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Listeriosis La falta de información ha agravado las consecuencias de la crisis de la listeriosis

Organizaciones de consumidores exigen cambios normativos para mejorar la transparencia informativa en casos de alerta y que todos los agentes económicos participen en su difusión.

El consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre (d), junto a su homónimo de Cantabria, Miguel Rodríguez Gómez. EFE

Santiago F. Reviejo

En las alertas alimentarias la información es como el viento en los incendios forestales: de su buen o mal uso dependerá, en gran medida, el rumbo que tome la crisis, ayudará a mitigar los efectos o a agravarlos. En la alerta que ha originado la carne preparada en la empresa Magrudis de Sevilla, con decenas de personas hospitalizadas por listeriosis, dos fallecidas y al menos dos abortos en mujeres afectadas, el sistema de información pública a la población sobre causas, alcance y medidas preventivas ha fallado en varios eslabones, lo que, a juicio de las principales organizaciones de consumidores, exige urgentes cambios normativos para evitar su repetición.

FACUA, que ha creado una plataforma de afectados por el brote de listeriosis que suma ya más de 200 personas afectadas, se ha apresurado a pedir a los partidos políticos una reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria, aprobada en 2011, para que todos los agentes que participan en la cadena de distribución de un alimento (productores, distribuidores, vendedores y establecimientos hosteleros) estén obligados a informar a su clientela sobre la retirada de un producto y sus causas, y a identificarlo exhaustivamente. De esa forma, a juicio de esta organización, se ampliaría notablemente el alcance y la efectividad de una información que ahora depende, en gran medida, de los canales utilizados por las administraciones públicas y de lo que difundan los medios de comunicación.

Todavía ninguna administración pública ha difundido la imagen, el aspecto de ese producto de marca blanca, que aseguran ha sido retirado totalmente del mercado

Esa obligación, a juicio de FACUA, acabaría con los puntos ciegos que se han producido durante la crisis por el brote de listeriosis como el originado por la marca blanca de carne mechada elaborada por la empresa Magrudis, de cuya existencia no tuvo conocimiento la Junta de Andalucía hasta el pasado jueves, una semana después de que hubiese decretado la alerta sanitaria por el producto denominado La mechá. Todavía ninguna administración pública -ni la autonómica, ni la local ni la central- ha difundido la imagen, el aspecto de ese producto de marca blanca, que aseguran ha sido retirado totalmente del mercado, pero cuyo aspecto desconoce la población y, sobre todo, quien lo haya comprado sin saber que estaba contaminado.

Valga como muestra de ese punto ciego informativo que a la petición hecha el pasado viernes por este periódico de algún dato más concreto sobre esa marca blanca –nombre, al menos-, un portavoz de la Consejería de Salud y Familias, el departamento de la Junta que está al mando de la alerta sanitaria por listeriosis más importante registrada en España, se limitó a responder que era de la empresa Comercial Martínez León, sin precisar, siquiera, con qué marca había sido vendido concretamente un producto contaminado con listeria.

Sánchez considera también fundamental que las organizaciones de consumidores puedan formar parte de las redes de alertas

La implicación informativa en una alerta alimentaria de todos los agentes económicos que intervienen en la distribución y venta de un producto ayudaría a evitar, además, según el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, la propagación de bulos difundidos a través de las redes sociales, como el que en mensaje de whatsapp pedía que no se comiera carne de cerdo hasta que no se aclarara de dónde venía el tema, cuyo origen –decía- podía estar en un matadero de Sevilla, bulo con graves consecuencias económicas y sociales que tuvo que salir a desmentir rápidamente esa organización.

Por esa razón, Sánchez considera también fundamental que las organizaciones de consumidores puedan formar parte de las redes de alertas alimentarias de las administraciones públicas, lo que, a su entender, permitiría ampliar de forma muy notable el alcance de la información difundida y facilitar el acceso de la población a los mensajes que se quieren transmitir en un momento de crisis. Esa inclusión acabaría, según Rubén Sánchez, con las dos velocidades a las que han caminado, por ejemplo, la web de alertas sanitarias de la Consejería de Salud de la Junta, que no se ha actualizado durante las dos primeras semanas de la crisis, y la de FACUA, que diariamente ha ofrecido nuevos datos sobre el brote de listeriosis.

Inspecciones de dominio público

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también considera esencial que haya una mayor trasparencia informativa acerca, esencialmente, de las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones públicas y las inspecciones realizadas a las empresas involucradas en una alerta alimentaria. Esta entidad recuerda que ya hace un año pidió al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que cambiase la normativa para que los resultados de las inspecciones de todos los establecimientos que venden comida al público sean de dominio y acceso público, "como forma de garantizar que los consumidores puedan conocer el estado higiénico y el grado de cumplimiento de la normativa de los establecimientos que visitan o inspeccionan".

OCU reprocha que los consumidores desconozcan los resultados de las inspecciones que se realizan

OCU reprocha que los consumidores desconozcan los resultados de las inspecciones que se realizan en los establecimientos de venta de productos alimenticios, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos, como Reino Unido o Dinamarca, donde la clientela puede conocer la fecha de la última revisión y sus conclusiones ya sea a través de internet o en el mismo local, lo cual constituye un elemento más en la toma de decisiones y aporta mayores garantías de consumo. "De esta forma, se garantiza que los consumidores puedan conocer el estado higiénico y el grado de cumplimiento de la normativa de los establecimientos que se visitan o inspeccionan", explica la organización, que, como en el caso de FACUA, se ha puesto a disposición de las personas afectadas por el brote de listeriosis para presentar una reclamación por los daños sufridos.

Además de una mayor transparencia informativa, las organizaciones de consumidores creen que debe incrementarse la presión inspectora sobre los establecimientos de producción, venta y distribución de productos alimenticios. A juicio de FACUA, la legislación comunitaria europea deja todo demasiado en manos del autocontrol –inspecciones que realizan las propias empresas- en vez de reforzarse los mecanismos inspectores de las administraciones, a fin de evitar casos como el de la empresa causante del brote de listeriosis, que no fue revisada por el Ayuntamiento de Sevilla desde julio de 2017. Para el portavoz de esta organización, no es de recibo que los grupos políticos de la corporación sevillana dispongan de 18 asesores pagados con los presupuestos locales y el laboratorio municipal sólo tenga 13 veterinarios.

En julio de 2018, OCU ya advertía de que en España había descendido el número de inspecciones en los establecimientos

En julio de 2018, OCU ya advertía de que en España había descendido el número de inspecciones en los establecimientos de producción, venta y distribución de alimentos, mientras habían aumentado los incumplimientos normativos, sobre todo en las pequeñas empresas, por lo que urgía a las administraciones a tomar medidas para garantizar la seguridad de los consumidores.

La propia Junta de Andalucía anunció ayer medidas para mejorar el sistema de información y atención al consumidor, entre ellas la puesta en marcha de un teléfono de información –algo que había reclamado días atrás el grupo parlamentario socialista- y una página web especializada.

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuya modificación va a exigir FACUA a los líderes de los principales partidos con representación en el Congreso, fue aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y vino a garantizar la seguridad en toda la cadena alimentaria, "desde la granja hasta la mesa", aunque se hizo sobre todo popular por medidas como la prohibición de vender alimentos y bebidas con altos contenidos en grasas y azúcares en centros escolares o infantiles.