Cuatro relatores Especiales de Naciones Unidas, han remitido una comunicación al Estado español exigiendo explicaciones sobre la situación de una madre y su hija a la que la Justicia habría desprotegido durante años aplicando el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) e ignorando el relato de madre e hija sobre los abusos sexuales hacia la menor por parte del padre.

La nota que se ha hecho pública este domingo, pero que fue remitida al Gobierno en noviembre pasado, hace referencia al caso de Diana García y su hija. Diana, víctima de violencia de género denunció a su expareja por abusar sexualmente de su hija y tras años de litigio, el juzgado acabó dando la custodia de la menor al padre, por entender que la madre "obstaculizaba" la relación paterno filial.

Estos expertos afirman estar "profundamente preocupación por la integridad física y mental de la madre y la niña" y por lo que "parece reflejar tendencias más amplias en el sistema de justicia español" que indicarían una interpretación discriminatoria de la legislación por parte de operadores jurídicos "basada en prejuicios y estereotipos de género".

Pero la nota va más allá, al expresar preocupación por el hecho de que estas discriminaciones se estén aplicando también por parte de los trabajadores de los equipos psicosociales de los juzgados. Esto tiene como consecuencias "atribuir un valor inferior al testimonio o argumentos de las mujeres como partes o testigos; la falta de credibilidad de las madres cuando denuncian abusos contra sus hijos e hijas; y la referencia o establecimiento de estereotipos de género que conllevan a una interpretación errónea o a una implementación defectuosa de la ley", afirma el escrito.

La comunicación a España está firmado la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y por el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Años de maltrato judicial

Diana García y su pareja comenzaron una relación sentimental en 2006 y sólo seis meses después empezaron las agresiones físicas, sexuales, psicológicas y
económica hacia la mujer, que fueron continuas hasta que la pareja se separó en 2019, explica el escrito. Él la amenazó de muerte en diversas ocasiones y que la quemaría. Esto fue denunciado por García en reiteradas ocasiones al teléfono de apoyo a la mujer y a la Policía. Las instituciones le ofrecieron apoyo psicológico y legal. 

Tal como relata el escrito, la violencia se extendió a la hija de ambos que nació en el año 2015. Cuando García manifestaba su intención de separarse, su expareja la amenazaba con matar y quemar a la niña, llegando a colgar a la menor en varias ocasiones por la ventana.

"A partir de agosto de 2017, la niña empezó a tener una serie de problemas de
salud, entre ellas infecciones y lesiones compatibles con un posible abuso sexual. La niña tenía miedo de estar con su padre y contó a su madre que su papá le hacía daño en el agujerito del ‘chichi’, refiriéndose a su vagina", recoge el escrito.

Entre esa fecha y 2020 existen diversas denuncias, tanto por parte de la madre como por parte del colegio de la niña, sobre posibles abusos sexuales relatados por la menor. En el año 2019, tras una denuncia de la madre, su expareja fue detenida y el informe de valoración policial del riesgo catalogó al situación como riesgo alto. Entonces el juzgado sobre la mujer número 3 de Madrid estableció una orden de alejamiento del hombre hacia la madre y le concedió a ella la custodia de la menor, pero mantuvo las visitas de la niña con el padre.

Preocupada por la continuación de los abusos hacia su hija, Garcia volvió a denunciar a su expareja, pero en esta ocasión el juzgado número 2 de Pozuelo de Alarcón denegó el alejamiento del padre de la niña. 

Diversas evaluaciones médicas y psicológicas realizadas por distintos especialistas corroboraron a lo largo de los últimos años la verosimilitud del relato de la menor y señalan que "los síntomas manifestados por la niña son compatibles con la presencia de antecedentes de ASI [abuso sexual infantil] y los narra de forma clara, rotunda y manifiesta".

El SAP hace su aparición: la custodia para el padre

A pesar de todos estos indicios, ​el 12 de marzo de 2021, el juzgado de Pozuelo archivó la investigación penal, afirmando que el relato de la niña no tenía verosimilitud. Los informes elaborados por los equipo psicosocial adscrito al juzgado y por la Guardia Civil, afirmaban que la niña había aportado un testimonio "incoherente e incongruente". Por este motivo, la sentencia de divorcio que se dictó en julio de 2021, acabó otorgando la custodia de la niña al padre y estableció para la madre un régimen de visitas. 

Tal como afirma el escrito, "en la sentencia, aunque se reconocieron los antecedentes de violencia de género contra la Sra. García se argumentó que esto no impediría que la custodia paterna fuera beneficiosa para la niña".

La ONU denuncia problemas estructurales sin resolver

El escrito recuerda que este no es un caso aislado. Que desde las relatoría de Naciones Unidas de se ha pedido explicaciones al Gobierno español sobre el uso de estereotipos de género en la justicia y concretamente sobre lo extendido del uso del Síndrome de Alienación Parental en al menos cuatro ocasiones. "Nos preocupa que, a pesar de ellas, los problemas estructurales referidos sigan presentes de diferentes formas".

Los expertos resaltas que si bien la Ley contra la violencia en la Infancia y la Adolescencia aprobada por el Parlamento en junio del año pasado, afirma prohibir la utilización SAP en los juzgados, "los razonamientos basados en la lógica subyacente al supuesto Síndrome de Alienación Parental seguirían en la práctica siendo aplicados en decisiones judiciales, puniendo a las madres que se perciben como impidiendo el contacto entre los padres y sus hijos e hijas". 

La comunicación recuerda que el Estado es responsable de los actos y omisiones de agentes estatales que constituyan violencia por razón de género contra la mujer. Señalan una interpretación errónea del principio del interés superior de los menores, vulnerando el articulado de la Convención de Derechos del Niño debido a la aplicación de estos estereotipos de género cuando hay indicio de violencia física y sexual contra la mujer y/o contra sus hijos e hijas.

También solicitan al Gobierno que se investigue, procese e imponga sanciones a las personas responsables de esta violencia y concluyen expresando su preocupación y la atención inmediata del Gobierno, junto con la
necesidad de que la opinión publica esté informada al respecto.

Hace apenas un mes otra comunicación firmada por ocho expertos de Naciones Unidas pedían a España "hacer más" para "proteger a los niños y las niñas en el sistema de Justicia". Fuentes de la Relatora Espacial contra la violencia hacia las mujeres afirmaron a Público que desde el año 2019 habían recibido más de 30 denuncias de madres que acaban sin la custodia de sus hijos tras denunciar violencia de género o abusos sexuales hacia ellos. Esta cantidad de denuncias "indica que existe un patrón estructural respecto del cual este órgano ha expresado repetidamente su preocupación", añadía esta fuente. 

En el escrito los expertos piden al Gobierno información detallada sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos de madre e hija y en particular su integridad física y mental. También preguntan por las medidas específicas han sido tomadas por el Estado para asegurar que los operadores de justicia, incluyendo los trabajadores sociales, implementen la legislación de forma no discriminatoria y sin recurrir a prejuicios y estereotipos de género, entre otras.

El Gobierno español ha respondido ya a esta comunicación, aunque aún su contenido no se ha hecho público. En ocasiones anteriores España se ha limitado a contestar enumerando las leyes que nuestro país ha aprobado en materia de Igualdad y de violencia hacia las mujeres y niños, pero no ha dado respuesta a los requerimientos de información concreta sobre los casos.