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Garzón denuncia la entrega a ultras del censo de víctimas

Pide al TS que archive el proceso abierto contra él por investigar el franquismo

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Para decidir si un juez ha prevaricado o no, habitualmente basta con estudiar las resoluciones que ha dictado y que han sido cuestionadas. El magistrado ha decidido tal cosa y la ley dice tal otra. Pero en el procedimiento abierto contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, para determinar si prevaricó al abrir la primera causa penal por los crímenes franquistas, se ha facilitado todo el sumario a las acusaciones de corte ultraderechista personadas, y con él, se les han entregado los datos personales de las víctimas del franquismo que intentaban buscar la Justicia que se les ha negado durante décadas.

Por eso las asociaciones de víctimas han montado en cólera y el propio Garzón ha presentado un duro escrito en el Alto Tribunal cuestionando la instrucción realizada por el magistrado Luciano Varela y volviendo a pedir el sobreseimiento de las actuaciones, 'por no ser los hechos objeto de la presente causa constitutivos de delito alguno'.

Cree que Manos Limpias sólo pretende su 'azote público'

Para el juez de la Audiencia Nacional, 'el resultado práctico de esta diligencia [la entrega del sumario], aparte de retrasar más el procedimiento, es que estas asociaciones de inocultado sesgo ultraderechista [Manos Limpias y Libertad e Identidad] han solicitado al Tribunal Supremo y han obtenido de éste (...) los datos personales de víctimas que comparecieron en el juzgado reclamando Justicia por los crímenes franquistas'.

El escrito presentado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, continúa diciendo que, 'sinceramente, para argumentar sobre la existencia de una prevaricación, no se nos ocurre qué les aportará a estas asociaciones identitarias el hecho de conocer esos datos privados'.

El juez se queja por 'el retardo injustificado' de la instrucción del caso

La única explicación que encuentra el letrado es 'el retardo injustificado que está sufriendo la presente causa'. El escrito denuncia que las acusaciones hacen un 'torticero uso de la acción popular', al solicitar pruebas 'estrafalarias', cuyo objetivo es convertirse 'en el azote público de Baltasar Garzón, un juez que ha dictado resoluciones que, sencillamente, a los querellantes no les han gustado', como ocurrió con el archivo de la denuncia presentada en 1998 por los crímenes de Paracuellos.

Pero lo que la defensa considera 'incomprensible no es tanto lo que hacen unas asociaciones como Manos Limpias o una asociación que desde su mismo nombre promueve la identidad racial de España', sino que el instructor 'secunde de forma tan acrítica' sus peticiones, 'en una variante de proceso inquisitorial'.

Entre las pruebas ordenadas por el juez Varela figuran varias relativas a las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pese a que Garzón no se ocupa de ellas. Al Juzgado Central de Instrucción número 2 le ha pedido testimonio de una denuncia presentada el 13 de diciembre de 2006, un día antes de que correspondiera a Garzón la primera por los crímenes franquistas. Lo sorprendente es que esa denuncia 'versa sobre la supuesta culpabilidad del Gobierno anterior de España en el 11-M'.

Por su parte, las víctimas han preguntado al presidente de la Sala Segunda del Supremo qué medidas ha adoptado para preservar el secreto de los datos facilitados.