España mantiene su posición firme contra la decisión de la Comisión Europea de catalogar el gas y las nucleares como fuentes de energías verdes. Así lo indican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica que consideran que la medida aprobada este miércoles por Bruselas "no envía señales adecuadas a la inversión en energía limpia", ya que se está otorgando "el mismo tratamiento al gas y las nucleares que a fuentes indiscutiblemente limpias, como la eólica o la solar".

Desde el gabinete de la vicepresidenta Teresa Ribera denuncian que esta medida, de ser respaldada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, lastrará el ritmo de descarbonización del continente y "distraerá" a los fondos e inversores que podrían movilizar sus recursos "en la dirección correcta, las tecnologías renovables". "España siempre ha abogado por una clasificación basada en la ciencia y la evidencia, útil y creíble", valoran desde el Ministerio.

El Gobierno, no en vano, descarta todavía elevar su disconformidad a los tribunales europeos. Una decisión que Austria, en la misma línea que España, sí parece haber tomado, pues su su ministra de Medio Ambiente, Leonore Gewessler, ha anunciado este miércoles que acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha acusado a Bruselas de plegarse a "los deseos del lobby nuclear". Desde España, guardan cautela y esperan a que la medida pase por el resto de organismos, ya que el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo disponen ahora de un periodo de seis meses para ratificar o no la propuesta de la Comisión Europea.

En las últimas semanas, Ribera se ha erigido como una de las voces más críticas de la UE en contra de la nueva taxonomía verde. "Ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario a las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales", dijo el pasado 21 de enero en una reunión con sus homólogos europeos. 

España se ha hecho fuerte en su decisión y, durante los últimos meses, ha contado con el apoyo de los ministros de Energía y Medio Ambiente de Luxemburgo, Austria, Irlanda, Países Bajos y Alemania. Este último mostró un cambio en su postura, a priori a favor de las nucleares, después de que se formase el nuevo Gobierno de coalición entre socialdemócratas y verdes. Por contra, ha sido Francia quien más ha presionado para que el nuevo reglamento viera la luz, pues el país galo es la mayor potencia en reactores nucleares de Europa y la segunda del mundo. A Macron le han apoyado férreamente Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

La decisión de Bruselas no sólo choca con los intereses España y sus aliados. La ciencia y los expertos que asesoran a la CE también han mostrado en repetidas ocasiones su oposición al cambio de paradigma. De hecho, el pasado 24 de enero, la Plataforma de la Unión Europea sobre Finanzas Verdes emitió un informe muy crítico en el que se cuestionaba la equiparación del gas y las nucleares con las energías renovables tradicionales. Este grupo de asesores aludía a las peligros ambientales y defendía que la nueva taxonomía verde lastraría el cumplimiento de los objetivos de neutralidad climática que la UE tiene fijados para mediados de siglo. 

El gas es un combustible fósil cuyo uso supone, de manera inevitable, la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, entre ellos el metano, causante del 25% del calentamiento del planeta. En al taxonomía verde todavía vigente, se cataloga como combustible de transición a todo aquel que emita 100 g de CO2 por KW/h de energía producido, lo que excluía de facto el uso del gas. Ahora, con la nueva propuesta que la Comisión Europea ha aprobado, esa cifra se eleva hasta 270 g de CO2 por KW/h. En cuanto a las energías nucleares, se trata de una tecnología poco rentable desde el punto de vista económico, con elevados sobrecostes en su construcción y con un tiempo de amortización elevado, ya que la construcción de nuevas plantas suele prolongarse entre 10 y 20 años. Décadas que van en contra de las prisas propias de una coyuntura de transición ecológica. Todo ello, se suma a los conocidos riesgos ligados a la difícil gestión y tratamiento de los residuos nucleares.

España ha valorado las propias recomendaciones científicas a la hora rechazar la nueva taxonomía, pero también ha advertido de los riesgos económicos que podría suponer equiparar el gas y las nucleares con las tecnologías limpias tradicionales (eólica o solar). Desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica señalan al posible freno de las inversiones hacia las renovables, ya que esta categoría "verde" sirve, en parte, para que las empresas movilicen su capital hacia estas fuentes de energía y puedan disfrutar del apoyo y las ayudas fiscales de Bruselas. Ahora la eólica y la solar deberán competir con estás dos tecnologías a la hora de recibir financiación.

Además, el caso del gas supone alargar la dependencia de Europa del exterior, ya que se trata de un combustible que en su mayoría viene al viejo continente importado desde Argelia, EEUU o Rusia, entre otros. Esta realidad es, en parte, una de las múltiples causas que explican la volatilidad del mercado energético europeo del último año y el alza de precios.