El Sáhara Occidental espera con ansia una nueva sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) sobre el acuerdo comercial entre Marruecos y la UE. La postura que adopte Estrasburgo podría suponer un reconocimiento directo de la soberanía del pueblo saharaui sobre sus propios recursos naturales, expoliados de manera ilegal por el reino alauita en forma de grandes colonizaciones agrarias y pesqueras.

Manuel Devers, abogado del Frente Polisario ante la Unión Europea, espera una decisión favorable para los intereses del pueblo saharaui, lo cual sería también beneficioso para las arcas europeas. "La Comisión Europea recuperaría así sus derechos de aduana sobre agricultura, lo que representaría unos 6,6 millones de euros anuales. En la cuestión pesquera, la cifra se sitúa en los 30 millones de euros al año", según explicó el letrado en una charla con actores sociales españoles y miembros del pueblo saharaui. "Son cuestiones que también deben interesar a los ciudadanos europeos. Es dinero que está faltando en las cajas de la UE".

A ello se deben sumar otros 52 millones de euros que la Unión Europea acordó pagar cada año a Marruecos para poder faenar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, donde se producen el 90% de las capturas. Este pacto se realizó en julio de 2019 a pesar de que el propio TJUE había advertido que los acuerdos pesqueros no podrían suscribirse a los territorios legítimos del Sáhara.

El Frente Polisario tiene grandes expectativas en el posicionamiento que pueda tomar la corte europea, pues de alguna forma se abriría la posibilidad de que Europa reconozca a los representantes del pueblo saharaui como interlocutores legítimos sobre sus recursos. No sería, sin embargo, la primera vez que Bruselas tuviera que establecer nuevos acuerdos comerciales con territorios ocupados. Tanto es así que la UE tiene pactos comerciales con Palestina vigentes desde 2012 para importar productos agrícolas y pesqueros desde la costa gazatí. Además dispone de otros tratados similares con regiones marcadas por conflictos de ocupación como Georgia o Ucrania.

"Cuando pensamos en el Sáhara Occidental siempre tenemos la comparación con Palestina desde el punto de vista jurídico. Si privamos a las colonias israelíes de beneficiarse del desarrollo económico, sabemos que la ocupación no seguiría siendo igual", ha advertido Devers.

La agricultura y su papel colonizador

"Está en juego el Derecho Internacional", apuntaba Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, en un encuentro virtual hace unas semanas. "Mientras no se solucione el conflicto, el pueblo saharaui seguirá siendo el dueño de sus recursos y cualquier decisión que afecte a estos debe contar con su consentimiento". Sus palabras muestran la relevancia que tiene la explotación ilegal de las tierras y las aguas por parte de Mohamed VI, quien utiliza la agricultura, no sólo como negocio para su reino, sino como un mecanismo de asentamiento de colonos marroquíes en zona ocupada.

El ejemplo más paradigmático es la región saharaui de Dakhla, donde Mohamed VI ha formado un emporio agrario destinado a la exportación de tomates y melones. Estos productos se envían directamente a la región marroquí de Souss Massa, donde se juntan con otras hortalizas y frutas que sí han sido producidas en el territorio nacional para, después, ser vendidas a Europa. Según una investigación de la organización Mundubat, hasta el 14% de los tomates que Marruecos exporta a la UE proceden de plantaciones ilegales en el Sáhara. Pese a ello, son vendidos a los países europeos con la etiqueta de origen marroquí.

El comercio con estos productos permiten a la monarquía alauita legitimar su ocupación gracias a la atracción de inversores europeos, pero también se convierten en una forma de asentar población marroquí en territorio saharaui. Las explotaciones agrícolas, según denunció la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, dan 14.000 empleos directos en Dakhla, pero ninguno de estos puestos de trabajo están cubiertos por población saharaui.