Durante una visita al estado de Morelos en octubre de 2022, a Andrés Manuel López Obrador le regalaron un lienzo en el que el presidente progresista aparecía junto a cuatro figuras ilustres de la historia de México: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Según el autor de la obra, la imagen representaba la Cuarta Transformación, el modelo de reformas económicas y sociales bautizado así por el mandatario para equipararlo con los tres periodos que marcaron el rumbo del país: la independencia, la reforma y la revolución. Su enorme popularidad garantiza la continuidad del proyecto con la probable victoria de su sucesora, Claudia Sheinbaum, en las elecciones del 2 de junio.

Carismático y mesiánico, López Obrador se ve a sí mismo, a sus 70 años, como el epígono moderno de los próceres de la patria. Con su forma pausada de hablar y su estilo didáctico, el dirigente tabasqueño es un corredor de fondo que ha logrado construir pacientemente una nueva hegemonía progresista en México. Sin demasiadas alharacas ni estridencias, se ha convertido en el streamer hispano-hablante con más seguidores y visualizaciones del mundo gracias, en parte, a su comparecencia diaria ante los medios de comunicación en el Palacio Nacional, las ya clásicas mañaneras.

No es fácil ubicar ideológicamente a López Obrador con los parámetros tradicionales de la ciencia política. Admirador de Salvador Allende y su vía pacífica al socialismo y defensor de las banderas de justicia social que enarbola la izquierda, está enfrentado, sin embargo, con los zapatistas de Chiapas, y desde el movimiento feminista lo miran con mucho recelo. El mandatario ha definido su proyecto como "humanismo mexicano". Se trata, en todo caso, de un ideario nacional-popular con fuerte raigambre en Latinoamérica.

Tras haber sido jefe de Gobierno de Ciudad de México (2000-2006) con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), AMLO, como se le conoce en México, fundó Morena (el Movimiento de Regeneración Nacional) en 2011, primero como organización civil y desde 2014, como partido. Para entonces ya había perdido dos elecciones presidenciales (en 2006, por un puñado de votos y con claros visos de fraude, y en 2012), pero se desquitó hace seis años con un triunfo arrollador (el 53% de los votos).

La Constitución mexicana concede seis años de mandato a cada presidente y, como contrapartida, impide su reelección. El carisma no se transfiere de forma automática pero el respaldo de un líder popular a su sucesor le adjudica un bonus nada despreciable de votos. Sin la confianza que depositó Lula da Silva en Dilma Rousseff, tal vez ésta nunca habría llegado al Palacio del Planalto en Brasil. Y Claudia Sheinbaum no estaría, según los sondeos, a más de veinte puntos de distancia de su rival, la conservadora Xóchitl Gálvez, de no contar con el aval de López Obrador.

Transformaciones sociales

Una encuesta realizada por CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) a finales del año pasado mostraba una alta aprobación de la gestión del Gobierno mexicano y una imagen positiva de López Obrador del 62%, un porcentaje que se ha mantenido a lo largo del sexenio. La Cuarta Transformación (4T) ha conllevado cambios significativos para la sociedad. López Obrador ha multiplicado casi por tres el salario mínimo, ha reducido la pobreza siete puntos porcentuales y ha generado más de dos millones de nuevos empleos formales. La buena marcha de la economía resta argumentos a las voces del neoliberalismo, con un crecimiento superior al 3% y una inversión extranjera directa que se ha disparado hasta los 9.000 millones de dólares.

Pero tal vez el mayor logro de López Obrador haya sido el combate a la corrupción en un país con una tradición de mala praxis institucional. Su predecesor, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), vive cómodamente instalado en España con un visado dorado concedido por sus inversiones en el sector inmobiliario mientras la Fiscalía General de la República mexicana lo investiga por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito. Y el anterior, Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), responsable de la denominada "guerra contra el narco" que causó decenas de miles de muertos, también reside en España bajo el paraguas protector de José María Aznar.

El capitalismo-desarrollista de López Obrador y su apuesta por dotar de más infraestructuras a México le ha llevado a impulsar algún que otro proyecto de tintes faraónicos. El más controvertido de todos ha sido el denominado Tren Maya que discurrirá por el estado de Yucatán y cuya construcción, según organizaciones defensoras del medio ambiente, está erosionando gravemente el ecosistema de la región.

La seguridad es el otro gran escollo a solventar para cualquier presidente mexicano desde que el narcotráfico se hizo fuerte allá por los años 80. Los cárteles de la droga continúan dejando su estela de muerte, pero López Obrador ha puesto fin a la estrategia belicista iniciada por Calderón en 2006. La mirada de AMLO al fenómeno de la delincuencia organizada es radicalmente opuesta a una mera represión policial y militar. Para evitar que los jóvenes caigan en las redes del narco, ha desplegado un amplio programa de ayudas al empleo juvenil y ha reforzado el número de becas para niños y adolescentes. Su lema lo dice todo: "Abrazos, no balazos". Una política que ha tenido como resultado la reducción de las tasas de homicidios, secuestros y robos, según datos oficiales.

Su condición de líder progresista, defensor de Cuba y de los gobiernos de izquierdas de América Latina, no ha sido óbice para que López Obrador haya mantenido un trato cordial con los dos presidentes estadounidenses con los que ha coincidido, Donald Trump y Joe Biden, pese a los vaivenes de Washington con respecto a la delicada cuestión migratoria. Más tirante ha sido su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. AMLO ha puesto esas relaciones "en pausa" hasta que no se atienda su petición de que la monarquía española pida disculpas a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante la conquista de México.

Sheinbaum y el futuro de Morena

Ante la hegemonía política de Morena, los partidos tradicionales (PRI, PRD y PAN) se han visto obligados a concurrir en coalición a las elecciones del 2 de junio. En los comicios de 2018 López Obrador le sacó más de 30 puntos de ventaja a su principal rival, el derechista Ricardo Anaya. Ahora, Xóchitl Gálvez se presenta como la principal candidata unitaria de la oposición, pero los sondeos le sitúan unos 20 puntos por debajo de Sheinbaum, exjefa del Gobierno de Ciudad de México (que contaría con un 55% de respaldo).

Gálvez ha tratado de disparar sus dardos verbales en los debates hacia el costado más débil de la candidata oficialista: su supuesta falta de empatía con el electorado. Puede que esa estrategia haya tenido algún impacto entre los indecisos, pero sería toda una sorpresa que la dirigente conservadora se impusiera en las urnas a una adversaria subida en la ola de la popularidad del mandatario. En cualquier caso, México vivirá un momento histórico al ver, por primera vez, a una mujer con el bastón de mando. El tercer candidato en discordia, Jorge Álvarez Yáinez, del Movimiento Ciudadano, no superaría el 10% de los votos.

Morena, que durante este sexenio ha controlado el Congreso y el Senado y gobierna en 22 de los 32 estados del país (incluida la populosa Ciudad de México), podría haber presentado a estas elecciones a cualquier candidato sin riesgo de perder el poder central. Su hegemonía, edificada en menos de una década, impresiona, pero el futuro es incierto para un movimiento sustentado en el liderazgo de López Obrador. El heterogéneo conglomerado de familias ideológicas que componen el partido tiene ante sí el reto de mantenerse a medio plazo como primera fuerza política sin la conducción del hombre que ha apadrinado un cambio de rumbo histórico en México.