Publicado: 02.04.2014 17:49 |Actualizado: 02.04.2014 17:49

Botella y Cifuentes se verán en privado para limar asperezas sobre las manifestaciones

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La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, mantendrán este miércoles una reunión de "carácter privado", tras las discrepancias protagonizadas por ambas la pasada semana en torno a la propuesta de la primera de modular las manifestaciones en el centro de Madrid.

La delegada del Gobierno ha confirmado que mantendrán este encuentro, del que no ha querido dar detalles ni hablar sobre el contenido del mismo.

Según otras fuentes conocedoras de la reunión, Botella y Cifuentes almorzarán juntas en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en el palacio de Cibeles.

El pasado miércoles, la alcaldesa de Madrid anunció, tras los incidentes posteriores a la manifestación del 22-M, que instaría a la Delegación del Gobierno y al ministerio del Interior a "modular" las protestas en el centro histórico de Madrid y el eje del Paseo de la Castellana por el daño que causan al comercio, al turismo y a los propios vecinos la reiteración de protestas.

Horas después, Cifuentes instó a la alcaldesa a formular su propuesta por el cauce debido y se quejó de la falta de apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid cuando ella misma, en 2012, pidió que se "modulara" el derecho de manifestación y de reunión.

El pleno municipal aprobó la iniciativa del PP para limitar las zonas donde manifestarse

Al día siguiente, Botella remitió una carta a Cifuentes para presentarle su propuesta en una reunión, tras aprobar el pleno municipal una iniciativa del PP para limitar la concentración de manifestaciones en zonas históricas protegidas y el eje de la Castellana.

Consultada hoy por su postura acerca de la petición de Botella, Cifuentes se ha remitido a la posición del Gobierno, expuesta tras el último Consejo de Ministros por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría afirmó que el Ejecutivo "no ha reclamado ninguna posición jurídica" al Ministerio del Interior ni al Ministerio de Justicia sobre esta cuestión y no está "trabajando en este sentido".