros, una comunidad negra pobre de Colombia, le hemos ganado en los tribunales a una poderosa multinacional, algo que no había sucedido nunca antes en la historia del país. Y queremos que esto sea un ejemplo para todas las multinacionales del mundo", recuerda el miembro del Consejo Comunitario Mayor, que pide ocultar su identidad. Y recuerda que aunque hay una explotación hidroeléctrica que lleva 65 años produciendo electricidad en el río, nueve de las trece comunidades todavía no tienen luz eléctrica. Las otras cuatro empezaron a tenerla hace apenas cuatro años. Tampoco cuentan con otros servicios básicos como alcantarillado o suministro de agua potable.

Público ha contactado con Naturgy para saber si la multinacional que preside Franisco Reynés está al tanto de la situación de las comunidades afectadas por el vertido, conocer su versión y preguntar a sus responsables si tienen previsto hacer ese acto de reconocimiento público que reclaman los pobladores del Achincayá. Al cierre de este artículo, Naturgy no había respondido. La empresa registró el año pasado 1.214 millones de euros de beneficios. Reynés obtuvo 4,96 millones en ganancias de la empresa.

Público también ha intentado sin éxito recabar las versiones de Celsia y de su matriz, el grupo Argos. Sólo el año pasado Argos tuvo beneficios de 523.936 millones de pesos colombianos, es decir 105,6 millones de euros, más del triple de la cantidad inicial que la Justicia del país atribuyó como indemnización a las comunidades afectadas por el vertido. 

Tanto Ospina como Santoyo y el miembro anónimo del Consejo Comunitario con quien contactó este diario creen que la victoria de Gustavo Petro abre nuevas expectativas de resolución del caso. También por la presencia en su Gobierno de Francia Márquez, la vicepresidenta negra descendiente de esclavos y esclavas africanas, originaria de Cauca, departamento vecino a Valle del Cauca, exrepresentante legal de otro Consejo Comunitario y con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y en lucha contra los desplazamientos de población provocados por los abusos de las multinacionales mineras. En su currículum también figuran amenazas y atentados contra su vida.

Todo eso representa una esperanza de comprensión y de cambio, pero las comunidades del Anchicayá no quieren quedarse ahí, y por eso buscan apoyos en el Parlamento Europeo a través de la eurodiputada Ana Miranda, del BNG, adscrito en la Eurocámara al Grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea. "Compartimos unos valores universales y creemos que Europa, sus instituciones y sus empresas tienen que mostrar su compromiso real con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos en todo el planeta", concluye Santoyo.