Una marcha solidaria, a la que se han incorporado más de cincuenta organizaciones, entidades y partidos políticos, recuerda hoy a los 15 inmigrantes subsaharianos que murieron en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos, en un caso que acaba de ser reabierto judicialmente.

La denominada IV Marcha por la Dignidad, convocada por la asociación Pedagogía Ciudadana y secundada por multitud de organizaciones, recorre unos tres kilómetros desde el centro de Ceuta hasta la playa del Tarajal, donde ocurrieron los hechos.

La marcha coincide con la reapertura judicial del caso por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, que ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad que continúe con la investigación abierta sobre un caso que ha alcanzado un interés nacional e internacional.

El próximo 6 de febrero se cumplen tres años de uno de los sucesos migratorios más graves registrados en Ceuta, en El Tarajal, donde murieron 15 inmigrantes subsaharianos en un intento de llegar a nado a territorio español, en el que 16 guardias civiles estuvieron imputados y posteriormente fueron exculpados.

El 15 de octubre 2015, el Juzgado de Instrucción 6 de Ceuta exculpó a los 16 guardias civiles imputados en este caso. De acuerdo con el texto del auto, los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las peticiones de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil.

El suceso se produjo el 6 de febrero de 2014, en la frontera de El Tarajal, cuando una avalancha de unos 250 inmigrantes provocó la muerte de quince de ellos, la práctica totalidad, ahogados. Según denunciaron los inmigrantes, los agentes de la Guardia Civil les dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos mientras se hallaban en el agua.

En un primer momento esta versión fue negada por el delegado del Gobierno en Ceuta y el director de la Guardia Civil, pero posteriormente el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz reconoció en el Congreso que sí se habían producido esos lanzamientos, aunque "lejos" de donde estaban los inmigrantes.

Meses más tarde el 6 de febrero de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó la competencia de ese tribunal para investigar la tragedia y devolvió la causa a un juzgado de Ceuta. El magistrado expresó el rechazo en un auto fechado el 29 de enero y siguiendo el criterio de la Fiscalía.

El 9 de febrero, el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, aseguró que los inmigrantes fallecieron "apelotonados y pisoteados entre ellos" y que no se puede culpar de nada de lo sucedido a la actuación de la Guardia Civil. Dos días después, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, imputó a 16 guardias civiles.

Desde Interior, el ministro Jorge Fernández Díaz,expresó su apoyo a los 16 guardias civiles imputados. Y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), también trasladó su "apoyo" a los agentes de la Guardia Civil.

El 3 de marzo los dieciséis guardias civiles comenzaron a prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta y la jueza encargada, María del Carmen Serván, decretó el sobreseimiento del caso siete meses después.

El 20 de octubre de 2015, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta contra el sobreseimiento de esta causa.