La lógica colonialista irrumpe en la COP30: el norte paga al sur a cambio de poder contaminar más
Los mercados de carbono permiten comprar a terceros países derechos de emisión de gases para alcanzar los compromisos de reducción, desplazando así la deuda de carbono.
Este instrumento cobra protagonismo en la cumbre del clima. Ecologistas y expertos advierten de que puede vulnerar los derechos fundamentales de comunidades locales del sur global.
Madrid-
Reducir las emisiones de CO2 es una tarea obligatoria para salvar al mundo del colapso ambiental. Las empresas y los países deben rebajar su huella para evitar que el planeta supere los 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. La neutralidad climática para 2050 es uno de los grandes compromisos de Europa. Antes de llegar a la cumbre de la COP30 la UE anunció un nuevo objetivo de reducir un 90% las emisiones para 2040, en comparación con las cifras de 1990. Sin embargo, esta meta incluye flexibilidades como el crédito de carbono. Un instrumento cuya efectividad es puesta en duda y que tanto expertos como ecologistas consideran un mecanismo neocolonial.
El acuerdo al que llegaron los ministros medioambientales de los Veintisiete el pasado 5 de noviembre incluye estas flexibilidades. En concreto, permite la venta de crédito a países extranjeros para cubrir hasta el 5% del objetivo de reducción de emisiones, un permiso que hasta ahora era del 3%. Además, la ministra Sara Aagesen explicó que, más adelante, se podría introducir "un 5% más o no" mediante vías adicionales en la propuesta que elaborará la Comisión Europea y que deberán respaldar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Esto rebajaría efectivamente al 80% las reducciones exigidas a las industrias europeas y podrían pagar a terceros para que rebajaran las emisiones en su nombre.
Representantes de Greenpeace presentes en la COP30 advierten de que los mercados de carbono han cobrado protagonismo en las negociaciones de los últimos días. Los activistas consideran que se trata de una "falsa solución" y de "una herramienta que permite que los países contaminadores sigan contaminando". Este instrumento consiste en que "tú puedes comprar derechos de emisión para seguir emitiendo gases de efecto invernadero", aclara a Público Marcel Llavero, coordinador del Atlas Global de Justicia Ambiental en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "Comprando, reduces emisiones para compensar en otros aspectos".
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que "el 83 % de los países tienen la intención de utilizar los mecanismos del mercado internacional" en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). De hecho, el Acuerdo de París contempla en su artículo 6 este mecanismo para incrementar la ambición climática y facilitar el cumplimiento de los compromisos.
¿Cómo funcionan los mercados de carbono?
En este tipo de mercados se comercia con créditos de carbono. Estos se crean a partir de actividades que reducen o eliminan las emisiones de gases, tal y como apunta el PNUD. Llavero ejemplifica que algunos procedimientos para generar dichos créditos incluyen "construir plantas de energía renovable", ya que se asume que de este modo "se limitan las emisiones de carbono". Otro método es la "protección de bosques y selvas", se preservan "sistemas que absorben CO2".
Llavero señala que existen dos familias de mercados de carbono: de cumplimiento y voluntarios. El primero tiene que ver con derechos de emisión que deben comprar empresas o Estados cuando superan los límites legalmente marcados –según lo establecen los gobiernos o los tratados internacionales–. El segundo, como su propio nombre indica, tiene que ver con la compraventa de créditos para alcanzar compromisos propios. Es decir, las empresas o Estados pueden, a libre elección, reducir sus emisiones –generando así créditos que pueden comprar terceros– o comprar estos derechos –de modo que de iure estarían rebajando su contaminación–.
Nicola Scherer, experta en justicia financiera: "Los promotores de la crisis climática especulan con los créditos de carbono"
En el mercado voluntario, el PNUD señala que también pueden participar inversores que compran créditos para luego revenderlos. Nicola Scherer, investigadora de justicia financiera en el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), critica que se trata de una "especulación propia de las dinámicas capitalistas". "Damos un precio a la naturaleza, al aire, al bosque... para resolver el problema del cambio climático", abunda. "Los actuales promotores de la crisis ambiental son los que están especulando. Es absurdo, pero se piensa en la lógica capitalista".
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Una herramienta neocolonial
Fuentes de Ecologistas en Acción calificaron estos mecanismos como "herramienta neocolonial" en un encuentro con medios. Scherer y Llavero coinciden con este análisis. "Es un sistema neocolonial. A través de estos incentivos, poniendo un precio, pueden contaminar los que tienen dinero y lo pagan", analiza la experta. Por su parte, el coordinador del Atlas Global de Justicia Ambiental remarca que "perpetúa la paradoja de que los países que más contaminan no asumen su responsabilidad, sino que la desplazan". "Vemos una continuidad con la historia colonial en la medida en la que unos pocos en el norte global se benefician en detrimento de las comunidades del sur global por el sistema económico capitalista", añade.
Marcel Llavero, investigador de la UAB: "Los países que más contaminan no asumen su responsabilidad, sino que la desplazan"
Llavero remarca que los principales afectados de esta clase de instrumentos son las personas indígenas y del mundo rural, especialmente en Latinoamérica, África y el sudeste asiático. "Los países del sur global promueven este tipo de soluciones, pero afecta a sus comunidades", matiza. Scherer ha analizado el caso de Madagascar junto a la investigadora sobre derechos humanos Zo Randriamaro en un informe que el ODG ha publicado este mes. El estudio concluye que el mercado de carbono ha redundado en vulneraciones de derechos fundamentales para las poblaciones locales.
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Las expertas investigaron la estrategia nacional REDD+, que forma parte de las iniciativas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para mitigar la emergencia medioambiental. El proyecto consiste en vender crédito de carbono a otros países para financiar con ese dinero la protección de los bosques y reducir la deforestación. Sin embargo, "no ha habido una reducción local significativa, sino más bien una tendencia preocupante al alza a escala nacional", alerta el informe. Además, "existen restricciones y prohibiciones severas respecto al acceso al bosque, que ha sido clasificado como zona protegida". Esto agrava los efectos de la crisis climática sobre quienes "dependen completamente del bosque para su subsistencia, alimentación, vivienda, salud, etc.", subraya.
Una solución que no soluciona
Scherer explica que esta clase de medidas se contemplaron como incentivo para lograr que el sector privado contribuyera en la reducción de emisiones y alcanzar así los compromisos acordados. Pero no funcionan. En el caso de Madagascar, "no se ha adoptado ninguna solución para las comunidades afectadas, que han sido abandonadas a su suerte y obligadas a continuar con prácticas forestales destructivas, como la agricultura de tala y quema, la tala de árboles y la producción clandestina de carbón vegetal", recoge el informe.
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Llavero también identifica una serie de problemas con los mercados de carbono. En el caso del crédito generado por la construcción de plantas renovables, señala que no implica una sustitución de las centrales de carbón, de manera que no existe una reducción real de las emisiones. En cuanto a la protección forestal, pone de relieve que "la escala humana es muy distinta de la escala ecológica". Para que exista un impacto real de la reparación de bosques y selvas, indica que estos deben preservarse durante mucho más tiempo que el que normalmente se espera.
El presupuesto de carbono restante para limitar el calentamiento a 1,5ºC podría superarse antes de 2030
La investigadora del ODG también apunta que se trata de una "falsa solución" y se remite a los hechos: las emisiones están aumentando. Según el último informe de Global Carbon Budget, se prevé que las emisiones mundiales de CO2 procedentes de combustibles fósiles aumenten un 1,1% en 2025, alcanzando un récord de 38.100 millones de toneladas. Si la polución continúa a este ritmo, el presupuesto de carbono restante para limitar el calentamiento a 1,5ºC podría superarse antes de 2030. Por este motivo, ecologistas y expertos exigen medidas contundentes que garanticen la reducción real y efectiva de la contaminación, y no solo estrategias de flexibilidad que permitan al norte global desplazar su deuda de carbono.
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