Las recientes detenciones de María Sevilla, Patricia González y Ana María Bayo por incumplir el régimen de visitas de sus hijos con sus exparejas o por haber desaparecido con ellos sin dejar rastro han generado una catarata de informaciones en distintos medios de comunicación con un elemento común: la utilización de fuentes oficiales o fuentes policiales sin especificar.

Casi todas apuntan, además, a la coincidencia de que las detenidas estuvieron en uno u otro momento relacionadas con la organización sin ánimo de lucro Infancia Libre y que esta organización está siendo investigada por constituir una supuesta "trama criminal". Se ha afirmado por diversos medios que la organización utilizaba un mismo modus operandi y que la Policía trabaja para unir todos los casos en una única causa criminal, basada en un supuesto patrón utilizado por Infancia Libre: la interposición de denuncias falsas contra los padres de los menores.

Se da la circunstancia de que las detenidas son tres de las cuatro mujeres que aparecen en una fotografía junto a algunas representantes de Podemos tras una comparecencia en Congreso sobre la necesidad de poner en marcha un ley contra los abusos a menores.

Otra de las coincidencias que se apuntan para justificar la trama es que todas las detenidas comparten, por un lado, abogada, y por otro, el psiquiatra que ha evaluado a sus hijos por ser posibles víctimas de abusos sexuales.

Hasta aquí las supuestas coincidencias.

A continuación, Público desgrana las principales preguntas acerca del caso y, sobre todo, las respuestas, fruto de la investigación realizada por este medio desde que se conoció la primera detención.

¿Se investiga a Infancia Libre como asociación criminal?

No. Este diario ha recabado información de diversas fuentes e instituciones al respecto. La mayoría aseguran tener conocimiento de estas afirmaciones por lo publicado en los medios de comunicación y todas coinciden en desconocer quién pueda estar filtrando esos datos de manera equívoca.

Fuentes del Consejo General de Poder Judicial afirman a Público no tener constancia de que se esté investigando esta trama y explican que es ilegal reunir casos distintos repartidos por distintos juzgados y relativos a personas diferentes bajo una misma misma investigación general.

En el Ministerio de Interior tampoco tienen constancia de estos hechos y se limitan a explicar que estos casos dependen de la Policía o de la unidad de la misma adscrita a los juzgados.

Por su parte, Pedro Agudo, jefe de la Unidad Policial Adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) y responsable de las investigaciones y las detenciones de las tres mujeres, afirma a Público que no existe una investigación abierta sobre Infancia Libre hasta el momento y que lo que se investigan son "los casos concretos".

¿Pueden los distintos casos formar una causa criminal?

No. La Constitución Española prohíbe que se abran causas generales y así lo reconocen las fuentes consultadas del Consejo General del Poder Judicial: "Estamos ante causas individuales que fueron denunciadas por distintas personas en juzgados diferentes, en distintos años y que tienen características distintas". 

"Una madre puede llevarse a un niño, desescolarizarlo, cumplir o no con el régimen de visitas, utilizar los psicólogos o pediatras que considere oportuno... pero si comete un delito, lo comete ella", afirman. Según estas fuentes, si el psicólogo o profesional que la avala fuera investigado, lo sería por ese caso en concreto, y cada caso es independiente porque cada mujer comete un delito individual, explican.

Agudo coincide: "No se pueden unir los casos". Desde el punto de vista procesal "lo que hay que plantear es una nueva causa, porque no puedes judicializar en una causa única muchas causas que están en juzgados distintos". 

¿El hecho de que las detenidas compartan profesionales demuestra que hay una trama delictiva?

Se da la circunstancia de que las tres detenidas están representadas por la misma abogada y utilizaron los servicios del mismo neuropsiquiatra, Antonio Escudero, un profesional de reconocido prestigio en temas de violencia en la infancia y que trabaja en la sanidad pública. En todos los casos, la consulta con un especialista en psiquiatría fue solicitada por los pediatras de la Seguridad Social de los menores o por el juzgado en el que tenía lugar el proceso penal por posibles abusos sexuales cometidos hacia ellos.

Las informaciones publicadas en diversos medios en las últimas semanas apuntan a la mala praxis de estos y otros profesionales, relacionándolos con una trama delictiva de denuncias falsas. Las tres detenidas utilizan los servicios de la misma abogada, Carmen Simón, pero ella no ha interpuesto ninguna de las denuncias por abusos sexuales presentadas por sus representadas. De hecho, tal y como explica esta profesional a Público, ella nunca ha interpuesto denuncias por abusos sexuales a lo largo de su carrera. Su relación con las tres detenidas se inició años después de que ellas iniciaran su proceso penal y cuando ya las denuncias por abusos sexuales estaban sobreseídas provisionalmente por falta de pruebas, afirma a este diario.

No todos los profesionales eran comunes. El hijo de María Sevilla, por ejemplo, fue explorado a lo largo de los años por otros dos psiquiatras que en sendos informes acreditaron un posible abuso sexual continuado. Ninguna de las tres compartían pediatra.

¿Tiene Infancia Libre profesionales en su organización?

No. La organización no tenía una estructura, ni disponía de profesionales que trabajaran para ella. Ni la abogada, ni el psiquiatra, ni ningún profesional tenía ninguna relación con la organización. De hecho, todos los profesionales que durante la última semana han sido señalados por diversos medios de comunicación como integrantes de esta supuesta trama delictiva, trabajan en la sanidad pública. 

¿Por qué se las detiene en cadena?

Las tres detenciones tienen lugar en un corto espacio de tiempo, en apenas dos meses, y desde el inicio a todas se las identifica como integrantes de Infancia Libre, una organización que no tenía miembros ni socias y cuyo principal fin era el lobby político para la puesta en marcha de una legislación de protección de la infancia. 

Tal como ha relatado a diversos medios de comunicación Pedro Agudo, jefe de la unidad policial adscrito al Juzgado, a María Sevilla (presidenta de la asociación y primera detenida) la vigilaron durante tres meses antes de proceder a su detención, el pasado 30 de marzo. Su orden de detención había sido dictada el 18 de septiembre de 2018 por un juzgado de Madrid capital, seis meses antes de que la Policía la trasladara a comisaría.

En el caso de Ana María Bayo, última de las detenidas, la orden del detención procede de otro juzgado y tiene fecha del 2 de octubre de 2018; es decir, está fechada casi ocho meses antes de su detención, el pasado 21 de mayo en el aparcamiento del Hospital de La Paz (Madrid), donde trabaja como enfermera.

¿Existe una trama de denuncias falsas?

No. Ninguna de las mujeres detenidas –ni las otras cinco o siete que, según distintos medios, estaría investigando adicionalmente la Policía adscrita a los juzgados– lo han sido por denuncias falsas. La interposición de denuncias falsas es un delito en sí mismo.

Las investigaciones sobre todas ellas se abren por su incumplimiento de los regímenes de visitas de sus hijos con sus padres o por la imposibilidad de hacerles entrega de las notificaciones judiciales por no conocerse su paradero, pero en ningún caso por denunciar falsamente.

En dos de los casos (el de María Sevilla y Patricia González, primera y segunda detenidas, respectivamente), las denuncias que interpusieron por abuso sexual contra los padres de sus hijos se sobreseyeron por falta de pruebas, lo que significa que pueden reabrirse si se aportan nuevas evidencias.

En el caso de la tercera detenida, Ana María Bayo, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia el pasado abril contra su expareja por malos tratos hacia su hija, condenándolo a tres meses de cárcel y a un año y tres meses de alejamiento de la menor, aunque la sentencia no es firme y cabe recurso. Sin embargo, en el mismo juicio el tribunal decidió absolverlo del delito de abuso sexual primando la presunción de inocencia por "albergar dudas razonables sobre lo ocurrido", reza la sentencia. Esta sentencia también puede ser recurrida.

¿Cuántos casos están ligados a Infancia Libre?

Esta pregunta es engañosa. Según lo publicado en los últimos días por diversos medios de comunicación, la Policía Judicial podría estar investigando otros cinco o siete casos vinculados a Infancia Libre. Agudo, sin embargo, no confirma a Público estos datos y asegura que no se está investigando una trama. En cualquier caso, la organización Infancia Libre podría haber tenido constancia de más de 180 casos de supuestos abusos sexuales a menores. Según las informaciones publicadas en diversos medios, esos diez casos lo serían por denuncias falsas, pero ninguna de las detenidas lo ha sido por ese concepto, ni se las ha acusado de ello. 

¿Es Infancia Libre una asociación vinculada a Podemos?

No. Infancia Libre es una de los cientos de asociaciones y organizaciones con las que Unidas Podemos ha tenido contacto para diversos temas. Algunas de las mujeres ligadas a la organización participaron como expertas en algunas comparecencia que Podemos organizó en el Congreso, en el Senado y en la Asamblea de Madrid.

La organización firmó un convenio de colaboración con Podemos en Granada para llevar a cabo una base de datos que pusiera luz sobre los casos de abuso sexual intrafamiliar que informara una posible ley de protección integral de los menores. Este convenio, sin embargo, no llegó a realizarse porque María Sevilla, la presidente de la organización, desapareció para no entregar a su hijo a su expareja. Desde Podemos afirman que esta organización es una de las tantas que la organización política consulta para temas diversos. 

¿Sigue operando Infancia Libre?

No. Infancia Libre no está en activo. 

¿Por qué las detenidas fueron puestas en libertad?

Las tres mujeres que fueron detenidas pasaron a disposición judicial y pocas horas después fueron puestas en libertad. En el caso de Ana María Bayo, el objetivo de la detención era la necesidad de personarse en el juzgado y aportar una forma de comunicación con ella, puesto que el juzgado afirma que no había podido dar con ella para entregarle las notificaciones e inquirir por qué se estaba incumpliendo el régimen de visitas.

En los casos de María Sevilla y Patricia González, una vez retirada la custodia de sus hijos y desapareciendo la posibilidad de reiteración del delito, quedaron en libertad a la espera de las decisiones judiciales posteriores.