La condena a Carmen Marín, fundadora y expresidenta de Parque Animal, por el sacrificio “masivo” e “indiscriminado” de miles de perros y gatos en la perrera de Torremolinos, es un caso único de maltrato animal porque supone la primera vez en España que alguien entra en la cárcel por este tipo de delitos. Pero detrás de los brutales actos que han llevado a Marín a prisión existe un modelo de gestión de las mascotas perdidas y abandonadas que en muchos casos termina propiciando la crueldad con estos animales. Las protectoras tienen claro que la sentencia a Carmen Marín es la primera, pero ni mucho menos la única.

“No hay lugar a dudas de que existen otros casos similares porque esto se ha convertido en un gran negocio. Pero poder probar el maltrato es muy difícil porque los perros y los gatos no hablan. Hay que esperar a que alguien de dentro se atreva a denunciar”, dice en conversación con este diario Nacho Paunero, presidente de la protectora El Refugio, que ejerció de acusación popular en el juicio contra Marín.

La organización ha emprendido también acciones legales por maltrato contra otras perreras, como la de Puerto Real (Cádiz), que fue clausurada tras una investigación, y a la que acusan de sacrificar animales de forma “indiscriminada” con Mioflex, un paralizante muscular más barato que otros eutanásicos y que provoca una muerte más lenta y dolorosa. El juez absolvió a los acusados en septiembre de este año, pero El Refugio ha recurrido la sentencia. También se ha emprendido un procedimiento penal contra la perrera de Vinaròs, que recoge animales de más de 50 municipios en la Comunidad Valenciana, tras una denuncia de la asociación.

En la lista de otras perreras denunciadas ante la justicia por maltrato están la de Olivenza (Badajoz), o las de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Getafe o Alcorcón, en Madrid.

“Hay un grandísimo problema y para nosotros las grandes responsables son las administraciones, porque no hacen controles o son muy poco rigurosas”, señala por su parte Eva Fornieles, coordinadora del área de animales domésticos de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA).

"Que cobren por llevar un animal abandonado suele ser un mal síntoma"

La ley estipula que son los ayuntamientos los que deben hacerse cargo de los perros y gatos abandonados en una localidad, un servicio que por lo general los consistorios adjudican mediante concesión a asociaciones protectoras o a empresas privadas con ánimo de lucro. Los adjudicatarios reciben subvenciones por parte de las administraciones por hacerse cargo de los animales y algunas, como en el caso de Parque Animal, exigen un pago por cada mascota que entra. Aunque las protectoras normalmente mantienen a los animales hasta que pueden darles una salida, la normativa –salvo en Madrid y Catalunya- permite que sean sacrificados si en el plazo de 10 días nadie los reclama o adopta. Este sistema propicia que, en los casos en los que se busque un lucro con la actividad, se terminen sacrificando un buen número de animales para dar cabida a nuevas entradas.

“No digo que todas actúen mal, pero que cobren por llevar un animal abandonado suele ser un mal síntoma”, dice Paunero. “Nosotros somos partidarios de municipalizar los servicios de acogida y de prohibir el sacrificio de animales abandonados, como han hecho Madrid y Catalunya”, añade.

Fornieles defiende que hay empresas privadas que hacen un buen trabajo, pero denuncia el intrusismo y un sistema de concesiones que beneficia al mejor postor.

"Cada vez hay más empresas en el sector de la acogida que no tienen que ver con la protección de animales"

“Cada vez más se están introduciendo en el sector de la acogida empresas que no tienen que ver con la protección de animales. Se están presentando empresas que están tirando los precios. Mantener a un animal cuesta un dinero, y no entendemos cómo hay empresas que están presentando unos presupuestos que son del todo insuficientes para darles una alimentación buena y una atención veterinaria suficiente”, afirma.

Fornieles apunta también a que hacen falta mayores inspecciones a los centros de acogida y denuncia que en Catalunya, donde sí está prohibido que las perreras sacrifiquen a los animales abandonados, se están cometiendo irregularidades.

“Sabemos de centros que tienen convenios con muchos municipios y que cuando visitas las instalaciones resulta que albergan a muy pocos perros. Sospechamos que se hacen sacrificios ilegales. Cuando pedimos el libro de registros lo tienen desactualizado, y esto sólo les supone una infracción leve”, señala.