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Menores tutelados Madrid Informes falsos, ocultamiento de positivos y vulneración de derechos laborales en un piso de menores tutelados en Madrid

El sindicato CNT ha denunciado ante Inspección de trabajo las condiciones en las que desempeñan sus funciones las técnicas de integración social en el piso gestionado por Grupo Educativo. Además del cese del trato denigrante hacia los menores usuarios, exigen que se respete su profesionalidad y no se vea enturbiada por las acciones de las coordinadoras.

Alberto Reyero observa a Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz-Escudero, en el pleno de la Asamblea / EFE
Alberto Reyero observa a Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz-Escudero, en el pleno de la Asamblea / EFE

Lo que ocurre puertas para dentro del piso de menores tutelados sito en la madrileña localidad de Tres Cantos ha dejado de ser un secreto. CNT Comarcal Sur Madrid denuncia la situación en la que se encuentran las trabajadoras, a las que se falsean informes, se les oculta información y se obliga a realizar funciones fuera de su categoría laboral de técnicas de integración social, como limpiar o cocinar, una información de la que ya disponen en Inspección de trabajo. El servicio externalizado por parte de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid está gestionado por la Fundación Grupo Educativo- GE Escuela de Ocio, que ya se vio salpicado por un caso similar hace tres años y que denunciaron desde el sindicato Co.bas.

El testimonio de una de las trabajadoras contratada como técnica de integración social que prefiere mantenerse en el anonimato por posibles represalias aporta algo de luz a lo que ocurre en el piso donde conviven, actualmente, diez adolescentes tutelados. "Yo entré a trabajar por la emergencia de la Covid, y al principio todo iba bien. Al poco tiempo, empezamos a ver que desde el centro estaban enviando informes con nuestra firma pero que nosotras no habíamos escrito a la Comunidad con un nivel máximo de manipulación, con juicios muy graves hacia los menores", comienza a relatar la trabajadora.

"En uno de los informes se llega a acusar a un chaval de que abusaba de sus compañeras, algo totalmente falso ya que de ser cierto lo hubieran puesto en conocimiento de la Fiscalía de menores. Además, hablamos con las chicas y estaban flipando, sobre todo porque alguna procede de familias en las que sí que se habían cometido abusos", explica la integradora social. Según su relato, el racismo también tiene cabida en el piso de menores ya que "a los chavales de origen extranjero no occidentales, sobre todo marroquís, no les atienden todas sus necesidades básicas". Además, el discurso de odio no solo está ligado a la raza, sino a la orientación sexual: "La coordinadora ha llegado a decirles "putos negros" o que no va a tolerar mariconadas cuando entró al piso un chaval gay", en los propios términos de la trabajadora.

Amenazas constantes a los menores

Una de las cuestiones más importante es la falta de profesionalidad que tienen las coordinadoras, que dirigen a las técnicas, con los chavales. "Se toman la intervención con el menor como algo personal. En lugar de trabajar desde la mediación ante cualquier conducta censurable, ellas lo ven como un ataque. Funcionan con amenazas, como que no les van a dar la paga que les corresponde, que no irán a un piso de mayores, que les van a quitar la tutela o dejar en la calle", continúa la técnica de integración no sin antes remarcar que nadie justifica dónde va el dinero que les quitan de sus pagas como castigo. "Los chavales han estado semanas sin nada en la nevera para comer y a los musulmanes les costaba encontrar algo que no llevara cerdo", explica remarcando lo difícil que es desempeñar sus funciones en un entorno "súper violento".

Cuestión aparte es lo sucedido con un positivo en coronavirus dentro del propio piso: "Vimos cómo una de las coordinadoras se dio de baja en plena pandemia sin motivo. Todos habíamos estamos en contacto con ella y observamos que en los informes que se envían a la Comunidad de Madrid quedaba constancia de que la baja era debido a un contagio. Nunca se nos comunicó lo sucedido ni se nos ha hecho prueba alguna", comenta la integradora social.

La Fundación Grupo Educativo ha declinado responder las preguntas de Público mientras la Consejería de Políticas Sociales y Familia, de quien dependen los pisos de menores tutelados, tampoco ha respondido a los requerimientos de este medio.

Financiado con dinero público

En torno al terreno puramente laboral, las infracciones también se presentan fragrantes, según indican desde CNT. Más allá de que hay personal sin la titulación pertinente para desarrollar sus funciones como educadoras, tal y como apunta la trabajadora del centro, Mario Aragón, secretario de Acción Sindical de CNT Comarcal Sur, agrega que se está incumpliendo el pliego de externalización del servicio por parte de la Comunidad: "Es muy parecido a lo que pasa en todos los trabajos, pero aquí más sangrante porque se financia con recursos públicos. Tendría que ser la Administración quien velara por el cumplimiento de la normativa laboral y el grado de calidad de los servicios que ofrecen con dinero público".

Aragón desarrolla las consecuencias de falsear los informes que escriben las técnicos de integración social: "La información que envían a la Comunidad acaba haciendo que los chavales no puedan acceder a pisos propios o se les medicalice. Por ejemplo, si en el informe ponen que hay uno que lanza sillas contra la pared durante cuatro meses seguidos, seguramente le trasladarán a salud mental. ¿Quién gana ahí? Depende de lo que justifique su salida del centro, pero si va a salud mental la Fundación Grupo Educativo puede seguir cobrando por él sin tener que mantenerle en el piso", narra el sindicalista.

La empresa no responde a los trabajadores

"Tienen a los chavales en una especie de guardería, en lugar de desarrollar conjuntamente un proyecto de intervención social", remarca Aragón. Él mismo cuenta cómo desde la central anarcosindicalista han solicitado una reunión con la dirección de la empresa, aunque no han recibido respuesta en tres semanas: "En esa misma comunicación les dijimos que si no nos contestaban tomaríamos las medidas necesarias para que cambiara la situación, así que lo hemos denunciado ante Inspección de trabajo. También nos hemos puedo en contacto con la Consejería y estamos valorando denunciar los hechos ante la Fiscalía de menores", agrega Aragón.

Y la trabajadora añade: "Estamos dispuestas a llegar a donde haga falta. Más allá de nuestras condiciones laborales, pedimos una respuesta a la situación de los menores. Queremos que todos los chavales salgan de ese piso con algo, no desmotivados y sin herramientas de huir de ese ciclo insano del que proceden. Queremos hablar por ellos, que son menores, porque no tienen voz de ningún tipo", concluye.

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