Síndrome de Alienación ParentalEspaña vuelve a responder con evasivas a los requerimientos de la ONU sobre violencia institucional

Nuestro país ha vuelto a responder con evasivas y lugares comunes a una petición de información urgente realizada conjuntamente por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y por el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de esta institución. El pasado 25 de septiembre pidieron explicaciones a España por aplicar el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) a Irune Costumero, una madre a la que en 2017 los servicios sociales de la Diputación Foral de Bizkaia le arrancaron a su hija de forma violenta cuando la menor tenía cinco años. La Diputación, sin ningún tipo de orden judicial, asumió la custodia de la menor y se la cedió al padre de forma provisional. Desde entonces madre e hija sólo se ven dos tardes por semana por espacio de cuatro horas.

En el escrito las representantes de la ONU realizaban seis preguntas concretas a nuestro país. Cinco específicas sobre el caso de Irune Costumero y una sexta que pedía incluir información más amplia sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para "garantizar la diligencia debida en los casos de violencia contra mujeres y niñas, así como para prevenir y combatir la violencia sexual" contra ellas. 

Entre las preguntas específicas sobre Costumero y su hija, la Relatora y el Grupo de Trabajo pedían información adicional sobre este caso; explicaciones sobre las medidas sociales y judiciales emprendidas por nuestro país para garantizar que madre e hija puedan estar reunidas tal como establecen los estándares de derechos internacionales y del bien superior del menor. También solicitaban información detallada sobre "investigaciones o pesquisas" que se hubieran llevado a cabo sobre estas víctimas [madre e hija]; que se detallaran las medidas adoptadas por el Estado para proteger los derechos humanos y la integridad física y moral de ambas, así como datos que arrojaran luz sobre qué apoyo había brindado el Gobierno en materia legal, psicológica y de atención a la salud. 

En el escrito las representantes de la ONU realizaban seis preguntas concretas a nuestro país

La respuesta del Gobierno, sin embargo, apenas ha entrado a comentar estas inquietudes. Hay sólo dos aspectos concretos en que la respuesta de nuestro país habla específicamente sobre Irune Costumaro y su hija y las respuestas generan más desconcierto que certezas. En el escrito a la Relatora, España afirma que la Audiencia Provincial de Bizkaia se ha pronunciado "estableciendo que la orden foral [por la que se le retiró la custodia a la madre] no resulta conforme a derecho ni a los estándares nacionales e internacionales de protección que exigen garantizar que la decisión sobre la separación de los niños y niñas la realice un órgano judicial". Añade que "los autos firmes de la Audiencia Provincial de Bizkaia han determinado la procedencia de un juicio criminal por prevaricación y lesiones psíquicas continuadas a la Sra. Costumero y a su hija". 

Pero a pesar de estos datos y del reconocimiento de posibles malas prácticas en las administraciones del Estado, la respuesta no da ninguna pista ni detalle sobre actuaciones del Gobierno o de los poderes públicos para corregir estas supuestas irregularidades. Costumero lleva más de tres años separada de su hija y denuncia que la menor tiene secuelas importantes debido a este maltrato institucional. El juicio hacia cuatro de los máximos responsables de los servicios sociales de la Diputación Foral de Bizkaia por arrebatarle a la niña lleva más casi un año parado y las decisiones no se han revertido.

El escrito explica a la ONU que las competencias a la atención integral sanitaria, social, psicológica y jurídica, así como la protección de menores de edad no son competencia del Gobierno central, sino que "recae en las Comunidades Autónomas, en este caso en el Gobierno Vasco" y que al Gobierno le corresponde una labor de vigía para que velar que en todos los territorios exista una aplicación homogénea de los estándares y recomendaciones de los derechos humanos. En este sentido, la respuesta afirma que en virtud de esta función la Delegación del Gobierno se reunió con Costumero para conocer su caso y que el Ministerio de Igualdad se puso en contacto con la Diputación Foral de Bizkaia para conocer los hechos. Esta reunión ocurrió poco después de que este diario desvelara que la ONU había pedido explicaciones a nuestro país en relación a este caso por la aplicación del SAP. 

En el resto del escrito el Gobierno hace hincapié en las distintas normas y leyes con las que España se ha dotado desde el año 2004 para proteger los derechos de las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, así como un amplio abanico de leyes que el Ejecutivo tiene previsto aprobar a lo largo de esta legislatura. Entre ellas, la ley de protección hacia la Infancia, que tienen un párrafo previniendo sobre la utilización del inexistente SAP. Pero ninguna de estas regulaciones que vienen alivian el calvario judicial que sufren Costumero y su hija.

La respuesta de España, va en línea con otras que ha realizado el Gobierno a la Relatora Especial de la ONU: una retahíla de avances legales, que parece más un corta y pega de medidas, que la voluntad de dar respuesta a la ONU a casos concretos que pueden suponer violencia institucional, o cuanto menos dejadez del Estado para solucionar la situación de madres y menores. España ya envió una respuesta similar ante la petición de la Relatora Especial sobre el caso de María Noel, una madre uruguaya cuya hija fue arrancada violentamente de la madre por una orden judicial que entregó la custodia al padre de la menor que había sido denunciado por abusos sexuales hacia la niña.

Tal como afirma Lydia Vicente, directora de Rights International en España, una organización de defensa de los derechos y libertades civiles, "estas respuestas deberían, cuanto menos, sacar los colores al Estado" y explica que, aunque es habitual que España responda con generalidades, esto no debería ser así.

"Si un Relator (...) se dirige al Estado pidiendo información o haciendo recomendaciones, el Estado debe de buena fe cumplir, porque ha aceptado las reglas de juego

"España es parte del sistema de la ONU, firma tratados, acepta la competencia de los Comités para resolver comunicaciones individuales, las reglas de los Grupos de Trabajo, de los Relatores, etc. Si un Relator, Grupo (procedimiento especial) o comité de tratado se dirige al Estado pidiendo información o haciendo recomendaciones, el Estado debe de buena fe cumplir, porque ha aceptado las reglas de juego. Si no lo hace demuestra que no está poniendo interés o que le importa bien poco, lo que es lamentable", explica Vicente.

Le deniegan la custodia compartida

La respuesta de España afirma, además, que la situación de "custodia material determinada por la administración no se ha revertido ante la jurisdicción civil", es decir, que la orden foral que le retiró la custodia sigue vigente, pero que "permanece pendiente el juicio de solicitud de medidas urgentes de protección de la menor", al amparo del artículo 158 del Código Civil.

Sin embargo, para cuando España envió esta comunicación a la ONU el pasado día 19 de enero, hacía 15 días que el juzgado de primera instancia de Familia de Bilbao había denegado la custodia compartida que solicitaba Costumero y se la cedió provisionalmente al padre de la niña, sin querer entrar en el fondo del asunto, es decir, si los servicios sociales habían actuado de forma justificada o no. La decisión de la jueza llega año y cuatro meses después de que Costumero solicitara medidas urgentes para proteger a su hija.

El sistema de Naciones Unidas se comunica con nuestro país a través de la Representación Permanente de España ante la ONU, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Este Ministerio es también el responsable de elaborar y hacer llegar la respuesta de los organismos y comités de dicha institución y del contenido final de las misivas entre el Gobierno y la organización multilateral. Este periódico ha consultado con Exteriores si para elaborar estas respuestas realiza algún tipo de investigación o consulta entre ministerios involucrados, como el de Igualdad o el de Justicia. Es evidente que en este caso ha habido algún tipo de comunicación, puesto que la respuesta incluye algunos datos judiciales, cosa que otras comunicaciones hacia la ONU no contenían.

Sin embargo la insistencia en listar las normas aprobadas en materia de igualdad y de violencia hacia mujeres y menores priva a la Relatora y al Grupo de Trabajo conocer los detalles de casos por los que se interesa en relación a posibles violaciones de los derechos humanos en nuestro país. La Relatora ya había recordado a España en su misiva las diversas veces que preguntó a España en relación a casos en los que se había aplicado el supuesto SAP, así como las recomendaciones que le realizó en el caso de Ángeles González Carreño, muchas de las cuales aun no se han aplicado. Hasta el cierre de esta información, ni el Ministerio de Exteriores, ni el de Igualdad respondieron a las preguntas de este diario sobre las acciones emprendidas para investigar los requerimientos de la ONU. 

Bildu pide la comparecencia de Costumero en el Congreso

El pasado día 18 de enero el grupo parlamentario EH Bildu pidió la comparecencia de Irune Costumero en dos comisiones del Congreso de los Diputados. Concretamente en la de Igualdad, Infancia y Justicia. Según explica la petición presentada por la diputada Isabel Pozueta, se trata de que pueda explicar ante dichas comisiones "las graves consecuencias de la falsa patología denominada Síndrome de Alienación Parental (SAP) que es en realidad otra forma de violencia machista, que se ejerce desde las Instituciones".