Un juez ha procesado a una "madame" y otras dos personas por obligar a prostituirse a dos menores nigerianas en el polígono Marconi de Madrid y forzar a una de ellas a tener un aborto ilegal con la documentación de otra mujer, que meses antes ya había abortado en el mismo centro.

Así, los delitos por los que las tres personas han sido procesadas son inducción al aborto involuntario, trata de seres humanos, explotación de la prostitución y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El magistrado asegura que la "madame", valiéndose de terceras personas, dirigió, financió y coordinó el traslado de dos menores desde Nigeria a España el 4 de junio de 2016 con pasaportes falsos. Una vez llegadas a Madrid, la procesada las alojó en su piso y las obligó a ejercer la prostitución en el polígono para satisfacer la deuda de 25.000 euros que contrajeron las dos jóvenes por los traslados, alojamiento y manutención con la "madame", quien controlaba siempre sus entradas y salidas del domicilio.

Además, se prevalía de las creencias que ambas tenían en la magia vudú para advertirles de las desgracias que les ocurrirían en caso de no obedecerla e incluso, a veces, agredía a una de ellas al no cumplir estrictamente sus instrucciones. Precisamente esta última se quedó embarazada y le ordenó que abortara en contra de su voluntad, una operación que se realizó en una clínica de Madrid.

Otro de los procesados, se encargó de tramitar las peticiones de asilo de las chicas y de enviar dinero a Gambia, Marruecos e Italia para sufragar los gastos de las dos jóvenes en su viaje de Nigeria a España.

Esta persona fue la que acompañó a la joven embarazada a la clínica el 23 de diciembre del mismo año para abortar, siguiendo instrucciones de la procesada, un acto para el que se valió de la documentación de otra chica.

Estos hechos han supuesto la apertura de una pieza separada, que, sin embargo, ha sido archivada por el juez, y que investiga a cinco trabajadores de la clínica por supuestamente practicar un aborto ilegal a la menor nigeriana y víctima de trata. El juez considera como "negligente" el comportamiento de la clínica pues la mujer presentó una "identidad falsa", pero asegura que "esta falta de diligencia" no tiene relevancia penal.