La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha enviado este lunes un "mensaje de alerta" ante los posibles casos de violencia machista en estas Navidades, cuando aumenta el riesgo para las mujeres que conviven con su maltratador. 

"La violencia machista es esa otra gran pandemia silenciosa y quiero pedir a las instituciones y a la ciudadanía que se impliquen. Vienen las Navidades y, como toda época en la que aumenta la convivencia con el maltratador, estamos ante un aumento del riesgo", ha alertado la titular de Igualdad.

Montero ha lanzado este mensaje en una rueda de prensa para anunciar que, a partir del 1 de enero de 2022, España se convertirá en el primer país de Europa en poner en marcha un sistema de contabilización de feminicidios que abarca también los asesinatos machistas cometidos fuera del entorno de la pareja o expareja.

Desde el año 2003 nuestro país recopila los datos de todos los asesinatos de mujeres que ocurren en el ámbito íntimo de las mujeres (los cometidos por sus parejas o exparejas) y desde el año 2013 también los asesinatos de los hijos de éstas por sus padres o las parejas de sus madres, al ser considerados víctimas directas de la violencia de género. Sin embargo, otros asesinatos ocurridos en esos mismos actos, como los asesinatos de hermanas, madres, amigas... que estaban en ese momento con la víctima no suben a las estadísticas. 

Tampoco lo hacen las mujeres que han sido asesinadas por violencias sexuales, como ha sido el caso de Diana Quer o Laura Luelmo o los feminicidios familiares en las que los asesinos no son la pareja, sino otro miembro de la familia o las mujeres que son asesinadas por desconocidos y donde el contexto indica que se trata de un asesinato por motivo de sexo. 

Pero a partir de enero del próximo año, esto comenzará a cambiar. Igualdad lleva un año trabajando en cómo recopilar los asesinatos de otras violencias machistas a las que está obligado por el Convenio de Estambul que nuestro país ratificó en el año 2014. 

Así, según ha informado Igualdad, se empezarán a recoger los asesinatos bajo nuevas categorías. Uno de los nuevos registros serán los feminicidios sexuales, es decir, aquellos realizados por individuos que no tengan vínculos de pareja ni familiares con la víctimas, como el caso de Luelmo y Quer. Pero también todos aquellos contemplados en la ley de garantía integral sobre la libertad sexual  (más conocida como la ley del solo sí es sí) que actualmente se debate en el Parlamento: los relacionados con la trata con fines de explotación sexual, o prostitución, explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzado.

Otra categoría serán los feminicidios familiares, cometidos por hombres del entorno familiar de la víctima, con relación de parentesco con la misma o por crímenes de honor. Un tercera categoría será los feminicidios sociales, es decir, los asesinatos de una mujer por una agresión de carácter no sexual cometida por parte de un hombre con el que la víctima tenía relación de pareja ni familiar (vecino, compañero de trabajo, amigo, empleador...). Por último se han añadido los feminicidios vicarios (el asesinato de una mujer o de sus hijos e hijas menores de edad por un hombre, como instrumento para causar perjuicio o daño a otra mujer).

Igualdad ha afirmado que los feminicidios por violencia de género, es decir, los que se registran actualmente en el ámbito de las relaciones íntimas de las mujeres, se seguirán registrando de la misma forma que hasta ahora para no romper el historial estadístico. Se trata de la violencia más extendida y más estudiada. España es el país que más datos tiene sobre estos feminicidios recopilados a lo largo de los últimos 18 años, lo que ha permitido tener un cuerpo de información que ha permitido poner en marcha políticas públicas específicas para este tipo de violencias. 

Conocer los delitos y diseñar políticas públicas

Tal como afirman fuentes de Igualdad, el objetivo último de esta recopilación de datos es tener una visión de global del impacto de estas violencias, pero sobre todo, entenderlas, analizarlas y que sirvan para implementar políticas públicas para prevenirlas. 

Sin embargo, fuentes de Igualdad han afirmado este lunes que estos datos, si bien se comenzarán a sistematizar desde el primero de enero de 2022, no estarán disponibles al público hasta pasados unos meses. Es necesario primero "engrasar" esta maquinaria que supondrá la implicación de distintos ministerios e instituciones del Estado. 

Igualdad ha lanzado este anuncio después de unas semanas especialmente duras. Si se confirman los dos últimos asesinatos machistas, sólo en lo que va de mes habrían sido asesinadas cinco mujeres y la hija de una de ellas.

Además, en dos de los casos los asesinos tenían órdenes de alejamiento de las mujeres que mataron. Esto hizo que Montero reconociera que, en el caso confirmado en Cantabria, "el sistema había fallado". "Es evidentemente" un fallo del sistema que tanto el Gobierno como el poder judicial deben analizar, abundó la Delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, este lunes. La mujer había denuciado y su pareja tenía una orden de alejamiento que se saltó en más de una ocasión, sin que fuera detenido. 

Desde principios de este año han sido asesinadas por la violencia machista un total de 42 mujeres y seis menores. Entre el pasado jueves y este domingo, un total de cuatro mujeres y la hija de once meses de una de ellas han sido asesinadas en Cantabria, Alicante y Girona. Una suma que sitúa los asesinatos de género de mujeres en 1.124 desde que existen cifras oficiales y que se cobró la vida de 45 menores a manos sus padres o las parejas de sus madres. 

Los "fallos del sistema" han espoleado al equipo que dirige Irene Montero a revisar los protocolos y la coordinación con las distintas instituciones del Estado. En julio pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Mejora y Modernización de las actuaciones contra la Violencia de Género, tras una alarmante sucesión de asesinatos por violencia de género en los meses de mayo y junio. Tal como afirmó la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez esta lunes, "nos encontramos con protocolos que no se habían revisado en más de una década". El Gobierno inició la revisión de algunos de ellos, como un protocolo común para el cribado de la violencia de género en la Sanidad, documento que fue aprobado el pasado mes en una reunión sectorial de Salud, pero que aún no se ha puesto en marcha. 

 La ministra de Igualdad ha afirmado, además, que la colaboración de toda la ciudadanía es clave para acabar con esta violencia. "Cualquier persona que crea que hay una mujer que pueda estar viviendo una situación de violencia, que le tienda la mano, que le ayude a llamar 016, a ir a una asociación feminista, que le ayude a encontrar el centro de atención a la mujer más cercano, a acudir al médico de cabecera, instituto o persona que pueda ayudarla en el acceso a sus derechos fundamentales", ha añadido Montero durante la rueda de prensa.

"Es valiente que el Estado reconozca la violencia institucional"

Hace unos días, la Relatora de Naciones Unidas contra la violencia hacia la mujer hacía público un comunicado en el que pedía a España explicaciones por la violencia que sufren muchas madres en el sistema de Justicia cuando denuncian violencia de género o abusos sexuales de sus hijos e hijas a manos de sus padres. En una comunicación con Público, fuentes de la relatoría afirmaron que existe un "patrón estructural" en el sistema de Justicia española, que desprotege a los menores y culpabiliza a las madres.

Este lunes, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, reconoció que es necesaria y "valiente" la autocrítica y adelantó que la delegación analizará este "patrón" en un informe que realizará en 2022 y que analizará la utilización en los juzgados del falso Síndrome de Alienación Parental y sus consecuencias. Una medida, afirmó Rosell, a la que se comprometió en una reunión con un grupo de madres protectoras con las que se reunió hace un par de semanas.