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Soberanía alimentaria La pandemia abre la oportunidad de apostar por la alimentación como derecho y no como negocio

Distintas voces, desde el campesinado pequeño hasta las organizaciones agroecológicas, critican que sean las grandes distribuidoras las que se hayan visto reforzadas con las medidas adoptadas por parte del Gobierno hacia el campo. Ello responde a una estructura agroindustrial basada en la producción intensiva para la exportación, que conlleva una dependencia del mercado global y que pone en tela de juicio "la seguridad y soberanía alimentaria".

Un agricultor trabaja en un campo de Moradillo de Roa, Burgos. (Reuters/Sergio Pérez)
Un agricultor trabaja en un campo de Moradillo de Roa, Burgos. (Reuters/Sergio Pérez)

Núria Rius

Las largas colas en los supermercados días antes de que el Gobierno decretase el Estado de alarma eran el reflejo, entre otros, de un temor: quedarse sin comida en medio de una crisis sin precedentes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez salía el 10 de marzo a "tranquilizar a la población" asegurando el abastecimiento. Un mensaje al que se le sumaron voces como la de Joan Roig, presidente de Mercadona.

En este contexto de crisis se ha iluminado la "fragilidad del sistema alimentario español", dice la antropóloga, ingeniera técnica y activista ecofeminista, Yayo Herrero. "Necesitas bloquear la circulación para que no se expanda el virus y te das cuenta de que es imposible poder frenar la compra exterior porque tenemos una importantísima dependencia alimentaria", añade.

Yayo Herrero: "Dependemos de productos cultivados o producidos en lugares muy lejanos"

Según el último informe anual de comercio exterior agroalimentario, pesquero y forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, las exportaciones en el sector han crecido un 97,5% en los últimos 10 años y España es ya el cuarto exportador de la Unión Europea. Al mismo tiempo, han aumentado también las importaciones y el país ocupa hoy el sexto puesto dentro de la UE. "Dependemos de productos cultivados o producidos en lugares muy lejanos", comenta Herrero. Son los llamados alimentos kilométricos: aguacates de Chile, tomates de Marruecos o pimientos del piquillo de Perú. Ello forma un sistema agroindustrial poco resiliente, altamente contaminante y bajo el control de las grandes distribuidoras.

"Desde que estalló la crisis se ha ido a la gran distribución; o bien Mercadona o bien Telepizza son los que nos van a solucionar la papeleta", comenta el profesor de Ecología política y agricultor en el Valle del Jerte (Extremadura), Ángel Calle. "Es una salida neoliberal, porque para ellos van los recursos y la representación", asegura el académico, que añade que, por ahora, no han habido colapso y "no lo vamos a ver porque vamos a tener dinero a raudales para reestructurar la pequeña producción hacia la gran distribución", ya que la legislación se ha adaptado para que "dentro de este contexto de medidas las grandes superficies puedan llevar la voz cantante".

Por su parte, el ámbito agroecológico y la economía local han exigido más apoyo a la producción de pequeña escala y proximidad. El sector denuncia haber hecho aguas tras el cierre de ferias, mercados de abasto al aire libre, así como de los establecimientos de restauración. Además, varias organizaciones han criticado también la prohibición de acceder a la huerta de autoconsumo, señalando además el "libre albedrío entre comunidades".

"Es una paradoja que en estos momentos se fortalezcan las grandes superficies cuando hay todo un comercio de barrio que es más cercano"

"Tenemos diez personas que deciden qué sembramos, cómo lo hacemos y qué va a llegar a nuestras mesas y eso es incompatible con el derecho a la alimentación, que queda sustituido por el negocio de la comida", Calle resume así el punto al que ha llegado el sistema alimentario español y europeo. Yayo Herrero añade que tiene que ver también con el modelo económico actual, que "valora y razona no desde el punto de vista de la seguridad de las personas y del bienestar, sino que se habla de seguridad de los sectores en términos estrictamente monetarios".

Para Herrero, "es una paradoja que en estos momentos se fortalezcan las grandes superficies cuando en realidad hay todo un comercio de barrio que es más cercano, que es el de las Pymes o el comercio en circuitos cortos, que fijan mucha más población al territorio, mantienen empleo y que están basados en formas de producción local". Una producción local que, si bien no entiende de kilómetros, sí de "seguridad y soberanía alimentaria".

Más allá del acceso a los alimentos

"No habrá un derecho a la alimentación si la mayoría de las personas consideran que la alimentación ya es un derecho garantizado", señala Calle, quien remarca que el acceso a comida no garantiza para nada una nutrición saludable, lejos de la "comida chatarra". "El campo y la agroindustria en este momento no se sostiene si no hay un insumo de energía fósil", explica Herrero.

Ello deriva de la producción de agroquímicos, que para Ángel Calle "es absurdo porque subsanamos con más pesticidas, lo que termina provocando una ruptura con los ciclos vitales de la tierra". También se le suma el transporte largo, el cambio en los usos del suelo, así como su deterioro a través de grandes plantaciones de monocultivo, además de una industria cárnica intensiva, altamente contaminante, causando todo ello una crisis ecológica que, al mismo tiempo pone en riesgo la "seguridad alimentaria", como han señalado los últimos informes del IPCC.

"El sometimiento a los precios y a las lógicas que marcan las grandes multinacionales genera mucha inseguridad y precariedad para los pequeños agricultores"

Seguridad y soberanía alimentaria es también que los alimentos estén producidos en condiciones de dignidad desde el punto de vista laboral, apunta Herrero. Esto choca por completo con las condiciones de los jornaleros y jornaleras que estos días están recogiendo la fruta en Huelva, de los cuales 5.000 siguen estando en asentamientos. "En los niveles más bajos se generan unas condiciones de absoluta falta de derechos", denuncia la antropóloga. Además, "el sometimiento a los precios y a las lógicas que marcan las grandes multinacionales genera mucha inseguridad y precariedad para los pequeños agricultores", añade, que en gran parte del territorio han terminado abandonando el campo, recuerda Calle.

"Tenemos una necesidad imperiosa de relocalizar la producción agraria y producir alimentos que puedan ser distribuidos y comercializados en cercanías. Ello reduciría la dependencia y generaría un metabolismo económico más resiliente en un contexto no solo de emergencia por el coronavirus, sino de emergencia ecológica", defiende Herrero. Por su parte, Calle señala que "la compra de proximidad y de temporada, abarata", siempre y cuando, matiza, no haya un acopio en lo local. Los alimentos más próximos y de temporada pueden competir con industrias que necesitan una gran logística de distribución. "Un kilo de fruta que tenga que viajar a Perpiñán, ir a otro sitio y terminar en una central de Barcelona, encarece el precio".

Para ello, apunta a la agroecología como la forma de producir alimentos saludables, que sirva para generar seguridad y soberanía alimentaria en los lugares donde se produce. Una forma de producir que Naciones Unidas señala como la principal estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Hacía una salida que no deje nadie atrás

Que nadie quede atrás es uno de los grandes retos. Caminar hacia aquí es uno de los "puntos flacos enormes" y más "cuando hay iniciativas que plantean el consumo ecológico desde una perspectiva estrictamente mercantil", reflexiona Herrero. Para la antropóloga eso "genera mercados de productos saludables accesibles en función de la situación de clase o incluso del capital cultural, mientras que las mayorías sociales y sobre todo la gente más empobrecida sigue comiendo comida basura. Es considerar lo ecológico extremadamente clasista. Las familias no se pueden permitir pagar 4 euros por un kilo de patatas".

"La política pública es clave y debe incentivar la agroecología, penalizar formas de producción insostenibles y utilizar las ayudas para promover esa transformación"

Otra preocupación es la de la apropiación de la extrema derecha a estos discursos. "También escuchamos a Marine Le Pen hablar de relocalización y, al mismo tiempo, blindar las fronteras para mantener los niveles de vida de las personas", alerta Herrero, "son mensajes de corte ecofascista". Para la antropóloga es importante que el razonamiento no salga de un discurso autárquico sino de hablar de "autonomías interdependientes e intentar hacer que los consumos descansen con lo que hay en los propios territorios, para evitar una acumulación obscena e injusta de recursos naturales del sur global, desde el norte global".

"La política pública es clave y debe incentivar la agroecología, penalizar formas de producción insostenibles y utilizar las ayudas para promover esa transformación", comenta Yayo Herrero. Tanto ella como Calle señalan la necesidad, por ejemplo, de la compra pública de alimentos de proximidad, de origen extensivo y agroecológicos para abastecer hospitales, centros de mayores o comedores sociales. Calle critica que en este contexto de crisis solo Gobiernos como los de Canarias o las Islas Baleares hayan apostado por ello.

El presente, para Herrero, está en que proyectos a pequeña escala como Plataforma Rural se vuelvan realidades más estables y que al mismo tiempo articulen lazos con la ciudad y "eliminar falsas dicotomías ya que muchos de los proyectos nacen de la mano de cooperativas de consumo o redes de organización que permiten canales de distribución alternativos". Por su parte, Calle reconoce que "la dificultad real de este país es pasar de los archipiélagos agroecológicos a una meseta y construir plataformas localizadas que tengan capacidad de establecer y tener voz tanto a nivel estatal como europeo".

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