La plataforma hispalense contraria a las inmatriculaciones ha reclamado "deshacerlas" y que monumentos como la Catedral y la Giralda, declaradas Patrimonio Mundial en 1987, sean calificadas como bienes de dominio público a nombre de alguna de las administraciones públicas de manera compatible con los cultos. 

Así se ha manifestado ante el informe remitido por el Gobierno central al Congreso de los Diputados sobre los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica a su favor entre 1998 y 2015, la gran mayoría de ellos exclusivamente mediante una certificación eclesiástica (262 bienes en el caso de la provincia de Sevilla).

Guillermo Casellas, portavoz de la plataforma constituida en Sevilla para reclamar el listado de bienes "inmatriculados" por la Iglesia Católica a su favor pese a carecer de título de propiedad sobre los mismos, ha explicado que a los colectivos involucrados en esta empresa les ha costado "Dios y ayuda" convencer "al Gobierno y al Grupo socialista del Congreso" para llevarla a cabo, avisando de que la iniciativa ha quedado "en parte en agua de borrajas" al no ser cumplidos todos los compromisos "anunciados". 

Es decir, que por parte del Gobierno central sigue pendiente una "actuación seria" ante la Conferencia Episcopal para solucionar la situación que revela el mencionado "listado" de bienes inscritos a su favor por la Iglesia católica merced al mecanismo habilitado aquellos años por el entonces Ejecutivo central del popular José María Aznar, según ha dicho. 

Al respecto, Guillermo Casellas ha expuesto como ejemplo que la Catedral de Sevilla y su Giralda eran hasta entonces "bienes comunales", es decir "del pueblo, de nadie" en concreto y por ello "de todos", si bien tal calificación no ha de ser "confundida con la de bien de dominio público".

Valencia anuncia procesos legales

El Ayuntamiento de València ha pedido un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, que se acerca a la cuarentena de bienes. La mayoría son edificios religiosos, pero también hay viviendas, almacenes y dependencias complementarias.

En un comunicado, el alcalde, Joan Ribó, ha anunciado que no descarta iniciar los procesos legales correspondientes para recuperar estos bienes si alguno pudiera ser de carácter municipal. 

Dentro de esta lista se incluyen gran parte de las iglesias de la capital valenciana, entre ellas la Catedral, la iglesia de santa Catalina, la de Carmen o la del Temple y sus dependencias complementarias. También templos, ermitas y parroquias de pueblos como Borbotó, Mauella, Benifaraig, Carpesa o Cases de Bàrcena, junto a edificios, viviendas, almacenes, centros y dependencias complementarias. 

Ribó (Compromís) ha afirmado que el conocimiento de la lista de bienes inscritos por la Iglesia, "mediante una ley absolutamente intolerable que Aznar hizo en su día", ha permitido que la Iglesia pudiera inmatricular "sin control público adecuado". Esto abre la posibilidad de que el Ayuntamiento estudie el patrimonio en caso de que pueda existir algún bien de carácter municipal. 

Si fuera así, ha garantizado que se pondrán en marcha los procesos legales correspondientes para recuperarlos. "No se trata de los bienes de culto, pero evidentemente hay propiedades de distinto tipo que, en principio, no está clara su pertenencia a la Iglesia", ha recalcado, recordando "la herencia envenenada, una más, que nos deja el Partido Popular".

De los bienes inmatriculados inscritos, más de 900 están en la Comunitat Valenciana y cerca de 40 en València. Así se inicia la posibilidad de reclamaciones por parte de administraciones y particulares para dirimir la propiedad o el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La Generalitat Valenciana dice que trabajará para que los bienes "expoliados por la Iglesia" retornen a la ciudadanía

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha afirmado que desde el Gobierno valenciano se trabajará para que "los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica retornen a la ciudadanía valenciana".

"A partir de ahora --ha explicado la consellera de Calidad Democrática-- vamos a averiguar qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para las arcas públicas que es donde siempre debieron estar".

Para ello, la Conselleria de Calidad Democrática pedirá al Gobierno central que detalle cuáles de los 912 inmuebles autocertificados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana fueron arrebatados al patrimonio público.

La consellera Pérez Garijo ha recordado que en enero de 2020 "se solicitó al Ministerio de Justicia un listado de los bienes inmatriculados  por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público". 

Posteriormente, en el mes de julio, se envió una carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública adscrita al Ministerio de Justicia donde la Conselleria de Calidad Democrática pidió la información que ayer hizo pública el Gobierno central y que ha venido a confirmar la existencia de cerca de 35.000 bienes inmatriculados en toda España entre 1998 y 2015, de los cuales 912 se encuentran en la Comunitat Valenciana.

En la misiva, la consellera argumentaba que el fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles "ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de dominio alguno, mediante un procedimiento de autocertificación".

"Inconstitucionalidad"

De hecho, tal y como recoge el escrito remitido al Gobierno central el pasado mes de julio, entre 1996 y 2015 esta posibilidad de auto-certificación siguió manteniéndose a través de modificaciones legislativas en 1996 y 1998 "bajo preceptos que difícilmente pueden sostenerse a causa de su inconstitucionalidad".

Con la modificación de la Ley Hipotecaria en 1998 se permitió la inscripción de bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica con una certificación del órgano diocesano correspondiente, "lo que ha derivado en la privación a las valencianas y valencianos de la utilización de estos bienes inmuebles en todo este tiempo, además de perderse la rentabilidad patrimonial que hubiera podido derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas", afirma Pérez Garijo.

Desde la administración autonómica señalan que no es hasta 2015, con la aprobación de la Ley de 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho público la facultad de auto-certificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles.