Diferentes organizaciones y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos se han mostrado decepcionadas y contrariadas ante el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que avala las llamadas devoluciones en caliente de migrantes.

Una de las reacciones con más peso ha sido la del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), que fue tercera parte en la revisión de la condena contra España en 2017 y participó en la vista ante la Gran Sala celebrada en 2018, aportó informes y documentación sobre la situación en Melilla para migrantes y refugiados y que ahora mira con preocupación este cambio de criterio del TEDH que colisiona con la Convención de Ginebra.

Acnur: "Va contra el principio de no devolución"

Según la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega,  estos rechazos sin garantías contravienen la prohibición de las expulsiones colectivas recogida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y  también "son contrarias al principio de no devolución" de la Convención de Ginebra que, recuerda, "es vinculante para todos los Estados firmantes y establece la obligación de no devolver a un lugar a cualquier persona cuya vida o integridad física pudiera correr peligro". La misma convención, insiste, dice que "no se puede penalizar a una persona por haber entrado de forma irregular a un territorio cuando viene buscando protección".

Según el TEDH, "la falta de un estudio individualizado" de cada caso antes de expulsar a nadie, como obliga el Convenio Europeo de Derechos Humanos, "podía atribuirse al hecho de que los solicitantes no habían utilizado los procedimientos oficiales de entrada existentes para ese fin, y que, por lo tanto, [la expulsión] había sido una consecuencia de su propia conducta", ya que podían haber recurrido para pedir protección internacional por vías legales en los puestos fronterizos, las embajadas o consulados.

"Hemos constatado a lo largo de los años que llevamos trabajando en Melilla que las personas subsaharianas tienen muchas dificultades para aproximarse al punto fronterizo", insiste Vega, que asegura que, en el caso de embajadas y consulados, tanto sólo ha habido pocos casos en los que han servido para una entrada legal y siempre por cuestiones de reagrupación familiar.

"Desde Acnur continuaremos trabajando con autoridades españolas para que haya un mecanismo operativo en las fronteras que permita que las personas puedan acceder a procedimientos de asilo justos y eficaces", ha asegura la portavoz. Vega insiste en que el control de fronteras tiene que ser "respetuoso con con las obligaciones de los Estados ante la legislación nacional, internacional y europea, y proteger a los solicitantes de asilo y a los refugiados.

CEAR: "Nos parece desalentador"

Una de las primeras organizaciones en reaccionar ante la decisión del TEHD ha sido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que también fue, junto a ACNUR, una parte tercera durante el proceso contra España por la expulsión de dos migrantes subsaharianos en la valla de Melilla en 2014. 

"Nos parece desalentador. Con todos los respetos a la Gran Sala, creemos que no han entendido nada de las cuestiones que planteábamos la parte demandante y también CEAR, que somos tercera parte en este procedimiento", ha manifestado a los periodistas la directora del Servicio Jurídico de esta ONG, Paloma Favieres.

El fallo sostiene que fueron los propios migrantes "los que decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español", por lo que "ellos mismos se pusieron en una situación de ilegalidad".

"Cuestionar que estas personas podrían haber entrado por un puesto habilitado, cuando es sobradamente conocido que, desde que se han instalado las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla, ninguna persona subsahariana ha podido acceder al puesto de seguridad de Melilla para realizar una solicitud de protección internacional, pues me parece desilusionante", ha señalado la letrada de CEAR.

"En CEAR creemos que (la futura sentencia del Tribunal constitucional sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, que amparaba estas prácticas) debe marcar otra manera de gestionar la frontera sur y no solo la frontera sur de Ceuta y Melilla, sino la frontera marítima y terrestre en todo el territorio español", ha añadido.

Oxfam: "Facilitar vías legales para personas migrantes"

Desde la ONG Oxfam Intermon también han cargado contra el fallo y destacan que el principio de no devolución y el derecho de asilo "son dos piezas fundamentales del derecho internacional y de derechos humanos" y que "las devoluciones en caliente no respetan estos principios". Según esta organización, "la solución no es realizar devoluciones en caliente, sino facilitar vías legales y seguras para las personas migrantes", por lo que piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que respete el principio de no devolución a pesar del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo".

Para Women's Link, se trata de una resolución "terrible que sienta un precedente nefasto para otros países europeos" y que va a tener un impacto específico en las mujeres migrantes, pues se van a devolver a presuntas víctimas de trata y solicitantes de asilo sin la oportunidad de ser identificadas o de solicitar protección.

En el Servicio Jesuita a Migrantes se han mostrado algo más optimistas al señalar que, aunque les preocupa que la sentencia no haya apreciado la violación de los derechos de los migrantes que demandaron a España, "hay elementos de interés sobre garantías de derechos humanos en frontera".

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado siente "estupor e indignación" por el "inédito" cambio de criterio del TEDH, que ha pasado a cargar "duramente contra las personas migrantes".