El Congreso de los Diputados rechazó el jueves la petición de devolución al Gobierno del proyecto de ley del Aborto con 183 votos en contra de las 5 enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, CC, UPyD, UPN y 8 diputados de CiU.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó esta ley como una norma "más segura y equilibrada" que avanza hacia la legislación del aborto seguida en otros países europeos y que "da respuesta a los problemas de la sociedad".

"Lo que proponemos es reformar una legislación cuyas carencias obligan a las mujeres a la humillación de alegar problemas psíquicos para interrumpir su embarazo, las somete a una inseguridad vejatoria y al temor permanente de que su historial clínico termine en un juzgado", afirmó la titular de Igualdad.

Sin embargo, para el PP, esta ley supone un paso más hacia el "aborto libre". La portavoz Sandra Moneo recordó la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid el pasado 17 de octubre, como muestra de que la sociedad se opone a los cambios que impulsa el Gobierno.

Uno de los puntos que más criticó el Grupo Popular fue la posibilidad de que las adolescentes a partir de 16 años puedan abortar sin comunicar la decisión a sus padres, hecho que, denunció Moneo, además de vulnerar el concepto de patria potestad, niega "el consejo, la confianza y el cariño de los padres".

Por su parte, Carlos Salvador, diputado de UPN, instó a la libertad de conciencia en el voto de los diputados pertenecientes a grupos cuya disciplina de partido marcaba el rechazo de las enmiendas a la totalidad, aunque sin éxito.

Una vez superado el primer escollo parlamentario, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que tras su tramitación, España tendrá una Ley del Aborto propia de una sociedad democrática "avanzada", y en la línea de las de los mejores países del mundo.

El proyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, liberaliza la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y ha abierto un intenso debate político y social, especialmente en lo referente a las menores de más de 16 años.

La ley de plazos que introduce la reforma establece la posibilidad de abortar hasta la semana número 22 si hay un alto riesgo para la vida o la salud de la madre o anomalías en el feto y sin límite médico con anomalías muy graves o incurables o cuando los especialistas lo consideren pertinente.