El Gobierno español es partidario de limitar la utilización del velo integral islámico en los espacios públicos al considerar que atenta contra la dignidad del ser humano, según afirmó el martes el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Después de que la ciudad de Barcelona y otros dos municipios catalanes hayan decidido impedir el uso del burka y el nikab en las instalaciones municipales, la prohibición a nivel nacional podría de este modo estar contemplada en la ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno.

"Nosotros creemos que hay elementos en el burka que son difícilmente compatibles con la dignidad del ser humano y sobre todo con elementos fundamentales en los espacios públicos como es la identificación", dijo el titular de Justicia, en unas declaraciones difundidas por RNE.

Barcelona se convirtió el lunes en la primera gran ciudad española en tomar esta iniciativa, que afecta también a cualquier elemento que impida la identificación personal, como cascos o pasamontañas, y se aplicará en instalaciones como mercados, bibliotecas, o centros de servicios sociales.

La prohibición en la Ciudad Condal, que se hará efectiva después del verano y fue decidida tras la presentación de un informe de la Comisión Política de Inmigración, se hará mediante la firma de un decreto para la que aún no hay una fecha establecida, aunque fuentes municipales confirmaron a Reuters que será "pronto".

Las localidades catalanas de El Vendrell y Lleida ya tomaron esta misma decisión, una medida que previsiblemente alimentará el debate sobre esta cuestión y que se suma a una moción presentada por el Partido Popular para abordar en el Senado la prohibición del burka y el nikab en espacios públicos.

El uso de prendas que cubren el rostro ha generado un amplio debate en algunos países de Europa, siendo Bélgica y Francia naciones pioneras en legislar sobre el burka.

El Gobierno belga prohibió en abril el uso de esta prenda en lugares públicos, y Francia tiene previsto seguir sus pasos con el argumento de que es una indumentaria denigrante para la mujer, incluso aunque algunos expertos han advertido de que este tipo de prohibición podría violar la libertad religiosa.

En España hay 1,4 millones de musulmanes, según la Comisión Islámica. Recientemente se ha producido una polémica por el cambio de instituto de una adolescente que acudía a clases con el pañuelo islámico, al prohibirlo el reglamento del centro donde estudiaba previamente.