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Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBi. Título largo, como la polémica que la envuelve. "No es una ley sólo para las personas trans, es una ley que va a mejorar la calidad democrática de nuestro país", dice Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Nacional Trans. Pero, igualdad por bandera, entre los colectivos feministas no hay unanimidad. De una parte, apoyo total, con la ministra Irene Montero a la cabeza. "Para que todo el mundo pueda ser quien es y desarrollar sus proyectos de vida con libertad", explicaba en junio al presentarla tras el Consejo de Ministros. De la otra, rechazo frontal. "No estamos en contra de los derechos de las personas transexuales, en absoluto. Aquí hay problemas de seguridad jurídica y problemas científicos que se pueden solucionar con un mínimo de voluntad", apunta la jurista de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Tasia Aránguez. A su juicio, transiciones precipitadas al margen, se desvirtúa la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres. La clave, que se sustituye el concepto sexo por identidad de género y que un varón puede ser mujer sólo por decirlo. Autodeterminación que, no obstante, Andalucía o Madrid, entre otras autonomías, ya reconocen. "Andalucía es la más antigua, lleva 8 años. Y aquí no ha pasado nada", subraya Cambrollé. Pero el ejemplo que ponen las detractoras como más claro es el deportivo, con mujeres en desventaja en la propia categoría femenina, o una oposición a policía o bombera, donde se exige menos marca. "¿Pensamos realmente que con el contexto de paro que tenemos no va a haber fraude si no hay ninguna manera de perseguirlo?", plantea Aránguez. La solución que aportan, que se cree un doble registro, dos categorías separadas: la de sexo y la de identidad de género, donde se puede reflejar la transexualidad con todas las garantías, sin restar derechos a las mujeres.