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Entrevista Irune Costumero: "Llevo tres años sin mi hija pero debo tener superpoderes para controlarla a distancia"

Se cumplen tres años desde que los servicios sociales de la Diputación Foral de Vizcaya le arrancaran a su hija. Desde entonces Costumero libra una batalla jurídica para recuperar su custodia. La cúpula de los servicios sociales debe sentarse en el banquillo, pero los juicios no arrancan.

Irune Costumero
Irune Costumero / M.K.

Marisa kohan

Este martes se cumplen tres años desde que la Diputación Foral de Vizcaya le arrancara a su hija de su lado de una forma traumática. El cuatro de agosto de 2017 Irune Costumero fue llamada a comparecer con su hija en la sede de los servicios sociales de la Diputación, sin ninguna explicación previa. Al llegar, un dispositivo de la Ertzaintza estaba esperando. Metieron a Costumero en una sala, le arrancaron a la niña de los brazos (entonces tenía 5 años) y le cerraron el paso.

Esta madre escuchó impotente cómo los gritos de su hija se iban alejando por los pasillo de esta institución, mientras el personal de los servicios sociales y la policía la retenía en una sala para leerle la orden. "En ella se decía que la Diputación foral de Vizcaya asumía temporalmente la tutela de la niña y le cedía provisionalmente ésta al padre. Yo no podía tener ningún contacto con ella durante un mes y luego ya se vería. Tardé tres meses en verla y la primera vez que la vi fue en un punto de encuentro vigilada", denuncia Costumero.

Desde entonces, sólo ve a su hija dos ratos, dos tardes por semana. Los únicos 'avances' que ha conseguido en estos tres años es que en lugar de que estos encuentros sean vigilados (primero en un punto de encuentro familiar, luego con un tutor) ahora se realizan sin vigilancia. Pero tres años después sigue sin tener derecho a pernoctas ni a días de vacaciones con la menor que ya ha cumplido los ocho años. No hay un motivo claro para este castigo. Hasta el momento del arrancamiento (como se denominan estas separaciones forzosas y traumáticas), Costumero y su expareja mantenían una custodia compartida semanal dictada por un juzgado. Todo cambió cuando una trabajadora social de la diputación de Vizcaya elaboró un documento afirmando que Costumero ejercía sobre su hija el Síndrome de Alienación Marental (un sinónimo del Síndrome de Alienación Parental -SAP-), una patología inexistente que es ampliamente utilizada en procesos judiciales para culpar a las madres y retirarles la custodia de sus hijos.

Dicen algunas expertas, como la psicóloga Sonia Vaccaro, que cuando este supuesto síndrome entra en juego, funciona como una bomba atómica en la credibilidad de las mujeres; la destroza hasta tal punto que cualquier cosa que hagan a partir de ese momento, sólo refuerza su desprestigio y las sospechas sobre ella.

Lo que diga la niña se utiliza contra la madre

El caso de Costumero ejemplifica a la perfección lo que ocurre con la credibilidad de las madres una vez que entra en funcionamiento este supuesto síndrome: cualquier cosa que ocurra, reforzará el síndrome de la mala madre
"Recientemente mi hija hizo una llamada de auxilio, un SOS, porque ya no aguanta más y quiere estar conmigo. Pero los servicios sociales respondieron culpándome a mí. Para la diputación yo soy la perversa", afirma Costumero en una entrevista a Público.

"El 13 de junio hablando con unas amigas, niñas de su edad donde pasaba unos días de vacaciones con los abuelos paternos, mi hija les relató su vida. Se atrevió a decirles lo que le había pasado, lo que demuestra sus ganas de hablar".

A lo que se refiere Costumero está recogido en un escrito del servicio de Infancia de Diputación de Vizcaya al que ha tenido acceso este diario. En él se recoge el testimonio de la madre de una de las niñas que relata lo que la hija de Costumero le relató a un grupo de conocidos mientras jugaban. "Mi abuelo es malo, le pilló a mi otro abuelo el pie con el coche". "Mi padre me ha secuestrado y no quiere que esté con mi madre. La policía la tuvo en un cuarto y por eso me llevaron con mi padre". "Mi abuela me insulta cuando no quiero comer y también es mala". "Mi padre le pegó a mi madre y tuvo que ir al hospital". "Mi padre me ha pegado a mí también de pequeña mi madre me tuvo que llevar al hospital". También, según el escrito de los servicios sociales, la niña relato que si se produce el juicio ella contaría todo lo que su padre ha hecho a su madre y que si el juez decide que ella tiene que ir con su madre, su padre la va matar". 

"Este relato es una llamada de socorro de mi hija. Sin embargo no ha despertado ninguna investigación ni seguimiento de la niña por parte de los servicios sociales, sino por el contrario, se ha traducido en un mantenimiento e incluso endurecimiento de las medidas de alejamiento de mí", denuncia Costumero.

Una orden foral de la diputación fechado el 21 de julio por el que se modifica el régimen de visita y emitida con posterioridad al relato de la menor, afirma "que desde que se adoptasen las medidas de protección y hasta la fecha actual, Dña Irune no ha mostrado conciencia de que el tipo de relación establecida con su hija compromete el adecuado desarrollo de la misma".

Y añade la valoración de los servicios sociales: "En la actualidad no se dan las circunstancias necesaria para ampliar el régimen de visitas" de la niña "con su madre, con garantías para el bienestar de la niña". De hecho, los servicios sociales han puesto sobre la mesa dar la custodia de la niña al padre en exclusiva.

"Llevo tres años prácticamente sin mi hija pero debo tener superpoderes para controlarla a la distancia, porque en lugar de valorar cómo está la niña, me culpan a mí de lo que dice y  hace. Nadie está mirando por el bien de la niña. Yo que no convivo con ella más que unas pocas horas dos días en semana y puedo hablar con ella por teléfono diez minutos una vez a la semana. Este castigo que soporto desde 2017 no parece tener fin". 

La cúpula de los servicios sociales en espera de juicio

La cúpula de los servicios sociales de la diputación de Vizcaya están a la espera de juicio. El pasado mes de febrero un juzgado de Vizcaya decretó la apertura de juicio oral contra los máximos responsables de los servicios sociales y de menores de Vizcaya en 2017, que se enfrentan a cinco años de cárcel y 15 de inhabilitación para ejercer cargo público por la retirada de la custodia de su hija a una madre.

El juicio, sin embargo no llegó a realizarse aún. "También está pendiente de resolución las medidas de protección urgentes que pusimos en octubre del año pasado, que incluía informes de forenses que atestiguan que la niña tiene daños psíquicos por toda esta situación que está viviendo, que le ha cambiado el carácter", afirma Costumero. 

Entre imputados se encuentra la entonces cúpula de los servicios sociales de la diputación varios de los cuales siguen tomando decisiones en relación a la hija de Costumero, como es el caso de Sergio Murillo Corzo, director general de Promoción de la Autonomía personal de la Diputación (hoy ascendido a diputado Foral de Acción Social, a pesar de los cargos que pesan sobre él). El resto de imputados son Maika Urutxurtu Cueva, trabajadora social de dicha institución; Antonia Giner Cucarella, jefa de sección de Recepción, Valoración y Orientación y Consuelo Alonso Vergara, jefa del servicio de Infancia.

El pasado mes de enero, las Juntas Generales de Vizcaya aprobaran por unanimidad revisar los instrumentos por los que se aplica el SAP y exigir a la diputación que revisará el efecto que ha podido tener uno de los indicadores que utiliza en la valoración (llamado Balora) en la instrumentalización de los menores en casos de conflicto entre los progenitores. El parón por el estado de alarma del coronavirus y la falta de acción de la diputación en este y otros casos similares, ha tenido como consecuencia que nada se haya movido. 

"Después de tres años sin mi hija no hemos conseguido tener un juicio aún, lo que ya es significativo. Porque la diputación se ha encargado de retrasarlos. Su forma de actuar consiste en presentar folios y folios de expedientes el día anterior a un juicio como forma de paralizarlo y conseguir que se prorrogue". 

"Me estoy perdiendo su infancia antes de que el juez diga algo. Tenía 5 años cuando me la arrancaron  y ya tiene 8. En todo este tiempo no se ha modificado una resolución que es injusta, dictada sin el consentimiento de un juez y ella sigue más desprotegida que nunca", concluye Costumero.

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