"A pesar de la recuperación económica, hay personas que carecen de herramientas a su alcance para reconstruirse después de la pandemia. No hablamos de una crisis puntual, sino de lógicas estructurales". Éstas son palabras de Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, en relación al notorio incremento de personas atendidas en Servicios Sociales en esta ciudad. En 2021 atendió a 97.500 personas, un 10,36% más que en 2020 y un 22,5% más que en 2019. Este aumento progresivo denota que la covid está ensanchando las brechas sociales y enquistando la pobreza.

Aunque indicadores económicos más macro puedan demostrar una mejora, como por ejemplo los datos del paro o el PIB, esta realidad no se traslada a los hogares, donde se sufre de forma muy acusada el 9,8% de inflación que se registró a finales de marzo, la subida del precio de los suministros básicos o la ya histórica crisis de vivienda. "Impacta más el precio del kilovatio que beneficios puede tener la recuperación económica. Mucha gente está descendiendo de categoría social; hay parte de la clase media, sin vulnerabilidades previas y con un trabajo estable, que tiene problemas para pagar los servicios básicos", explica Mariama Sall, concejala de Personas, Comunidad y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Lleida.

Esta ciudad también está mostrando un incremento de personas atendidas en Servicios Sociales, pero de forma diferenciada al de la capital catalana. En cuanto a Lleida, en 2021 atendió a 22.300 personas, un 2,3% más que en 2020. Si bien el crecimiento es más modesto que el de Barcelona, hay que ver que en Lleida en el año de la pandemia se atendieron un 6% menos de personas que en 2019. Por tanto, la capital del Segrià, a pesar del crecimiento, todavía no ha recuperado el volumen de cuidados previo a la pandemia, pero esto no quiere decir que la situación de pobreza estructural haya mejorado.

"Los Servicios Sociales están sufriendo mucho. Y es que, aunque el repunte sea poco acusado, las personas que vienen no lo hacen hasta que no están en una situación extrema. La mayoría intenta tirar de red familiar y no acuden hasta que no están a las puertas de un desahucio", explica la concejala leridana. El estigma y la vergüenza de acudir a pedir ayuda hace que los profesionales no puedan hacer prevención y que los casos que atienden, si bien son menos que antes de la pandemia, son más graves.

Por otra parte, que Lleida viviera una bajada de personas atendidas en Servicios Sociales en 2020 no es ni un caso aislado ni una casualidad. Se explica en base a las medidas del escudo social que aprobó el Gobierno de España para hacer frente a la pandemia. Medidas como la moratoria de los desahucios hicieron que muchas personas dejaran de necesitar ayuda, pero eso no fue más que un parche. Muchas de estas personas han vuelto y, muchas de ellas con peor situación. "La pobreza se ha enquistado. Con cada crisis que pasa consolidamos la pobreza extrema, expulsando a gente de la clase media hacia unas condiciones socioeconómicas cada vez más desfavorables", asegura Sall.

Medidas estructurales

La mayoría de personas que acuden a Servicios Sociales lo hacen por problemas con la vivienda, con los suministros básicos o por una falta de ingresos estructural. Pero todas estas problemáticas no dependen del gobierno municipal, sino del estatal o el autonómico. "Desde los ayuntamientos no podemos implementar topes en el alquiler, mejorar el acceso al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), ni regular situaciones administrativas. Pero son cuestiones que afectan a la ciudadanía y a los Servicios Sociales se nos pide que hagamos de dique de contención, aunque no tengamos competencias", se lamenta Sonia Fuertes, del Ayuntamiento de Barcelona.

En esta línea también coincide el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que ya al inicio de la pandemia advertía que, una vez bajase la emergencia sanitaria, se vería más evidente el ensanchamiento de las grietas sociales. "Las instituciones no están llegando a la cobertura real de la pobreza estructural ni con el SMI ni la RGC y, ni mucho menos, con medidas puntuales como pueden ser las moratorias, que no atacan el origen de la problemática", dice el Síndic, que considera que, en ningún caso, hay menos emergencia social. "Necesitamos reformas estructurales que no estén determinadas por un contexto de crisis puntual, porque la pobreza no se acaba, sino que se enquista", añade.

Y es que otro de los datos que demuestran la gravedad de la situación es el número de usuarios nuevos en Servicios Sociales. En Barcelona, una de cada cuatro personas atendidas en el 2021 nunca lo había sido o hacía un año que no tenía que recurrir a ayuda. El caso de Lleida es similar y alertan de que han detectado muchas personas que no atendían desde hacía cinco años. "Son aquellas que se consiguieron recuperar de la crisis del 2008, que salieron adelante, pero ahora han tenido que volver", se lamenta Mariama Sall.

Esto demuestra que, como dice el síndic Rafael Ribó, las medidas de prevención y contención que se están tomando no son suficientes ahora y no lo fueron durante la pandemia. "Damos un grito de alerta profundo, porque nuestro estado del bienestar falla estructuralmente. Si bien la sanidad y la educación están relativamente cubiertos, los Servicios Sociales, que son un servicio esencial, fallan estrepitosamente", espeta.

El papel del tercer sector

Durante los momentos más duros de la pandemia, los Servicios Sociales se consideraron servicios esenciales, pero durante un tiempo restringieron la atención presencial (ocasionando inconvenientes a personas afectadas por la brecha digital). Todo ello ocasionó dificultades e insuficiencia de recursos para atender a todas las personas que los necesitaban. Por eso, en un momento en el que se encontraban tan tensionados, el papel de las entidades del tercer sector fue indispensable. Bancos de alimentos, redes vecinales, atención desde ONGs o asociaciones ayudaron a paliar el choque. Gran parte de esta ayuda estaba gestionada a través de la Mesa de Emergencia del Síndic de Greuges de Catalunya, donde estaban lo que Rafael Ribó llama "entidades de trinchera".

Estas iniciativas populares, aunque haya pasado lo peor de la pandemia, "siguen haciendo un trabajo ingente. Hay muchas personas que todavía acuden a ellas. Por eso, reclamamos un reconocimiento oficial por toda la labor realizada y la que realizarán", pide el Síndic. Desde consistorios como el de Barcelona también se suman al agradecimiento a estos movimientos. "El acompañamiento del tejido social es una de las riquezas de la ciudad y fue indispensable para los profesionales de Servicios Sociales, que tienen herramientas precarias, pero nunca dimiten de su función", reconoce Sonia Fuertes.

Este acompañamiento y solidaridad vecinal fue esencial en la pandemia y lo seguirá siendo, ya sea parando desahucios o bien acogiendo a las personas que vengan refugiadas de la guerra en Ucrania. Aunque todavía es temprano para conocer el impacto que tendrán las grandes bolsas de migración que se esperan, desde la Paeria opinan que no tensionarán más a los Servicios Sociales. Lleida es la provincia de España donde hay más ucranianos, gracias a la influencia de Guissona, donde uno de cada siete vecinos proviene de este país del este. "Las personas que vendrán, lo harán porque aquí tienen su red, que es un elemento indispensable para evitar el estancamiento de la pobreza en tiempos de crisis", asegura la concejala Mariama Sall.