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Violencia sexual Varias organizaciones firman un manifiesto para pedir el indulto de la expresidenta de Infancia Libre

El escrito, suscrito por más de una treintena de plataformas feministas, pide al Gobierno que acabe con la "desprotección" que viven muchas madres y sus hijos cuando denuncian abusos sexuales hacia los menores por parte de sus padres.

María Sevilla
María Sevilla a la salida del juicio que la juzgaba por sustracción de menores / Público- Marisa Kohan.

Más de treinta organizaciones feministas y de defensa de los derechos de los menores han suscrito esta semana un manifiesto de apoyo a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre. El documento pide al Gobierno que "haga todo lo posible" para concederle el indulto y acabar con la desprotección que viven muchas madres y sus hijos en el sistema de justicia cuando denuncian abusos sexuales hacia sus hijos e hijas por parte de sus padres.

"Existe una realidad que no se quiere mirar, un tabú social que se produce en el interior de las familias y que se llama incesto", arranca el manifiesto. Según datos del Consejo de Europa, uno de cada cinco niños y niñas sufren abuso sexual durante la infancia y el 85% de ellos se en el entorno familiar por parte de padres, tíos o abuelos.

Sin embargo, lo casos que llegan a denunciarse son irrisoriamente bajos y no superan el 15%, según reflejan algunos informes de organizaciones como Save the Children y de éstos el 70% no llegan a juicio y son archivadas en el proceso de instrucción por falta de pruebas o por no creer el testimonio del menor.

"Asumir que los varones abusan de sus hijos en una cifra muy alta no es algo que hasta ahora la sociedad esté dispuesta a mirar", afirman las organizaciones firmantes del manifiesto. 

Resaltan que, si el testimonio de las madres es sistemáticamente puesto en duda en los procesos judiciales, el de los niños y las niñas que verbalizan situaciones de abusos raramente es tenido en cuenta. La irrupción del Síndrome de Alienación Parental en los juzgados, que se presenta bajo diversas denominaciones (preocupación mórbida, instrumentalización, celos...) acaba por criminalizar a las madres y desprotege a los menores, que en muchas ocasiones acaban con un cambio de custodia en favor del progenitor denunciado por abusos.

La aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) no representa casos aislado o esporádicos en el sistema de justicia. A pesar de no haber sido reconocido como una patología por ninguna organización médica o psiquiátrica internacional y de que su uso es desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial en sus guías de actuación en casos de violencia machista y por diversas organizaciones profesionales de nuestro país, su aplicación bajo diversos seudónimos se cuela de forma habitual en el sistema de justicia

En unas recientes jornadas organizadas por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y el Instituto de la Mujer, en el que participó un amplio panel de expertas y expertos de diversas especialidades (juristas, fiscales, psicólogas clínicas, forenses...) coincidían en afirmar que el uso de este falso síndrome se ha generalizado en la justicia de nuestro país. No se trata de casos aislados, sino de una utilización sin restricciones, afirmaron diversos ponentes.

Para la abogada y responsable de la Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, María Martín González, que participó como ponente en dichas jornadas, "el SAP tiene una dimensión enorme en los juzgados de familia. Estamos, por decirlo así, antes de Ana Orantes en violencia sexual. Este supuesto síndrome es una coacción legal a las mujeres a las que se lo aplican, pero también a las que no se lo aplican, porque van avisadas".

"El incesto está siendo ocultado y sistemáticamente ignorado. Pero hay madres que deciden proteger de semejante locura a sus hijos. El hijo de María Sevilla tiene 34 informes públicos que recogen abuso o indicadores altamente sospechosos de abuso. Su hijo repitió hasta la saciedad que no quería tener contacto con su abusador, ella le creyó y trató de proteger, al igual que un gran número de profesionales. Por esta decisión se enfrenta a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel y, aun peor, a la pérdida de cuatro años de la patria potestad", afirma el manifiesto hecho público este martes.

"A los niños y niñas se les hace pasar por una tortura judicial de la que siempre es responsable la madre, que al final se encuentra en un callejón sin salida: si denuncia porque denuncia, si denuncian profesionales, aún siendo de los servicios públicos, se argumenta que la madre los ha manipulado... Siempre que una madre lucha por demostrar la realidad de un incesto es considerada una 'malvada' o una 'bruja' que pretende limitar los derechos del padre, no se contempla la posibilidad de que sea una madre que busque proteger a su criatura frente a un agresor sexual. Esta madre se enfrenta a un infierno viendo desprotegido a su hij@, haciendo frente a facturas desorbitadas de abogados, peritos, procuradores... en el caso de que tenga dinero para poder pagar estos procesos judiciales", afirman las organizaciones en el manifiesto dirigido al Gobierno.

Infancia Libre, un caso ejemplarizante

El caso de infancia libre comenzó con la detención de María Sevilla, a la que sucedieron en cascada otras tres y acabó con un informe elaborado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a los juzgados. Dicho documento intentaba demostrar que la organización era en realidad una trama criminal para interponer denuncias falsas y arrebatar custodias a los padres falsamente acusados de abusos sexuales. Sin embargo el Ministerio Fiscal acabó archivándolo por no encontrar ningún indicio de que existieran denuncias falsas ni que la organización tuviera fines delictivos. 

​María Sevilla fue condenada el pasado 20 de octubre a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores y a la retirada de cuatro años de la patria potestad. Desde 2017 hasta finales de marzo del año pasado en que la policía judicial irrumpió en su domicilio a las afueras de Cuenca, había permanecido en paradero desconocido. Su intención, afirma desde el inicio, era proteger a su hijo (que en el momento de la detención tenía once años) de un padre al que había denunciado por abusos sexuales hacia el menor. La justicia, sin embargo le retiró a la madre la custodia y se la dio al padre a finales de 2017.

 Durante el juicio, tres de los agentes de la Policía Judicial que intervinieron en la la detención de Sevilla y que declararon como testigos, entraron en contradicción. Si bien dos de ellos (incluido el jefe del operativo) ratificaron el informe policial que afirmaba que encontraron al hijo mayor de Sevilla y a su hija menor (fruto su actual pareja) "pálidos" y "olisqueando al aire", "emitiendo sonidos guturales" como un animal, una tercera agente afirmó que no vio nada extraño en los menores ni en la casa.

En dicho juicio, el jefe del operativo que detuvo a Sevilla esa madrugada, también afirmó que durante varios días vigilaron a la familia desde casas de vecinos e incluso utilizaron "aparatos técnicos" para vigilar el interior de la estancia, actuaciones para las que no tenían permiso judicial. Debido a estas "irregularidades", la defensa de Sevilla ha pedido en su recurso, la nulidad de todas las actuaciones desde el momento de la detención.

Hasta que no haya sentencia firme, no se podrá pedir formalmente un indulto, pero las organizaciones llaman la atención sobre esta desprotección de mujeres y menores en los procesos judiciales. Entre las organizaciones firmantes del manifiesto figuran la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, Forum de Política Feminista, Forum Feminista de Madrid, Custodia en Positivo, Organizaciones de Mujeres de la Conferencia Intersindical o el sector de Justicia de Comisiones Obreras (Secretaría de la Mujer), entre otras.​

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