Noruega se ha convertido en el primer país del mundo el aprobar la minería submarina comercial. El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que permitirá buscar metales preciosos para la transición energética en aguas profundas, a pesar de que la ciencia y los colectivos ecologistas han denunciado los impactos ambientales de estas prácticas.

Según informa BBC, el plan de minería aprobado se circunscribe únicamente a las aguas nacionales, pero deja la puerta abierta a acuerdos para desarrollar la industria en aguas internacionales.

En cualquier caso, la propuesta legislativa permitirá a las empresas a solicitar la explotación de yacimientos en un radio de unos 280.000 metros cuadrados, un tamaño que abarca Reino Unido en el mapa. 

No obstante, las licencias de explotación se otorgarán bajo un control más estricto al que planteó inicialmente el Gobierno, ya que cada autorización deberá ser aprobada por el Parlamento de Noruega, además de requerir un estudio de impacto ambiental. 

Centenares de expertos, ecologistas y académicos vinculados al ámbito marino firmaron un manifiesto para alertar de los impactos de este tipo de minería. La pérdida de biodiversidad, la interrupción de procesos eclógicos que conectan ecosistemas, el vertido de sedimentos, toxinas y metales y la contaminación acústica son los factores que mas preocupan.

Environmental Justice Foundation también publicó un informe esta semana para alertar de los impactos de este tipo de minería y defender un modelo de transición energética respetuosa con el entorno. Greenpeace ha mostrado su rechazo al proyecto y habla de un "desastre para el océano y una vergüenza para Noruega".

También se ha movilizado WWF-Noruega, que ha acusado al Gobierno de "jugar de forma tan desconsiderada y arrogante con la naturaleza" y de "pasar por encima del conocimiento y apresurarse con el proceso sin resolver las dudas" que genera. La organización conservacionista Avaaz, por su parte, logró recoger más de medio millón de firmas para paralizar el proyecto de ley.

Pero no sólo el mundo académico y el ecologismo rechaza la ley. En noviembre, 120 legisladores de la Unión Europea enviaron una carta al Parlamento de Noruega para pedir que se rechazase el proyecto para evitar sus impactos en la biodiversidad marina.