La Junta insiste en pedir cárcel por la protesta contra un despido para los sindicalistas de Granada ya absueltos

La Junta de Andalucía no da su brazo a torcer en el caso de los sindicalistas juzgados por una protesta laboral en una de sus delegaciones en Granada, para quienes llegó a pedir cinco años de prisión. Tras la absolución de los acusados en un juzgado de lo penal, la Administración que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial granadina, en la que, como acusación particular, solicita 15 meses de prisión para cada uno de los procesados por un delito de coacciones.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada absolvió en septiembre a los tres integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de un delito de desorden público presuntamente cometido durante una protesta contra el despido de una trabajadora de la limpieza. El magistrado Antonio Aguilera concluyó que los procesados no cometieron ningún acto violento ni en el momento de acceder al interior de la Delegación de Turismo de la Junta en Granada, donde trabajaba la limpiadora, ni cuando estuvieron en la tercera planta del edificio, donde se encontraba el despacho del delegado, a tenor de lo que declararon como testigos en el juicio un policía nacional y el vigilante de seguridad que se encontraba en la entrada del inmueble.

En la sentencia ahora recurrida por la Junta se concluye que "en modo alguno se ha acreditado que, como sostiene la acusación particular, el grupo de unas diez personas, entre los que se encontraban los acusados, accedieran de forma violenta al edificio, pasando sin las preceptivas precauciones el control de acceso al mismo, ni generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación".

El recurso presentado por el gabinete jurídico provincial de la Consejería de la Presidencia de la Junta considera que dos de los acusados, el secretario de Organización del SAT en Granada, Néstor Salvador, y la trabajadora de la limpieza Vanesa Sánchez, miembro también de ese sindicato, debieron ser condenados como autores del allanamiento con violencia o intimidación de morada, en virtud de la declaración realizada por la secretaria del delegado territorial de la Administración autonómica, y solicita para cada uno de ellos una pena de un año y tres meses de prisión por un delito de coacciones.

La valoración de los hechos que hace la Junta se contradice, sin embargo, con la del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que intervino en aquella protesta, quien aseguró en el juicio que se encontró en la escalera a siete u ocho personas en "actitud muy pacífica", que se marcharon "sin jaleos ni voces" y que no vio ninguna perturbación grave, según se detalla en la sentencia recurrida.

Al final del juicio, la Junta decidió rebajar de 5 años a 15 meses su petición de condena de prisión, mientras que la fiscalía la redujo de 15 meses de cárcel a ocho de multa y la mantuvo únicamente para uno de los tres procesados, Néstor Salvador, quien asegura que aún no tienen conocimiento de que el ministerio público haya decidido recurrir la sentencia, como ha hecho ya la Administración andaluza.

SAT: "es un escándalo, una vergüenza"

El secretario de Organización del SAT en Granada ha calificado de "escándalo público, una vergüenza" que la Junta destine dinero público y personal jurídico de la administración andaluza a alargar este proceso judicial. A su entender, el único objetivo que persigue la Junta de Moreno Bonilla es la represión sindical, una vez que quedó demostrado en el juicio que no hubo ninguna violencia ni desorden público en la protesta laboral de la Delegación de Turismo.

"Lo único que se puede entender de este recurso es que les sale gratis, porque se paga con dinero público. Eso es una malversación de fondos públicos, cuando sabes que no tiene ningún sentido seguir con este proceso", ha manifestado a Público Néstor Salvador.

El SAT considera que este proceso judicial tiene fines políticos, con la clara intención de interferir en la actividad sindical y generar un desgaste en sus organizaciones. Según Salvador, por esa razón van a tomar medidas, en colaboración con otros otros sindicatos y movimientos sociales, para denunciar estos hechos y hacer una campaña pública contra la "represión sindical" que lleva a cabo la Junta.

Los hechos enjuiciados se produjeron durante una protesta sindical en marzo de 2021, cuando un grupo de manifestantes se concentró en la delegación territorial de la Junta por el despido de Vanesa Sánchez, quien llevaba 11 años trabajando en sucesivas empresas subcontratadas para el servicio de limpieza en esa administración.

La empleada de la limpieza había denunciado ante la Inspección de Trabajo que le estaban pagando menos de lo que correspondía y luego, cuando el servicio fue subcontratado a otra empresa, la única de las 70 trabajadoras de la plantilla a la que no se subrogó fue, precisamente, ella.