Greenpeace ha calificado hoy de "ridícula" la sanción de 15,39 millones de euros impuesta por el Ministerio de Industria a Endesa por la fuga de partículas radiactivas ocurrida en 2007 en la central nuclear de Ascó I (Tarragona) en 2007, y que no fue notificada hasta abril de 2008.

El total de la multa, que contempla cuatro infracciones graves y dos más leves, es la sanción más alta impuesta hasta ahora a una central nuclear española, por delante de los 1,6 millones de euros que abonó el titular de Vandellós II en 2006.

En declaraciones a Efe, el responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha criticado que el expediente sancionador fue un "paripé", ya que los niveles de radiactividad plasmados en el expediente son "muy inferiores" a los que realmente se alcanzaron.

Así, Bravo ha explicado que la radiactividad, en los meses siguientes a la fuga, era "mil veces superior" a la que finalmente registró el Consejo de Seguridad Nuclear, que "sólo inspeccionó la zona unas pocas semanas".

De haber evaluado los datos reales, el responsable de la organización ecologista ha señalado que las infracciones hubieran sido "muy graves, en lugar de graves y algunas leves", y la multa podría haberse situado entre los "150 y 250 millones de euros".

"Industria abrió el expediente con datos parciales e incompletos -ha afirmado-, por lo que la multa de 15,4 millones de euros, si además es recurrida, quedará en menos".

Además, ha lamentado que la sanción es "ridícula", en comparación al "dinero que la central ganó mientras siguió funcionando, aún sabiendo que había partículas en la zona", y ha recordado que "incluso se realizaron visitas con escolares".

Por ello, Bravo ha sentenciado que multas tan "nimias" provocan que "a Ascó y a cualquier compañía le salga más barato contaminar y violar la normativa que seguir la ley".