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Una vida sin carbón, ¿una transición justa?

El cierre de las centrales de carbón abre un debate sobre cómo hacer que la lucha contra el clima no se convierta en un lastre para las clases trabajadoras. 

Vista de la central térmica de La Robla (León), una de las siete plantas de carbón que han cerrado esta semana. EFE/J. Casares
Vista de la central térmica de La Robla (León), una de las siete plantas de carbón que han cerrado esta semana. EFE/J. Casares

Alejandro tena

España dice adiós al carbón. La crisis climática urge a cambiar el modelo energético del Estado y poco a poco se van dando pasos. A inicios de 2019 eran las minas, símbolo de la clase obrera, las que se clausuraban y ahora, un año después, se ha anunciado el cierre de siete de las más importantes centrales térmicas destinadas a la quema de este mineral. Es, a priori, una buena noticia para los pulmones del planeta, pero también una abrumadora e incierta realidad para miles de personas y comarcas que vivían del sector.

León, Teruel, Palencia, Asturias, A Coruña y Córdoba son los lugares afectados por la clausura de estas siete centrales, que han dejado de funcionar después de que terminase el mecanismo de excepción recogido en la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea. En total, el cese afecta a cerca de 1.100 trabajadores que, en algunos casos, serán trasladados a otros lugares. Sin embargo, el debate se cierne de nuevo sobre esa encrucijada difícil de transitar hacia un mundo nuevo sin dejar vidas y empleos detrás; eso que el ecologismo denomina justicia climática. 

"El desmantelamiento nos deja entre uno y tres años de margen para seguir negociando cómo se puede absorber al personal perdido"

Jesús Crespo, responsable del sector minero-eléctrico de Comisiones Obreras (CCOO), señala que no solo se deteriora el empleo, sino también las capacidades económicas comarcas y ayuntamientos que se han articulado desde hace décadas en torno a estas centrales térmicas. "Estamos expectantes para ver que incidencia tiene esto en el desempleo. Ahora se plantea reenfocar la industria hacia las renovables, pero eso da mucho trabajo en el momento de desmantelar y construir nuevos proyectos. Luego, para el mantenimiento, no se requiere de tanta mano de obra", arguye el sindicalista.

El fin de la actividad –que se debe primordialmente a que el sector libera una media anual de 36 millones de toneladas de CO2, según Greenpeace– deja abierto un resquicio temporal para que la lucha sindical y ecologista se rearme, en busca de una salida digna para las comarcas carboneras. "El desmantelamiento nos deja entre uno y tres años de margen para seguir negociando en qué se va invertir ahora y cómo se puede absorber al personal perdido", advierte Crespo, que no cuestiona la necesidad climática de cambiar el modelo energético del país. 

Y es que la situación del sector se plantea en torno a dos fases. Por un lado, la etapa actual, ligada al desmantelamiento y en la que muchos de los empleos actuales podrán reconducirse. Por último, según el Acuerdo para una Transición Justa, un proceso participativo y de consulta en el que se diagnostiquen las problemáticas socioeconómicas del cambio de modelo y se identifiquen hacia dónde van a ir esas posibles inversiones y actuaciones económicas, que deberán ir orientadas a mantener el empleo en las zonas afectadas. En cualquier caso, la salida final apunta a las renovables como motor económico.

Carlota Ruiz-Bautista, portavoz del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) recalca que "todos estos cierres deben ir necesariamente acompañados del desarrollo y aplicación de medidas de transición justa para los trabajadores y comarcas afectada", de modo que se garantice el mantenimiento del empleo mediante el "despliegue" de energías renovables. Se trata de un proceso difícil que debe ir, según la abogada medioambientalista, de diálogo social entre sindicatos, Gobierno y empresas.

La experta del IIDMA, recalca además, que "el derecho es un instrumento imprescindible" para que la transición verde se haga efectiva. En España, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética –todavía en anteproyecto–, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa se presentan como los tres pilares para avanzar hacia la descarbonización, que, en principio incluyen criterios de justicia social y de creación de empleos.

"Las soluciones que se plantean no se encaminan a transformar el tejido económico de las zonas afectadas, sino a sustituir el monocultivo del carbón por el de las renovables"

Sin embargo, para Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción, el problema tiene que ver con que las soluciones que se plantean no se encaminan a transformar el tejido económico de las zonas afectadas, sino a sustituir "el monocultivo del carbón por el de las renovables". A su juicio, este planteamiento no permite diversificar la economía de los pequeños pueblos y comarcas que dependen del sector energético desde hace décadas. 

"Las renovables están condicionadas por las posibilidades que hay en cada territorio. Es determinante apostar por otras cuestiones como la posibilidad de regenerar los ecosistemas, gestionar los montes, rescatar labores tradicionales que se han perdido en la zona por el dominio del sector energético, además de nutrir de servicios a todos esos pequeños pueblos y comarcas. Los trabajos de cuidados y la asistencia son cruciales en estos entornes", comenta Andaluz, para criticar que los planes de transición no están focalizados a resolver otros retos como el de la despoblación rural.

"Cuanta mayor participación y apoyo de la Administración, mejor preparados estaremos para salir adelante"

Crespo habla del papel del Estado, que debe ser crucial para respaldar los derechos de las clases trabajadoras que desde décadas han vivido del carbón. "Con una participación pública en estos nuevos negocios que se generen, aunque sea de forma temporal, se puede tener una visión diferente desde dentro de la empresa y capacidad de maniobrar. No se trata de dar dinero sin ton ni son a las empresas, sino ayudas condicionadas al compromiso verde y al empleo", analiza. "Cuanta mayor participación y apoyo de la Administración, mejor preparados estaremos para salir adelante".

Andaluz, por su parte, incide en "la falta de planificación clara", ya que muchos de estos territorios no van a poder vivir "al completo" de las renovables. "Hace falta replantear el tejido productivo", recuerda, para criticar que la salida sea apostar por "macroproyectos verdes" que sólo "favorecen a las grandes propietarias".  Y es que, planes como la instalaciones de gigantes huertos solares podrían dinamitar las posibilidades que el autoconsumo o las iniciativas cooperativas tienen a la hora de penetrar en estos entornos afectados por el cierre de las térmicas.

El futuro, no en vano, es incierto. Es ahora cuando los actores sociales deben afrontar el reto de una descarbonización que ponga la vida y el empleo en el centro. 

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