La piqueta actuó con celeridad y firmeza en octubre de 2008 para derribar, durante la noche de un sábado, la cúpula de la cárcel de Carabanchel, todo un símbolo de la lucha antifranquista que el entonces gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero quería borrar del mapa.

Han pasado más de diez años desde entonces y los 172.000 metros cuadrados que ocupaba el centro penitenciario se han convertido en un páramo, donde los hierbajos y los escombros conviven entre la ruina y el olvido.

La cárcel, inaugurada en 1944, cerró definitivamente sus celdas en 1999 y el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de la época establecía que los terrenos servirían para construir 1.300 pisos de renta libre.

Fueron las luchas y las protestas vecinales desarrolladas durante casi una década las que hicieron posible la firma de un plan parcial que modificaba el PGOUM, para reducir a la mitad los pisos previstos y dotar a los distritos de la zona, Carabanchel y Latina, con una población de más de medio millón de habitantes, de un hospital de referencia.

Crisis de 2008

Pero llegó la crisis económica y financiera de 2008 y se cerró el grifo de las inversiones. Los vecinos paralizaron las movilizaciones y es ahora cuando han decidido retomarlas, con la convocatoria, este sábado 16 de marzo, de sendas marchas de vecinas y vecinos de los distritos de Latina y Carabanchel, una que partirá de la calle Valmojado, esquina Illescas, y otra desde la plaza de la Emperatriz, para confluir en la entrada de la antigua cárcel, en la avenida de los Poblados.

Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, ha explicado a este diario que estos actos de protesta pretenden hacer ver a las tres administraciones implicadas, el Ministerio del Interior, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que el proyecto futuro de la cárcel sigue pendiente y en la próxima legislatura tiene que tener una solución.

“La llave que puede hacer posible la construcción del hospital”, asegura, “es compartida, porque el dueño de los terrenos es el Ministerio del Interior, el planeamiento urbano depende del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad es la que debe dar el impulso principal y definitivo para que los 40.000 metros cuadros previstos para equipamiento sanitario sean una realidad”.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han destacado que la corporación apuesta por una dotación pública como un hospital, “que es la reivindicación de los vecinos desde hace décadas. En cualquier caso es uno de los temas que se trabajarán en la Oficina del Sudeste”, órgano encargado de impulsar una estrategia de desarrollo del sudeste con criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, y con el consenso con las asociaciones vecinales.

Dardo a Carmena

En este sentido, el portavoz vecinal de Carabanchel Alto ha lanzado un dardo al equipo de gobierno presidido por Carmena. “Este ayuntamiento”, precisa, “ha caído en el defecto de concentrar todos los proyectos estrella en el centro de la capital, como es el caso de Madrid Central. Está muy bien peatonalizar un sector de la Gran Vía, pero ¿qué se ha hecho de ese tipo de cosas en la periferia? Nada. A la hora de recaudar todos pagamos impuestos por igual, pero a la hora de invertir y hacer cosas no somos tan iguales”.

En opinión de Casas, no tiene sentido tampoco que el ministerio se haya reservado la mitad del terreno de la antigua cárcel para la construcción de 350 pisos porque en la zona ya hay muchas viviendas y un buen número de ellas están vacías.

“Nosotros queremos que todo el terreno sea para equipamientos sociales. El ministerio se ha reservado esa superficie para especular y sacar dinero y para construir una Escuela Penitenciaria y una sede para los archivos. Dado que la zona tiene una alta densidad de población, esos equipamientos penitenciarios podrían ir a otra parte de la ciudad, ya sea a las afueras o a alguna población limítrofe”, subraya.

Otra de las demandas vecinales, según Casas, es el desmantelamiento del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que ocupa el lugar del antiguo hospital penitenciario, para crear un centro dedicado a la memoria histórica.

La cárcel de Carabanchel, escenario habitual de muchos rodajes cinematográficos de las últimas décadas, era el destino habitual de los presos políticos y sociales en la etapa de la dictadura franquista.

Sus celdas y barrotes albergaron a numerosos políticos, sindicalistas e intelectuales de la época. Entre ellos figuraron Marcelino Camacho, fundador del sindicato CCOO; Nicolás Redondo, exsecretario general de la UGT; los militantes comunistas Simón Sánchez Montero y Ramón Tamames; el exministro de Economía socialista Miguel Boyer; el humorista Miguel Gila y el filósofo Fernando Savater.