Ocho de cada diez españoles estarían dispuestos a vacunarse de inmediato, un dato que parece no poner en duda la voluntad de la población para inmunizarse contra el coronavirus. Sin embargo, la reforma de la Ley de Salud gallega aprobada este martes, que permite sancionar con multas de entre 1.000 y 600.000 euros a las personas que se nieguen injustificadamente a vacunarse contra la covid, ha agitado este debate.

Así, la reforma abre la puerta a aplicar limitaciones en lo tocante a movilidad entre territorios, aislamientos forzosos, cuarentenas e incluso una vacunación obligatoria llegado el caso. Una ley que cuenta con el rechazo de los grupos de la oposición (BNG y PSOE) y con el del Gobierno central, que desde hace un tiempo defiende la voluntariedad de las vacunas y reconoce que esta norma podría suponer una limitación de derechos fundamentales.

La iniciativa del Ejecutivo gallego puede enfrentarse a varios impedimentos si se considera desde alguna instancia nacional que contradice la legislación del país o va en contra de estos derechos.

Entonces, ¿puede hacerse la vacuna obligatoria en España? ¿está amparado legalmente que las comunidades tomen esta decisión? Las dudas y la polémica judicial comienzan a escucharse cada vez más. 

Afecta al derecho de libertad personal e integridad física 

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Ruiz Miguel, la medida no tiene un encaje legal "porque afecta a un derecho fundamental de libertad personal e incluso a la integridad física, recogida en el artículo 15 de la Constitución".

Además, añade, que sólo puede limitarse mediante una ley orgánica dictada por las Cortes Generales, nunca por un Parlamento autonómico. "Las comunidades autónomas pueden aplicar disposiciones dentro de esa ley orgánica pero no pueden crear la norma habilitante", comenta Ruiz Miguel.

Desde un punto de vista material, si esta ley la hicieran las Cortes Generales "también sería contrario al artículo 17 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad".

"Además, debe interpretarse de acuerdo con los convenios internacionales de los derechos humanos ratificados por España a las aplicaciones de la biología y medicina. Este convenio establece que una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá realizarse después de que la persona afectada haya dado su libre consentimiento", valora el profesor.

Choca con la decisión gubernamental

La legislación protege el derecho de la ciudadanía a elegir. Y, hasta ahora, el Gobierno mantiene la postura voluntaria de la vacunación y apela a la responsabilidad de la población. Si el Ejecutivo cambiara de postura, tendría que recoger dicha obligatoriedad en una ley.

Para algunos juristas, después de esto se van a abrir otros interrogantes con los que no han contado y abogan por que la decisión vaya de la mano de la mano de lo que se diga a nivel nacional.

En este sentido, el abogado penalista, Carlos Vila Calvo, destaca que España no ha actualizado su marco legislativo para poder luchar con eficacia contra la enfermedad. "Lo ideal sería de que quedara expuesto de forma clara en el sentido de que sea una decisión del Parlamento del Estado y no de cada autonomía. Se podía haber adaptado el estado alarma o una ley sobre la seguridad pública con respecto a esta pandemia".

La ley gallega supone para la secretaria de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Galicia, Emilia Lamas, la imposición de una obligatoriedad encubierta. Desde la comisión apoyan que sea legislado de otra manera, con un debate social previo y esperan que se impugne esta ley que "deja abierta la puerta a interpretaciones posteriores peligrosas".

"La gente quiere vacunarse más que las dosis que llegan, ese es el problema. Se debería informar y no multar con sanciones desorbitadas", sentencia Lamas.

"Un dilema bastante complicado"

Para el abogado de la asociación de Defensor del Paciente, Carlos Sardinero es un "dilema bastante complicado porque por un lado se trata de respetar la libertad y por otro optar por la seguridad, pero se tiene que hacer de una forma proporcionada".

Sardinero explica que hay precedentes de decisiones judiciales en los que se ha obligado a personas a vacunarse a nivel autonómico. Tras un brote de sarampión en Granada en el año 2010, un juez ordenó la vacunación forzosa de 35 niños contra el sarampión.

Sin embargo, a nivel internacional admite que la mayoría de los países han optado por la voluntariedad en la vacuna. "Ni siquiera en EEUU se impone una sanción o la obligatoriedad de vacunarse, lo hacen mejor que aquí porque te exigen la cartilla de vacunación para darte de alta en un instituto, en un colegio o universidad, en cuanto a centro público. Esa es una forma de obligarte a vacunar, pero sin sanción, la sanción te la pones tú mismo porque no accedes", explica el magistrado.

Sardinero destaca, que en esta situación es excepcional, "lo idóneo hubiera sido crear una ley común de Emergencias Sanitarias" para resolver las cuestiones que no quedan bien resueltas.