El acceso a la salud sexual y reproductiva y al aborto seguro y sin discriminaciones es un derecho humano y el único que tiene un marcado sesgo de género. Sin embargo, se trata de uno de los más perseguidos del mundo. A lo largo y ancho del planeta, las restricciones y prohibiciones obligan a millones de mujeres a arriesgar su salud e incluso sus vidas para practicarse un aborto en condiciones clandestinas e inseguras. 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo y el 61% de los embarazos no deseados (es decir, seis de cada diez) se interrumpen voluntariamente. Casi la mitad de los abortos provocados (el 45%) entre 2010 y 2014 "fueron peligrosos". De ellos, una tercera parte se produjeron en condiciones de "gran peligrosidad". 

En la mayoría de los países, pero más especialmente en los que se denominan en desarrollo, existen aún legislaciones muy restrictivas hacia la interrupción voluntaria del embarazo, o una prohibición total. 

A pesar de estas leyes, tal como llevan años resaltando diversos estudios y denunciando las organizaciones de defensa de los derechos humanos, el número de abortos no desciende. La imposición de barreras y de prohibiciones hacia el aborto nunca han tenido un efecto reductor del número de interrupciones del embarazo, sino al contrario, provocan un incremento de las prácticas inseguras y sin supervisión médica que llevan a un aumento de los problemas de salud en las mujeres o a su muerte.

"El aborto es el único servicio esencial de salud que está regulado por el código penal y por tanto criminalizado en la mayoría de los países y debería salir de allí, porque esto estigmatiza a las mujeres", explica a Público Ximena Casas, investigadora para la división de Mujeres en América Latina de la organización Human Rights Watch (HRW).

Abortar o no en muchos países del mundo es principalmente un problema económico y ensancha de forma la brecha de la desigualdad. Las mujeres con menos recursos y más vulnerables tienen un acceso muy restringido a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos y a los servicios de salud. Además, tal como explican diversas expertas y organismos internacionales de derechos humanos, las restricciones al aborto generan más marginación y estigmatización en las personas más vulnerables, incrementa la pobreza y marca sus vidas para siempre.  

Tal como resalta la OMS, a pesar de que se puede prevenir, el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Especialmente entre las mujeres más vulnerables. 

Cuando no hay acceso a interrumpir el embarazo, las mujeres recurren a cualquier método a su alcance, desde clavarse agujas de tejer o perchas en el útero, utilizar plantas o productos químicos que detengan el embarazo o acudir a personal no formado para que les realicen un aborto. 

Los riesgos asociados con estas prácticas son abortos incompletos, hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas o daños en el aparato reproductor. En muchos países las mujeres acaban en prisión acusadas de provocarse un aborto, aunque hayan tenido abortos espontáneos. 

Ciminalizar el aborto

Tal como explican diversas expertas, prohibir esta práctica a través de los códigos penales en lugar de regularlo en los procedimientos sanitarios tiene un alto coste para las mujeres en todo el mundo. Nuestro país no escapa a esta práctica. Si bien el aborto es libre hasta la semana 14 de embarazo y puede ser recomendado por causas médicas entre ese momento y la semana 22, más allá de ese plazo se considera ilegal. Los embarazos avanzados que supongan un riesgo para el feto o para la madre deben ser autorizados por un tribunal médico que, según denuncian algunas organizaciones, no tiene claramente regulada su composición ni sus atribuciones.

Existen numerosos casos en nuestro país de mujeres que, principalmente por malformaciones fetales, necesitan poder abortar más allá de la semana 22. En ocasiones esta intervención es denegada por el tribunal médico. La única solución que encuentran es salir al extranjero (a Bélgica, Holanda, Reino Unido e incluso Francia) para poder interrumpir el embarazo. Los profesionales que realicen estos abortos en España tienen pena de cárcel y retirada de la licencia para ejercer y las mujeres pueden ser multadas. 

"Se trata de una realidad durísima para estas mujeres que van solas, tienen que pagar los gastos y lidiar solas y sin apoyo con las consecuencias emocionales. En general estos son embarazos deseados", apunta a Público Silvia Aldavert, politóloga y coordinadora de Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya.

Las organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos exigen que la única penalización que debería mantenerse en el Código Penal debe ser la que penalice los abortos que se realicen en contra de la voluntad de la mujer. Canadá es el único país que no tiene el aborto incluido en el Código Penal y recientemente una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México decretó inconstitucional penalizar a las mujeres que aborten.

Menores a partir de 16 años

Otra de las penalizaciones que recoge la ley vigente en la actualidad, es la prohibición de que las menores a partir de los 16 años puedan acceder a una interrupción del embarazo sin autorización parental. La ley del PSOE de 2010 les permitía abortar sin dicha autorización en los casos en que ésta no era posible, pero el Partido Popular la eliminó de la norma en 2015. "Hemos visto cómo en España ha habido abortos clandestinos o no regulados por la ley por parte de las jóvenes de 16 y 17 años desde el 2015 y este hecho no se puede negar", advierte Aldavert. Lo habitual, explica esta experta, es que las menores hablen con sus progenitores sobre el tema y la mayoría de las que deciden abortar lo hacen con el conocimiento de sus tutores legales. "Pero en muchas ocasiones este consentimiento no es posible", afirma Aldavert. Entre otros, casos en los que haya existido abuso sexual intrafamiliar, en familias en las que los progenitores sean ultracatólicos u otras situaciones que impidan a la menor a partir de los 16 tomar su propia decisión. . 

"Prohibir el aborto a las menores de 16 y 17 años ha acabado en casos gravísimos, como el de la joven que arrojó el cuerpo de un bebé al río Besòs y que previamente había pedido ayuda al ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat para abortar", afirma Aldavert. "Es un fracaso de la sociedad. Se destrozan muchas vidas, incluidas las de ellas", añade.

La ley que ha elaborado el Ministerio de Igualdad y que enviará al Consejo de Ministros para iniciar su trámite de aprobación, prevé devolver a las jóvenes de 16 y 17 años la capacidad de decidir sobre el aborto sin dicha autorización, como ocurre en nuestro país con cualquier otro asunto médico, para los que la edad de decisión es a partir de los 16.

Otro grupo que tiene problemas para acceder al aborto son las mujeres sin tarjeta sanitaria o en situación administrativa irregular. Si bien no suelen acceder a abortos clandestinos o inseguros, sí se enfrentan a importantes barreras y buscan otras soluciones o acaban realizándolo en clínicas privadas que tienen que pagar por no tener acceso a la sanidad o creer que no tienen derecho a ella. "Abortar pagándolo de sus propios bolsillos supone hacer mucho más grande la brecha en la feminización de la pobreza. Las políticas públicas no se pueden hacer pensando en la moral o en discursos abstractos, sino que tienen que estar basadas en la realidad de las personas", explica Aldavert.

Tanto para esta experta como para las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, sacar el aborto del código penal es clave. Aldavert lamenta que en esta nueva ley que está proponiendo el Gobierno no se haya puesto sobre la mesa la necesidad de esta despenalización. "Es una de las reivindicaciones del movimiento feminista y de alguna manera vemos que ha sido una oportunidad perdida de haber despenalizado el aborto. Cualquier oportunidad habría que aprovecharla al máximo, porque estos derechos siempre están en riesgo de retroceso. Es un derecho siempre amenazado", concluye Aldavert.